Detrás de las puertas de las 148 viviendas públicas de la calle Río Yedra, en el barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo, hay historias que difícilmente caben en un expediente de alquiler. Hay familias con problemas económicos y deudas, pero también personas que atraviesan problemas de salud mental, situaciones de malos tratos, drogodependencias o prostitución. En algunos casos, varias de estas circunstancias se acumulan dentro de un mismo hogar.
Es en esa realidad, la que no siempre se ve desde fuera, sobre la que pretende intervenir el nuevo convenio firmado este miércoles entre la empresa pública de vivienda Gicaman y la Asociación Socioeducativa Athena. La empresa pública incorporará así una mayor dimensión social a la gestión de estas viviendas, mientras que los profesionales de la asociación reforzarán el trabajo directo con las personas y familias.
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El objetivo es "mejorar" la convivencia, "prevenir" que los conflictos se enquisten y "favorecer" que las familias puedan mantener una estabilidad residencial. Una intervención que lleva, en realidad, varios años gestándose y que ahora busca consolidarse con la colaboración entre las áreas de vivienda y bienestar social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dejar de mirar solo el alquiler para mirar a las personas
El proyecto 'Habitando casas, construyendo hogares' nació en 2018 precisamente para responder a la complejidad de la vivienda pública en el barrio del Polígono y comenzó a desarrollarse al año siguiente. Desde entonces, profesionales de la Educación Social han trabajado sobre el terreno con las familias.
El presidente de Athena y del Colegio Oficial de la Educación Social de Castilla-La Mancha, Francisco José Peces, ha explicado que el origen del proyecto estuvo en la necesidad de abordar una realidad que iba mucho más allá de los impagos.
"Las problemáticas no son aisladas", ha señalado. Una persona puede acumular una deuda y, al mismo tiempo, tener un problema de salud mental; dentro de una familia también puede existir además una situación de malos tratos u otras circunstancias. Por eso, sostiene, "no existen soluciones generales: cada caso necesita su propio itinerario".
Las profesionales intervienen directamente con las personas y las familias, independientemente de su situación habitacional, y trabajan en coordinación con los servicios sociales y otros recursos públicos. La finalidad es generar un vínculo que permita abordar las dificultades antes de que terminen agravándose.
Ese vínculo es especialmente importante en un proyecto de estas características. Peces ha advertido de que, hasta ahora, la financiación mediante convocatorias que no cubrían todo el año provocaba interrupciones de varios meses. Cuando las profesionales dejaban de estar presentes, se perdía parte de la relación de confianza construida con las familias.
La financiación a través del IRPF permitirá ahora mantener el programa durante todo el año natural. Para 2027 está prevista una financiación de alrededor de 73.740 euros, según ha indicado el director general de Acción Social, Santi Vera.
Vera ha defendido que la convivencia "se construye" y que las administraciones también "deben intervenir para evitar" su deterioro. El trabajo de los educadores y educadoras sociales busca así mediar en los conflictos, trabajar con los vecinos y coordinar recursos para "mejorar" la calidad de vida, la empleabilidad y las relaciones dentro del entorno.
Rentas "más bajas" y planes para afrontar las deudas
El refuerzo social se acompañará de medidas específicas sobre las propias viviendas. Gicaman aplicará una reducción temporal de las rentas de las 148 viviendas, que se equipararán a los niveles de otras promociones de vivienda protegida que gestiona en Toledo.
La cuantía dependerá del tamaño y las características de cada piso, pero la empresa pública asegura que supondrá "un alivio importante" para las familias. También se pondrán en marcha planes individualizados para regularizar las deudas pendientes.
La reducción del alquiler no significa que la empresa pública de vivienda vaya a renunciar a reclamar los pagos. Gicaman seguirá trabajando para recuperar las cantidades adeudadas y para que quienes puedan pagar su renta lo hagan. Pero, en este caso, la intención es abordar la deuda teniendo en cuenta también las circunstancias personales y familiares que hay detrás de cada impago.
La situación económica de algunas familias ha desembocado durante los últimos años y meses en procedimientos de desahucio, un problema que ha generado movilizaciones en el entorno de Río Yedra. Ahora se pretende actuar antes de que determinadas situaciones lleguen a ese punto, combinando la gestión de la deuda con una intervención social individualizada.
La convivencia como primer objetivo
La situación de las 148 viviendas no afecta únicamente a quienes viven dentro de ellas. El deterioro de algunas zonas repercute también en los vecinos del entorno y ha alimentado durante años una percepción negativa sobre la promoción.
El director gerente de Gicaman, Roberto Cámara, ha reconocido que existen viviendas y espacios "especialmente conflictivos" y ha situado la "mejora" de la convivencia como la "prioridad principal" de esta actuación.
También ha señalado que la empresa pública quiere incorporar una perspectiva social que hasta ahora "no tenía" con la misma intensidad. En esa tarea, la colaboración con Athena pretende servir para "acercar la gestión de la vivienda a las personas que viven en ella".
Francisco Peces ha hablado directamente de la necesidad de "humanizar" la labor de Gicaman. "No se trata solo de gestionar contratos, alquileres o deudas, sino de entender qué hay detrás de cada situación y trabajar con las familias para intentar resolverla".
En paralelo, Athena mantiene una posición contraria a las ocupaciones ilegales. Su presidente ha advertido de que estas situaciones terminan "perjudicando" a otras personas que esperan acceder a una vivienda pública a través del registro de demandantes. También ha alertado de quienes se "aprovechan de la vulnerabilidad del entorno" para ocupar o vender viviendas y tienen interés en que la degradación continúe.
La intervención, sin embargo, no parte de etiquetas. "Nosotros trabajamos con personas y con familias", ha remarcado Francisco, "y cada una de ellas llega con una historia distinta".
Ahí está el cambio de enfoque que persigue este convenio: que detrás de las 148 viviendas de Río Yedra no se vean únicamente alquileres pendientes, ocupaciones o conflictos, sino 148 hogares y las personas que intentan seguir adelante dentro de ellos.
