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Ya lo hemos normalizado, pero más de mil personas llevan desde el 26 de septiembre acampadas en la Puerta del Sol de Madrid, bajo el frío y la lluvia, para reclamar el derecho efectivo a la vivienda.
La semana siguiente, en Toledo vivimos una de las manifestaciones más multitudinarias de los últimos años. Al grito de "¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que no tenemos casa!" o "¡Este empedrao no es un decorao!", un millar de personas recorrimos las calles del Casco Histórico para reclamar algo tan básico como poder vivir en nuestra ciudad.
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Al finalizar, una pareja de recién casados se hacía fotos desde el balcón del Ayuntamiento mientras la plaza rugía por el derecho a la vivienda. Algunos se percataron del detalle y se arrancaron gritando: "¡Si no tienen casa, esos no se casan!".
Porque la vivienda no es solo un techo. Es la posibilidad de construir un proyecto de vida, emanciparse o seguir viviendo en el barrio en el que has crecido. Cuando acceder a ella se convierte en un privilegio, lo que está en juego es mucho más que el precio de un alquiler.
El problema: una vivienda cada vez más cara
En julio de 2022, tan solo el 2,1 % de las personas encuestadas por el CIS situaba la vivienda entre sus principales preocupaciones. Cuatro años después, el último barómetro cifra en el 43 % a quienes la mencionan entre los tres principales problemas de España.
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En Toledo, la compraventa se ha encarecido un 40 % y el alquiler, un 44 %, según datos de Idealista. Una subida muy superior a la del IPC, que entre julio de 2022 y julio de 2026 aumentó un 11,4 %. Aunque los salarios también han crecido, no lo han hecho lo suficiente para compensar el encarecimiento de la vivienda.
El resultado es que jóvenes, trabajadores con salarios bajos, población migrante, familias monoparentales y pensionistas encuentran cada vez más dificultades para acceder a una casa. Personas que trabajan y contribuyen a la vida de nuestras ciudades, pero que no siempre pueden permitirse vivir en ellas.
Toledo también sufre una crisis de vivienda
La cercanía a Madrid, la presión turística, el crecimiento de la demanda y la insuficiencia de vivienda pública asequible dibujan un escenario que exige una respuesta municipal.
El primer problema es la pérdida de vivienda residencial. Según el INE, Toledo cuenta con alrededor de 750 viviendas turísticas, casi un 20 % de ellas en situación irregular, según los datos que manejamos. A ello se suman las autorizaciones municipales del PP y Vox para transformar más de 130 viviendas en alojamientos turísticos, incluidos más de 20 edificios completos del Casco Histórico.
No se trata de demonizar el turismo, sino de mantener un equilibrio. Cuando resulta más rentable destinar una vivienda al alojamiento turístico que al alquiler residencial, los vecinos salen perdiendo. El Casco Histórico lo demuestra: ha perdido un 10 % de su población residente en 15 años mientras aumentaba la presión turística. Un centro histórico no puede convertirse en un decorado monumental del que desaparece la vida cotidiana.
El segundo problema es la falta de vivienda pública y asequible. El Ayuntamiento ha anunciado 65 viviendas que se comercializarán como Viviendas de Precio Tasado (VPT). Pero necesitamos una política que garantice precios asequibles de forma duradera, no promociones cuyo control público sobre los precios desaparezca a los 15 años.
La presión también alcanza al alojamiento universitario. La población universitaria ha crecido un 25 % en Toledo durante la última década y casi 2.375 estudiantes procedentes de otras comunidades necesitan alojamiento. Sin una oferta suficiente y asequible de residencias, terminan compitiendo por las mismas viviendas que necesitan trabajadores y familias.
Por último, no podemos responder automáticamente a todos estos problemas expandiendo la ciudad sobre nuevos suelos. Antes de consumir más territorio, debemos aprovechar las viviendas vacías, rehabilitar edificios y recuperar inmuebles infrautilizados. El problema no es únicamente cuántas viviendas hay, sino dónde están, para qué se utilizan y cuánto cuesta acceder a ellas.
Nuestro modelo de vivienda para Toledo
Defendemos una idea sencilla: Toledo debe ser una ciudad para vivir, no un activo financiero ni un producto turístico. Para conseguirlo, el Ayuntamiento debe utilizar todas las herramientas a su alcance.
Primero, proteger el uso residencial. Proponemos una moratoria a nuevas viviendas y apartamentos turísticos, acompañada de una regulación eficaz y controles contra la actividad irregular. También debemos estudiar medidas fiscales, dentro de la legalidad, para desincentivar la existencia de viviendas vacías y determinados usos turísticos. El beneficio privado de unos pocos no puede imponer un coste colectivo al conjunto de la ciudad.
Segundo, ampliar el alquiler público y asequible. Necesitamos compromisos concretos de construcción y rehabilitación, plazos verificables y precios vinculados a los ingresos de los hogares. Nuestro objetivo debe ser que el coste de la vivienda y los suministros no supere el 30 % de esos ingresos. Para ello, también debemos aprovechar los edificios existentes y los inmuebles públicos infrautilizados.
Tercero, poner la Empresa Municipal de la Vivienda al servicio de la ciudadanía. La EMV debe movilizar viviendas vacías hacia el alquiler residencial mediante servicios de intermediación, garantías y acompañamiento a propietarios e inquilinos. También debe reforzar la prevención de desahucios y la mediación ante situaciones de vulnerabilidad, en coordinación con los servicios sociales.
Cuarto, utilizar las herramientas legales para contener los precios. El Ayuntamiento debe impulsar ante la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la declaración de Toledo como zona de mercado residencial tensionado, acreditando el cumplimiento de los requisitos legales. Esta medida no resolvería por sí sola la crisis, pero permitiría activar instrumentos adicionales de intervención.
Quinto, planificar la vivienda como una política de ciudad. Hay que coordinar la oferta con las necesidades de estudiantes, trabajadores y familias; colaborar con otras administraciones para poner viviendas públicas en uso, y rehabilitar edificios abandonados para recuperar su función residencial. Todo ello con objetivos medibles, presupuesto y rendición de cuentas, no con una sucesión de anuncios.
Una ciudad no puede expulsar a quienes la mantienen viva
Toledo tiene un patrimonio extraordinario, una economía que genera empleo y una ubicación privilegiada. Pero nada de eso garantiza que siga siendo habitable para quienes trabajan aquí, estudian o quieren construir su futuro.
Una ciudad que expulsa a sus jóvenes, obliga a sus trabajadores a buscar casa cada vez más lejos y sustituye población residente por alojamientos de corta estancia termina debilitando aquello que la hace valiosa: su comunidad.
El Ayuntamiento no puede controlar todos los factores del mercado inmobiliario, pero sí puede dejar de ser un espectador. La pregunta es si existe voluntad política para actuar.
Defender el derecho a la vivienda es defender el derecho a que Toledo siga siendo nuestra casa.
Por Jose Luis Resuela, Portavoz Movimiento Sumar Toledo
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