La vicealcaldesa y portavoz de Vox en Toledo, Inés Cañizares, ha reiterado la oposición de su grupo a implantar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad.
"No se dan niveles de contaminación que justifiquen restricciones de movilidad, según ha reconocido el propio concejal responsable. Imponer medidas de carácter preventivo en este contexto resulta injustificado e inaceptable", ha dicho.
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Cañizares ha expresado la opinión de su grupo, tras reiniciarse las negociaciones con su socio de gobierno con respecto a la ZBE, que ya fue rechazada por el partido de extrema derecha.
Además, ha animado al PP a pactar con PSOE la ordenanza, "ya que ambos partidos aceptan la ley del cambio climático y pueden trasladar al Ayuntamiento los acuerdos a los que llegan en Europa".
La vicealcaldesa ha recordado que su partido votó "en contra de esta ordenanza por considerar que no responde a la realidad de nuestra ciudad ni a las necesidades de los toledanos".
"Ahora, el grupo del PP nos propone abrir un proceso de negociación para modificar el texto y alcanzar un acuerdo que permita su aprobación, advirtiendo además de una posible pérdida de ingresos municipales estimada en 700.000 euros si no se implanta la ZBE", ha continuado explicando Cañizares.
Así, ha dejado claro que, la agrupación a la que representa en el Consistorio toledano "no aprobará ninguna ordenanza que plantee restricciones a la movilidad cuya motivación se base en la contaminación".
Retenidos 300.000 euros de subvención del transporte público
En este sentido, cabe destacar que el portavoz municipal, Juan José Alcalde, señaló esta semana que de esos 700.000 euros que tendría que recibir el Consistorio por parte del Estado, aproximadamente 300.000 euros están retenidos o en riesgo de ser devueltos por no cumplir el plazo de aprobar la ZBE el pasado 31 de diciembre.
Esta subvención para el transporte público, con la que los usuarios tienen un descuento del 20% del precio del billete, más otro 20% que aporte el propio Ayuntamiento. Ante esta posible pérdida de fondos por no contar con la ZBE, el Gobierno local ha decidido no ofrecer su parte del descuento a usuarios que no estén empadronados en la ciudad.
De ahí que desde el pasado 1 de abril, solamente los viajeros que cuenten con la nueva tarjeta personalizada para los autobuses urbanos -y que ha generado un aluvión de críticas por el proceso en los últimos meses- puedan tener el descuento del 20%.
Una ordenanza que "vulnera el principio de libertad de circulación"
Respecto al argumento económico, Inés Cañizares ha señalado que, si existe "la posible pérdida de ingresos para el Ayuntamiento cifrada en 700.000 euros, no consideramos que este sea un motivo suficiente para aprobar una ordenanza que vulnera el principio de libertad de circulación. Más aún cuando el propio Ayuntamiento destina cerca de un millón de euros anuales en subvenciones a distintos fines, asociaciones y entidades".
“Desde Vox hemos propuesto reiteradamente, en las negociaciones presupuestarias, una reducción drástica de estas partidas durante los últimos años, sin que el Grupo Popular haya aceptado dichas medidas, más allá de ajustes muy puntuales”, ha puntualizado.
La vicealcaldesa, ha explicado que “si el planteamiento es evitar un perjuicio económico, el Ayuntamiento dispone de margen suficiente para reordenar sus prioridades presupuestarias y cubrir esa cantidad sin necesidad de imponer restricciones a los ciudadanos. Estos fondos no pueden convertirse en una excusa ni en un instrumento de presión para aprobar una ordenanza contraria al derecho a la libre circulación”, ha sentenciado.
“Hasta que no recibamos una propuesta concreta, no nos pronunciaremos en detalle. No obstante, Vox seguirá defendiendo alternativas que prioricen la libertad, el sentido común y los intereses reales de los ciudadanos de Toledo”, ha concluido.
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