La crisis de acceso a la vivienda ha llevado al Gobierno de Emiliano García-Page a impulsar una nueva ley con la que pretende agilizar la construcción de pisos protegidos y ampliar el parque público residencial en Castilla-La Mancha. La norma, aprobada el pasado jueves en las Cortes regionales con la mayoría absoluta del PSOE y el rechazo de PP y Vox, introduce cambios urbanísticos que permitirán aprovechar edificios y parcelas en desuso para destinarlos a vivienda, además de facilitar nuevas promociones residenciales.
La Ley de Medidas Urgentes para la Movilización de Suelo, el Impulso de la Vivienda y la Simplificación Urbanística se ha tramitado por la vía de urgencia en apenas dos meses. Entre sus principales novedades está la posibilidad de cambiar el uso de determinados inmuebles públicos y privados para construir vivienda protegida sin tener que modificar previamente el planeamiento urbanístico.
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El Ejecutivo autonómico defiende que estos cambios permitirán movilizar recursos que hasta ahora no podían destinarse a uso residencial y acelerar la respuesta a las necesidades habitacionales. Sin embargo, la Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Castilla-La Mancha cuestiona el alcance de la norma y considera que no aborda problemas fundamentales como la regulación del alquiler, la protección frente a los desahucios o la movilización de viviendas vacías.
Estas son las principales claves de la nueva legislación y las posibilidades que abre en la región.
De edificios en desuso a vivienda protegida
Una de las principales novedades es que edificios y parcelas de titularidad pública que no estén destinados a vivienda podrán utilizarse para construir pisos protegidos o dotacionales, incluso cuando el planeamiento urbanístico los hubiera reservado inicialmente para otros equipamientos.
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La posibilidad se extiende también a inmuebles de otras administraciones, tras las enmiendas incorporadas durante la tramitación parlamentaria. Además, la norma permite actuar sobre suelo privado de uso terciario, lo que abre la puerta a transformar inmuebles destinados a oficinas, hoteles, comercios, bares u otras actividades cuando estén en desuso.
La finalidad es aprovechar espacios que han quedado sin actividad para aumentar la oferta residencial protegida, sin necesidad de iniciar una modificación urbanística que alargue los plazos.
¿Qué posibilidades abre en Toledo? La disponibilidad de edificios públicos sin uso plantea la posibilidad de estudiar su transformación en viviendas. Uno de los inmuebles que invita a poner el foco en esta cuestión es el antiguo Hospital Virgen de la Salud, en la capital regional.
No obstante, la aprobación de la ley no implica que este edificio vaya a convertirse en viviendas protegidas. Para determinar si podría acogerse a las nuevas posibilidades habría que analizar su situación patrimonial, urbanística y administrativa, así como las condiciones técnicas y los usos que se le puedan asignar.
La norma abre una vía para estudiar alternativas residenciales en inmuebles que actualmente no cumplen esa función, pero no supone una decisión automática sobre el destino de ningún edificio concreto.
Más viviendas protegidas sin modificar el planeamiento
La nueva legislación también contempla incrementos de la edificabilidad y de la densidad residencial en determinadas parcelas para favorecer la promoción de vivienda protegida.
En concreto, permite aumentar hasta un 20% la edificabilidad y un 30% la densidad, además de incrementar hasta en dos plantas la altura prevista, bajo las condiciones establecidas en la norma. La principal limitación es que el aprovechamiento residencial adicional deberá destinarse íntegramente a vivienda protegida.
Con esta medida, el Gobierno regional pretende que determinados suelos puedan acoger más viviendas sin necesidad de modificar previamente el planeamiento urbanístico.
La ley incorpora también los Planes de Rehabilitación Urbana, dirigidos a intervenir en ámbitos degradados, zonas con infravivienda o espacios afectados por antiguos usos industriales. Estos instrumentos buscan facilitar actuaciones de regeneración que encuentran dificultades para desarrollarse mediante los procedimientos urbanísticos habituales.
Un parque público de alquiler social
Otra de las medidas es la creación de un patrimonio público residencial diferenciado y de carácter finalista, junto con un parque público de vivienda social.
El objetivo es que estas viviendas se destinen a quienes tengan dificultades para acceder al mercado residencial, con alquileres ajustados a los ingresos de las personas beneficiarias y una atención específica a la población joven.
La ley incorpora, además, límites de precio para las viviendas de alquiler financiadas a través del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. En las promociones públicas, el precio máximo previsto será de ocho euros por metro cuadrado de superficie útil, mientras que en las desarrolladas mediante colaboración público-privada será de nueve euros.
Estos límites se refieren a las viviendas acogidas a ese plan estatal, por lo que no deben confundirse con un tope general para todos los alquileres de Castilla-La Mancha.
Menos trabas para construir en municipios pequeños
La norma también introduce medidas dirigidas a municipios en riesgo de despoblación que acrediten necesidades de vivienda.
En estos casos, podrán recurrir a planes especiales para habilitar crecimiento residencial de manera ordenada. Los plazos de tramitación de estos instrumentos se reducirán a la mitad.
Asimismo, se contempla un mecanismo de asistencia para municipios de menos de 10.000 habitantes, mediante ayudas en especie destinadas a elaborar su planeamiento urbanístico.
Con estas herramientas, el Ejecutivo regional busca facilitar la disponibilidad de suelo residencial en localidades que necesitan atraer población o dar respuesta a la demanda de vivienda, pero que cuentan con menos recursos técnicos y administrativos para desarrollar sus propios instrumentos urbanísticos.
La Plataforma por el Derecho a la Vivienda habla de un "parche legal"
Las medidas aprobadas no han convencido a la Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Castilla-La Mancha, que considera que la nueva legislación no constituye la respuesta integral que necesita la región.
La organización valora que se busque aumentar el parque de vivienda social y que se puedan destinar inmuebles públicos en desuso a este fin. Sin embargo, critica que la norma priorice la construcción y la recalificación de suelo frente a otras alternativas, como la adquisición de viviendas ya existentes mediante los mecanismos de tanteo y retracto o la puesta en marcha de un plan regional para movilizar viviendas vacías.
Uno de sus principales reproches se refiere a la protección de las personas que viven en viviendas públicas. La plataforma advierte de que las garantías de protección permanente y de una duración mínima de 50 años del régimen de alquiler se aplican a las viviendas financiadas por el Plan Estatal de Vivienda, pero no necesariamente a todo el parque público autonómico.
También cuestiona las condiciones previstas para los desahucios administrativos en viviendas públicas. Según denuncia, el impago de una cuota podría justificar un desalojo sin que se valore suficientemente la situación económica y familiar de las personas afectadas, incluida la presencia de menores.
La organización reclama una ley integral que regule el alquiler, garantice una alternativa habitacional ante cualquier desahucio y reconozca el acceso a una vivienda digna como un derecho con garantías efectivas.
Una ley aprobada con el rechazo de PP y Vox
La tramitación parlamentaria también estuvo marcada por las discrepancias políticas. El PSOE sacó adelante la norma con su mayoría absoluta, mientras que PP y Vox rechazaron el texto.
Entre las propuestas de la oposición que no prosperaron se encontraban las rebajas fiscales planteadas por el PP para determinadas operaciones inmobiliarias y la iniciativa de Vox para establecer una prioridad de la población española en el acceso a la vivienda protegida y las ayudas autonómicas.
La Plataforma por el Derecho a la Vivienda ha criticado ambas posiciones. En el caso del PP, cuestiona que se planteen beneficios fiscales para grandes compradores y fondos de inversión; respecto a Vox, rechaza que se condicione el acceso a la vivienda pública por origen o nacionalidad.
La aprobación de la ley abre así una nueva vía urbanística para aumentar la oferta de vivienda protegida en Castilla-La Mancha. Queda por ver cómo se traducirán sus instrumentos en proyectos concretos y hasta qué punto servirán para responder a una crisis que, según las organizaciones sociales, no se resolverá únicamente facilitando la construcción de nuevas viviendas.
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