Vox propone una "zona de protección del patrimonio histórico" en Toledo para no perder fondos por el rechazo a la ZBE

La formación propone elaborar una normativa que establezca "la prioridad residencial en el uso del espacio público" en el Casco Histórico o la reserva de amplias zonas de estacionamiento para residentes

El Grupo Municipal de Vox continúa renegando de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que la ciudad de Toledo tiene que poner en marcha obligatoriamente y, en su lugar, apuesta por impulsar una "zona de protección del patrimonio histórico".

Así lo ha trasladado la formación en un comunicado en el que asevera que la ciudad "no puede renunciar a las ayudas y subvenciones estatales vinculadas a la movilidad y al transporte público" que podrían perderse de no poner en marcha la ZBE. Precisamente, esta situación ha derivado ya en la subida del precio a usuarios del transporte público en Toledo que no disponen de la nueva tarjeta para empadronados y que no permite disfrutar del 20% de descuento que sufraga el Consistorio.

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"Dichas medidas deben aplicarse desde el respeto a la legalidad, al sentido común y a las necesidades reales de los toledanos, no desde la imposición ideológica", señalan después de que la vicealcaldesa y concejala de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares, abriese la puerta hace unos días a aprobar una ZBE en Toledo que "se ajuste a lo que dicen los tribunales".

En este sentido, argumenta que " en numerosas ciudades españolas, bajo el pretexto climático", estas normativas "están siendo tumbadas por los tribunales por vulnerar derechos fundamentales y carecer de suficiente justificación jurídica y técnica".

"Frente a ese modelo fracasado, lo que planteamos para Toledo es una auténtica zona de protección del patrimonio histórico, centrada exclusivamente en la defensa y conservación del Casco Histórico, la mejora de la calidad de vida de sus residentes y una gestión racional del tráfico y el estacionamiento", afirman.

Esta propuesta, apunta Vox, "nace directamente de las reclamaciones vecinales que desde hace años denuncian la saturación circulatoria, la presión sobre el aparcamiento y el deterioro progresivo de la convivencia en el Casco Histórico".

"Prioridad residencial" o reserva de aparcamientos para residentes

Así, indican que esta regulación estaría basada también en "la prioridad residencial en el uso del espacio público, la reserva de amplias zonas de estacionamiento para residentes, la peatonalización selectiva de determinados espacios especialmente sensibles, una gestión eficiente y ordenada del acceso y permanencia de vehículo y, también, "el respeto absoluto a la libertad de circulación y a los derechos fundamentales de los ciudadanos".

"No podemos hacer oídos sordos a las distintas sentencias de Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Supremo están anulando numerosas Zonas de Bajas Emisiones en España por falta de motivación suficiente y por imponer restricciones desproporcionadas a los ciudadanos. Nuestra iniciativa se elaborará en consonancia con la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha relativa al caso del Ayuntamiento de Guadalajara", añaden.

No obstante, subrayan que ni asumen ni comparten "el modelo político del Partido Popular, plegado a las políticas de restricciones masivas que otros defienden, sino mediante el desarrollo de una herramienta propia, jurídicamente sólida y centrada en proteger Toledo, su patrimonio y a quienes viven en él".

Una obligación legal

Cabe recordar que la implantación de la ZBE es una obligación legal derivada de la normativa estatal y europea, al amparo de la Ley de Economía Sostenible del año 2011, así como la Ley del Cambio Climático del año 2021, que exigen que todos los municipios de más de 50.000 habitantes deben tener un Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

Por ello, el Gobierno de PP y Vox en Toledo aprobó en julio del año pasado el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que se elaboró en la pasada legislatura con el gobierno del PSOE, como paso indispensable para aprobar la ZBE posteriormente y establecer una ordenanza que regule su aplicación.

Sin embargo, Vox votó en contra de la ordenanza que comenzó a tramitarte antes de que se llevase a Pleno para su aprobación, y para la que se rechazaron las alegaciones presentadas por el mismo grupo y por el PSOE.

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