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Gabriel García Márquez escribió 'El coronel no tiene quien le escriba', que es una novela pequeña como una habitación pobre y, sin embargo, contiene el tamaño entero del abandono. Aquel coronel esperaba cada viernes la lancha del correo y regresaba a casa con las manos vacías, alimentado por una promesa administrativa que envejecía al mismo tiempo que él. Esperaba una carta, una pensión, una señal de que el Estado todavía sabía pronunciar su nombre.
Muchos años después, en esta España fatigada de cifras, informes y discursos económicos, los coroneles ya no llevan uniforme ni conservan un gallo de pelea en el patio. Se ponen el mono antes de que amanezca, cargan una fiambrera, atraviesan polígonos sin árboles y suben a una cubierta industrial confiando en que la tarde los devolverá a su casa. Algunos caen. Otros reciben una descarga. Otros se desploman bajo un sol que convierte el campo en una fragua. Luego llega la ambulancia, se extiende una sábana, alguien avisa a la familia y comienza ese silencio administrativo y social en el que los muertos del trabajo descubren, demasiado tarde, que tampoco tienen quien les escriba.
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Julio no ha necesitado demasiados días para enseñarnos su contabilidad más indecente. En la madrugada del día 2, un trabajador de 42 años cayó desde cinco metros mientras trabajaba sobre el tejado de una nave en el polígono industrial de Miguelturra. A las pocas horas, la noticia empezó a adquirir esa forma impersonal que adoptan las tragedias cuando entran en el lenguaje público: varón, edad, altura, polígono, servicios sanitarios que nada pudieron hacer.
El 3 de julio, un hombre de 66 años murió al precipitarse desde unos ocho metros en la cubierta de una nave del Polígono Industrial de Toledo. El día 4, un joven de 22 años falleció electrocutado mientras manipulaba un cuadro eléctrico en una urbanización de El Casar de Escalona. Y el día 7, en Cuenca, otro trabajador, de 37 años, perdió la vida tras caer desde unos seis metros mientras trabajaba en el techo de una nave.
Cuatro hombres en seis días. Dos de ellos en la provincia de Toledo. Cuatro familias entrando sin preparación posible en el territorio de la ausencia. Cuatro biografías reducidas por el lenguaje de urgencias a la distancia exacta que separaba un tejado del suelo.
Se dirá que habrá que investigar. Naturalmente. Se dirá que no conviene precipitar conclusiones, que deben determinarse las circunstancias, que la prevención es una responsabilidad compartida y que algunos accidentes resultan difíciles de evitar. Todo eso puede ser jurídicamente prudente y moralmente insuficiente. Tres de aquellas cuatro muertes se produjeron por caídas desde cubiertas o tejados, un riesgo tan antiguo, conocido y reglamentado que ya no permite refugiarse cómodamente en el vocabulario de la fatalidad. Una fatalidad es el rayo que parte un árbol en mitad de una noche limpia.
Una persona trabajando sobre una cubierta sin que todas las barreras preventivas hayan impedido su caída es otra cosa que debe esclarecerse sin eufemismos. Por eso Comisiones Obreras ha anunciado que estudiará personarse en los procedimientos judiciales cuando encuentre indicios de incumplimiento de las medidas de seguridad. El paso resulta significativo: cuando las condolencias se convierten en rutina, quizá haya que empezar a llevar la indignación a los tribunales.
La escena no termina en Castilla-La Mancha. En Sevilla, los primeros días de julio dejaron varios trabajadores muertos en apenas una semana: uno falleció al volcar el tractor que conducía; otro cayó desde una obra; otro perdió la vida mientras podaba árboles desde una plataforma elevadora. En Mallorca acaba de morir un obrero que permanecía ingresado después de caer al hundirse parte del tejado que reparaba.
En Lleida se investiga si un temporero de 64 años falleció a causa de un golpe de calor mientras trabajaba en una finca frutícola. No existe todavía una cifra oficial completa de fallecidos en España durante julio, porque el mes no ha terminado y las estadísticas públicas llegan con retraso. Sería irresponsable inventar un total. Pero no hace falta disponer de la suma definitiva para comprender la magnitud moral de la resta. Las noticias aparecen dispersas por provincias, perdidas entre sucesos, como si cada muerto perteneciera únicamente a su municipio y no a una misma estructura nacional del trabajo.
El último balance oficial disponible señala que entre enero y abril de 2026 murieron 231 personas en accidentes laborales en España. Doscientas treinta y una. Hay cifras que deberían cerrar una sesión parlamentaria, suspender una campaña electoral o avergonzar durante semanas a un país. Esta, sin embargo, pasó por las noticias económicas con la discreción de una pequeña oscilación estadística. En 2025 fueron 735 los accidentes mortales registrados en España. Castilla-La Mancha cerró aquel año con 48 personas fallecidas y 27.170 accidentes de trabajo, unos 74 cada día. El dato regional era ya una declaración de emergencia, pero las emergencias obreras tienen una curiosa desventaja: no cortan las emisiones televisivas, no alteran las agendas de los ministros y rara vez consiguen que el luto atraviese la puerta de las fábricas.
Eso sí, hablemos de absentismo. Hablemos con serenidad, con datos y con la profundidad que merece un fenómeno que preocupa a empresas, trabajadores y administraciones. Negar su existencia sería tan estéril como utilizarlo para explicar por sí solo todo lo que ocurre en el mundo del trabajo. Precisamente porque es una cuestión seria, debe abordarse con todas sus consecuencias económicas, organizativas y sociales, huyendo de los eslóganes y de las simplificaciones interesadas.
Lo que resulta intelectualmente pobre es convertir un problema complejo en una anécdota permanente o utilizarlo para desplazar del centro de la conversación otra realidad mucho más incómoda: la persistencia de los accidentes laborales mortales. Mientras el debate público gira una y otra vez alrededor de las ausencias en el trabajo, las muertes de quienes ya no volverán jamás a su puesto apenas consiguen alterar el pulso de la actualidad durante unas horas. El absentismo merece un análisis riguroso; la siniestralidad laboral exige una conmoción colectiva. Confundir ambas cosas o permitir que una eclipse a la otra supone aceptar un debate incompleto y, por tanto, profundamente injusto con quienes han perdido la vida trabajando.
Porque quien quiera hablar con honestidad del absentismo está obligado a recorrer el camino entero. Debe preguntarse qué condiciones laborales están detrás de muchas incapacidades temporales, qué organización del trabajo está deteriorando la salud física y mental de miles de trabajadores, qué influencia tienen la precariedad, las elevadas cargas de trabajo, la presión constante por producir más en menos tiempo, las temperaturas extremas, el envejecimiento de las plantillas o unas listas de espera sanitarias que prolongan recuperaciones que podrían ser mucho más breves. No basta con contar las horas perdidas; hay que preguntarse por qué se pierden.
No basta con medir el coste económico de las bajas; hay que comprender el coste humano que las precede. Hay que preguntarse por qué hay personas que llegan al límite de sus fuerzas, por qué determinadas actividades siguen acumulando niveles de riesgo inaceptables y por qué la prevención continúa sin ocupar el lugar central que merece en demasiadas empresas y organizaciones. Cuando ese análisis se hace con rigor, sin prejuicios y sin intereses de parte, conduce inevitablemente a una conclusión incómoda: no puede existir un debate serio sobre el absentismo si se silencia el debate sobre la calidad del empleo, la salud laboral y la prevención de riesgos. Porque el verdadero objetivo no consiste únicamente en reducir las bajas, sino en construir entornos laborales más seguros, saludables y dignos, donde el trabajo no enferme, no desgaste prematuramente y, sobre todo, no siga matando.
No se trata de oponer empresas y trabajadores con la tosquedad de una pancarta. Hay empresas que se toman en serio la prevención, invierten, forman, detienen un trabajo cuando las condiciones no son seguras y comprenden que ninguna factura justifica un funeral. También hay trabajadores que incumplen instrucciones y se exponen a riesgos que conocen.
Precisamente por eso la prevención debe ser una cultura real y no un archivo de documentos firmados. La responsabilidad empresarial no consiste en entregar un manual y obtener una rúbrica, sino en organizar el trabajo para que la presión, la prisa, la subcontratación, la falta de personal o el miedo a perder el empleo no conviertan las normas en una ceremonia de papel. La seguridad no puede depender del heroísmo individual de quien se atreva a decir que no sube, que no entra, que no toca esa máquina o que no trabaja bajo un calor insoportable.
Existe además una desigualdad social en la distribución del riesgo que rara vez aparece en los discursos sobre el mérito. No todos los cuerpos se juegan lo mismo cuando suena el despertador. Hay quien comienza la jornada frente a una pantalla y quien la empieza sobre una cubierta metálica; quien dispone de aire acondicionado y quien recoge fruta bajo una alerta de temperaturas; quien puede cerrar el ordenador si siente un mareo y quien sabe que detener una cadena irritará al encargado. La muerte laboral conserva todavía una marcada geografía de clase. No suele entrar por los despachos nobles ni atravesar los consejos de administración. Prefiere los andamios, los campos, las carreteras, los almacenes, los talleres y esas naves industriales donde el verano golpea el techo como un martillo.
Conviene decirlo sin delicadezas: morir trabajando no es una contingencia más del mercado laboral. Es la derrota radical de su legitimidad. Una economía puede crear empleo, aumentar las exportaciones y mejorar la competitividad; si para hacerlo acepta como inevitable una procesión anual de ataúdes, su prosperidad contiene una avería moral. El producto interior bruto no absuelve a nadie. Tampoco la creación de puestos de trabajo permite considerar la seguridad como un lujo añadido para épocas de bonanza. El empleo que enferma, mutila o mata no es empleo digno aunque figure correctamente en la Seguridad Social y contribuya a las estadísticas de afiliación.
Durante 2025 murieron 48 personas en accidentes laborales en Castilla-La Mancha. Veintidós de aquellas muertes estuvieron vinculadas, según el análisis sindical, a condiciones materiales; otras trece respondieron a causas no traumáticas, como infartos, cuya relación con la organización, la presión y la salud laboral merece algo más que una anotación estadística. No todas las muertes del trabajo producen una imagen espectacular.
Algunas no caen desde un tejado ni quedan atrapadas bajo una máquina. Ocurren dentro del cuerpo, después de años de fatiga, turnos, estrés o exposición. Son todavía más silenciosas porque ni siquiera poseen la dramaturgia breve del accidente.
El problema no es que falten leyes. España tiene desde 1995 una Ley de Prevención de Riesgos Laborales y cuenta con reglamentos, evaluaciones, planes y organismos especializados. El problema aparece cuando el derecho se queda en la oficina y el riesgo continúa en el tejado. Cuando la inspección carece de medios suficientes para llegar antes que la ambulancia. Cuando las cadenas de subcontratación diluyen responsabilidades. Cuando una empresa considera más rentable pagar una eventual sanción que detener la producción. Cuando el trabajador precario calla porque sabe que la seguridad jurídica es una expresión hermosa, pero la renovación del contrato llega el viernes.
Hay una obscenidad adicional en todo esto: la velocidad del olvido. El trabajador de Miguelturra fue noticia el jueves. El de Toledo, el viernes. El joven de El Casar de Escalona, el sábado. El de Cuenca, el martes. Cada uno recibió unas horas de existencia pública antes de ser desalojado por el siguiente suceso. Sabemos las edades, las alturas y las calles porque eso consta en el parte del servicio de emergencias, pero desconocemos casi todo lo que convierte a una persona en alguien: quién lo esperaba, qué música escuchaba en el coche, qué planes había hecho para agosto, qué conversación dejó sin terminar. El lenguaje informativo preserva los datos y borra la vida. El fallecido termina siendo «un trabajador», esa expresión genérica que parece creada para que el dolor no adquiera demasiada intimidad.
Quizá escribir consista precisamente en devolverles algo de humanidad a quienes el parte de sucesos ha reducido a una cifra. No inventarles una biografía, sino negarse a aceptar que su historia acabe en la medida de una caída. Recordar que el hombre de 66 años muerto en Toledo no era «un recurso humano veterano», sino alguien que había atravesado una vida entera y todavía seguía subiendo a una cubierta industrial. Recordar que el joven de 22 años de El Casar de Escalona apenas había comenzado a negociar con el porvenir cuando una descarga cerró todas sus posibilidades. Preguntarnos qué clase de sociedad necesita que un hombre siga exponiendo su cuerpo a esa edad y qué clase de mercado laboral recibe a un muchacho permitiendo que la electricidad sea su último contacto con el mundo.
Gabriel García Márquez dejó al coronel esperando una carta que nunca llegaba. Al menos aquel hombre conservaba la espera, esa humilde forma del futuro. Los muertos laborales de julio ya no esperan. Somos nosotros quienes deberíamos esperar una explicación, una investigación completa, responsabilidades cuando procedan y medidas que impidan el siguiente titular. Pero la sociedad española parece haber desarrollado una capacidad extraordinaria para administrar el escándalo en dosis pequeñas. Un minuto de silencio, una nota de condolencia, una promesa de investigación y vuelta a la normalidad. La normalidad, en este caso, es el nombre educado que damos a la repetición.
Hablemos, pues, de absentismo, pero hagámoslo sin amputar el debate ni convertir una cifra en coartada. Hablemos de quien falta y de aquello que le hizo faltar; de la productividad, sí, pero también de las condiciones en que se trabaja; del coste económico de las bajas y del coste humano que puede precederlas; de la organización de las plantillas,
de la salud laboral, de la prevención y del poder desigual con que se negocian tantas condiciones laborales. Y, antes de todo eso, hablemos de quienes ya no podrán reincorporarse nunca. No para utilizarlos como munición partidista ni para convertir su muerte en una consigna, sino porque una democracia decente debe reconocer a los trabajadores que sostienen su riqueza y proteger su vida con la misma energía con la que protege sus balances.
Los muertos del trabajo tienen pocas estatuas, pocas calles y casi ningún aniversario. No ocupan mausoleos nacionales ni abren los informativos durante una semana. Se marchan con el mono puesto y una noticia breve, mientras sus familias comienzan una condena que no aparece en ninguna estadística laboral. Después vendrán los informes sobre absentismo y alguien calculará con admirable precisión cuántas horas de trabajo se han perdido. Sería conveniente que, junto a esa cifra, colocáramos otra pregunta: cuánta humanidad estamos perdiendo cuando cuatro hombres mueren trabajando en Castilla-La Mancha en seis días y el país apenas modifica el tono de su conversación.
El coronel no tenía quien le escribiera. Estos muertos tienen todavía menos: ni siquiera pueden esperar la carta. Y una sociedad que discute con furia sobre los trabajadores ausentes, pero guarda una cortesía de cementerio ante los trabajadores muertos, no padece únicamente un problema de siniestralidad laboral. Padece algo más grave: ha comenzado a considerar normales sus ataúdes.
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