Medio año después de tumbar, por sorpresa, la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Toledo y apenas unos días más tarde de reiterar su negativa a aprobarla e instar al PP a pactarla con el PSOE, Vox ha mostrado su disposición a poder aprobar esta normativa en la capital regional.
"Estamos manteniendo conversaciones", ha indicado la vicealcaldesa y líder de Vox en Toledo, Inés Cañizares, a preguntas de los medios sobre esta normativa que, de no aprobarse, puede suponer un posible pérdida de ingresos municipales estimada en 700.000 euros, en subvenciones al transporte público.
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Cañizares ha cuestionado la necesidad de una ZBE restrictiva bajo los parámetros habituales, argumentando que Toledo no presenta problemas de contaminación que justifiquen tales medidas, aunque precisamente fue uno de los argumentos -la reducción de emisiones- que utilizó su grupo el pasado pleno para presentar una moción con la que pedía impulsar una línea de autobús urbano a Puy du Fou, que no contó con el apoyo del PP.
Uno de los pilares de la negociación actual es la adecuación de la ordenanza a la jurisprudencia reciente. La vicealcaldesa ha señalado que no tiene sentido aprobar una norma “a sabiendas” de que podría ser anulada por la justicia, citando las sentencias de diversos Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Supremo que han tumbado normativas similares en otras ciudades españolas.
"Si podemos llegar a un punto de encuentro en el que no se produzca una restricción y que esa norma vaya un poco en la línea de lo que están estableciendo los Tribunales Superiores de Justicia de distintas comunidades autónomas, no tenemos ningún inconveniente en aprobarla", ha avanzado.
En este sentido, apuesta por una normativa que "lo que persiga sea mejorar la movilidad, proteger una zona patrimonial que creemos que que necesita protección y mejorar la circulación de alguna forma", ha trasladado.
El rechazo de Vox a esta ZBE ha sido uno de los momentos más tensos que ha vivido con sus socios de Gobierno del PP en esta legislatura. Una decisión que ha provocado también que el Ayuntamiento haya puesto en marcha una nueva tarjeta de transporte público, con una gestión envuelta en polémica, para restringir solo a las personas empadronadas el 20% de descuento que bonifica el Consistorio.
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