Los trabajadores sociales podrán influir en la adjudicación de viviendas públicas de alquiler

• La Dirección General de Vivienda ha encargado al Colegio de Trabajo social un protocolo para que los informes sociales sean determinantes
  

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• Con ello, quieren convertir a los trabajadores de atención primaria en “figura referencial” de las políticas integradas para mejorar la vida de las personas

Mejorar el cauce de comunicación entre los trabajadores sociales y el personal de las Direcciones Provinciales de Vivienda en Castilla-La Mancha es el objetivo marco con el que el Colegio de Trabajo Social en esta región ha recibido el encargo de elaborar un protocolo de actuación. Pero el fin último se encuentra más apegado al terreno. La Dirección General de Vivienda ha pedido a este órgano colegiado que en ese protocolo se incluya su papel en la adjudicación de viviendas públicas de alquiler a colectivos de atención preferente, siempre que el informe social así lo estipule o recomiende.

Según han adelantado fuentes del Colegio de Trabajo Social a eldiarioclm.es, es un “paso muy importante” para este gremio. Aunque son las comisiones provinciales de vivienda y urbanismo las que deciden las adjudicaciones de estas viviendas, en base a este protocolo podrían contar también con la influencia de los trabajadores sociales, los que conocen de primera mano la situación de las familias en situación de pobreza y exclusión social, es decir, la “figura de referencia” en la atención primaria.

Desde este colectivo, destacan la importancia de que estos profesionales puedan ahora influir en la adjudicación de vivienda, pero no solamente por el hecho en sí, sino también porque esta posibilidad les permite trabajar con otros aspectos de la persona que van más allá del ámbito residencial: sus necesidades, su situación económica o su integración social.

El protocolo también permitiría trabajar en prevención

“Al hacer un diagnóstico social relacionado con la vivienda, podremos también hacer prevención”, comentan, poniendo como ejemplo que este protocolo permitiría trabajar en que estas viviendas reúnan las condiciones dignas para individuales y familias, o impedir la creación de guetos y de problemas de convivencia. Ante todo, “podremos informar del perfil de vivienda que más se ajusta a las necesidades de cada familia”.

         

Recuerdan que quien adjudica viviendas públicas en alquiler siempre es la comisión provincial de vivienda, pero que ahora se realizaría en base a una “comunicación constante” con los trabajadores sociales, los cuales llevarían también a cabo un seguimiento que hasta ahora no se ha realizado y que resulta imprescindible: “Pueden cambiar las circunstancias familiares, que se queden en paro, que tengan una situación de dependencia sobrevenida, que se queden sin recursos económicos… Toda esa información no se devuelve al servicio provincial de vivienda para analizar estas situaciones, y ahora se podría hacer”.

Por eso consideran muy relevante que mediante este convenio pueda mejorarse la comunicación entre los servicios de Vivienda por un lado (que pertenecen a la Consejería de Fomento) y los de Acción Social por otro (que forman parte de la Consejería de Bienestar Social), dando una respuesta integral a la vivienda como una prestación más. “Este protocolo nos convertiría en el enlace que necesariamente tiene que haber entre las políticas de vivienda y las sociales. Ahora se establecería de manera protocolaria y definida, con cauces de comunicación, y obligados todos a trabajar de forma conjunta, sin derrochar recursos, porque el objetivo de todos es el mismo”.

El Colegio de Trabajo Social de Castilla-La Mancha argumenta que una persona en riesgo de exclusión social “no necesita departamentos estancos que le den varias soluciones” sino una atención “integrada” y este convenio sería un paso más en esa dirección. Además, están convencidos de que con ello se aumentaría el “componente social” de la Consejería de Fomento que se inició con la creación de las denominadas Oficinas Antidesahucios. Lo importante, añaden, es que se conozca y se lleve a cabo, “porque quien tiene que intervenir es el profesional y para eso las administraciones tienen que moverse”.

“En realidad no hay que inventar nada nuevo.  Solo hay que establecer unos cauces de colaboración y comunicación, y que realmente la vivienda se convierta en un instrumento más de intervención social. Para nosotros es un reto trabajar también con Fomento, y lograr que entiendan estos procesos vitales. La Consejería de Bienestar Social ya está muy involucrada y esto ahora es un pilar más”, concluyen.

La Dirección General de Vivienda ha establecido un plazo de un mes y medio para que el Colegio de Trabajo Social elabore este protocolo y se pueda poner en práctica. Este colectivo insiste en la necesidad de que se lleve a cabo y recuerda que su intervención social en otras áreas como los planes de empleo o las políticas de dependencia ya ha dado muy buenos resultados.