La falta de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) aprobada y en funcionamiento en Toledo ya tiene consecuencias económicas para las arcas municipales. El Ayuntamiento dejará de percibir una ayuda estatal de 728.000 euros destinada a financiar las bonificaciones del transporte público urbano al no cumplir uno de los requisitos exigidos por el Gobierno central: disponer de una ZBE operativa.
Esta cuestión ha sido abordada este lunes durante la Comisión de Hacienda, en la que se ha llevado a cabo la aprobación de una modificación de crédito de 2,16 millones de euros destinada, entre otras cuestiones, a reforzar la financiación del servicio de autobuses urbanos, llevada a cabo por la empresa Unauto.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Según ha explicado el Gobierno municipal, los 728.000 euros corresponden a las ayudas estatales para sufragar la bonificación del 40% de los títulos de transporte. El Real Decreto que regula estas subvenciones establece como condición que los municipios beneficiarios cuenten con una Zona de Bajas Emisiones aprobada y en funcionamiento.
La modificación presupuestaria responde a la necesidad de compensar la pérdida de una financiación que el Ayuntamiento preveía recibir para el transporte público. Al no percibir esos fondos, el Consistorio deberá asumir con recursos propios un gasto que, en otras circunstancias, habría sido cubierto parcialmente mediante ayudas estatales.
La operación incluye además cerca de 1,4 millones de euros correspondientes a la liquidación del contrato del transporte urbano por los kilómetros realizados durante el ejercicio anterior.
Un nuevo capítulo del bloqueo de la ZBE
La pérdida de esta ayuda vuelve a situar en el centro del debate político la Zona de Bajas Emisiones, cuya ordenanza fue rechazada en diciembre de 2024 tras no lograr el respaldo de Vox, socio de gobierno del Partido Popular.
Durante la comisión, el Gobierno municipal ha defendido que la falta de aprobación de la ordenanza está detrás de la pérdida de financiación para el transporte urbano. Posteriormente, en declaraciones a los medios, el portavoz del Ejecutivo local, Juan José Alcalde, ha asegurado que el rechazo de la ordenanza ya está teniendo un coste económico para la ciudad.
"Ya de momento nos ha costado 700 y pico mil euros, casi 800.000 euros, y va a seguir subiendo", ha afirmado. Alcalde ha defendido además que el Ayuntamiento está utilizando remanentes de tesorería para absorber el impacto económico de esta situación y evitar que repercuta en los usuarios del transporte público.
"Mientras que tenemos ahorros y tenemos dinero de todos los toledanos podemos seguir tirando de eso", ha señalado. El portavoz municipal ha responsabilizado de la situación a los grupos que votaron en contra de la ordenanza. "No quieren cumplir la ley", sostuvo en referencia a PSOE e Izquierda Unida.
PSOE: "La ordenanza la tumbaron sus socios de gobierno"
Desde el Grupo Municipal Socialista han rechazado esas acusaciones y han destacado que el fracaso de la ZBE se dio por la falta de acuerdo entre los dos socios de gobierno.
"El Partido Popular, en diciembre del año pasado, sacó una ordenanza para esta zona de bajas emisiones que tumbaron sus socios de gobierno. El Partido Popular no se creía esta ordenanza y por eso no la trabajó en condiciones", ha afirmado el concejal del PSOE, Pablo García Martín.
El edil socialista ha recordado que su grupo presentó alegaciones relacionadas con vehículos sanitarios, funerarios o de renting y ha lamentado que nunca se convocara una comisión de movilidad para debatirlas.
"Desde el minuto uno no nos han escuchado, no nos han convocado a ninguna comisión de movilidad", ha criticado García.
Para el concejal de la oposición, la situación actual es una muestra de la "incapacidad"del Gobierno local para sacar adelante un proyecto que considera obligatorio. "La ciudad de Toledo no se puede acoger a las ayudas de casi 300.000 euros del Gobierno de España para este transporte público", ha advertido.
Además, ha alertado de las posibles consecuencias que podría tener la situación sobre los fondos europeos vinculados a la movilidad sostenible.
IU acusa al Gobierno de no creer en el proyecto
Una posición similar ha mantenido el grupo municipal de Izquierda Unida. Su portavoz, Txema Fernández, ha rechazado que la oposición sea responsable de la pérdida de la subvención y ha asegurado que el Gobierno municipal nunca ha defendido realmente la implantación de la ZBE.
"No aceptamos que nos echen a nosotros la responsabilidad de una subvención que nos llega por la zona de baja emisión, una zona de baja emisión que el gobierno municipal jamás se creyó y que la quiere aprobar por imperativo legal", ha afirmado durante su intervención en la comisión.
Fernández ha insistido en que Toledo necesita una estrategia global de movilidad sostenible y no una ordenanza impulsada "únicamente" para cumplir con una exigencia legal.
"Lo que llevamos diciendo mucho tiempo es que presente un proyecto de zona de bajas emisiones de ciudad en el que incluya, obviamente, una mejora de las condiciones en el transporte público colectivo", ha señalado.
El portavoz de IU también ha cuestionado que el Gobierno municipal siga apostando por actuaciones destinadas a favorecer el tráfico privado mientras reclama apoyos para sacar adelante una ZBE.
17 de los 26 millones de remanente ya se han usado
La modificación de crédito abordada este lunes asciende exactamente a 2.162.522,38 euros y se financiará con cargo al remanente de tesorería municipal.
Según los datos expuestos por el Gobierno local, el Ayuntamiento dispone actualmente de unos 26 millones de euros de remanente, de los que ya se han movilizado más de 17 millones de euros a lo largo de este ejercicio, lo que supone más del 66% del total.
Durante la comisión, Alcalde ha defendido que una parte importante de esos fondos “no puede destinarse” a nuevas inversiones, sino a atender compromisos económicos “ya existentes”.
Entre ellos ha citado obligaciones derivadas del contrato del transporte urbano, expedientes pendientes de resolver, compromisos asociados a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones y otros contratos heredados de anteriores mandatos, algunos de los cuales ha calificado de “muy perjudiciales para el Ayuntamiento de Toledo”.
Fondos perdidos y debate abierto
El enfrentamiento político mantiene bloqueada una medida cuya implantación es obligatoria para los municipios de determinadas características según la legislación estatal.
Mientras el Gobierno municipal sostiene que la falta de apoyos "ha impedido acceder a ayudas" vinculadas al transporte público, PSOE e IU consideran que el problema radica en la falta de consenso y de convicción de los propios socios de gobierno.
Lo que sí parece claro es que la ausencia de una ZBE operativa ya tiene un impacto económico tangible para las cuentas municipales. Los 728.000 euros que Toledo dejará de percibir deberán ser asumidos con fondos propios en un momento en el que el debate sobre la movilidad urbana y la financiación del transporte público sigue sin resolverse.
PUBLICIDAD
