La Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha ofrecerá un aplazamiento de 60 días del lanzamiento previsto para el próximo 25 de junio en una vivienda pública de Toledo si la persona afectada acepta ingresar en un recurso especializado para el tratamiento de salud mental.
La medida llega después de que la Unión Popular de Inquilinos de Toledo hiciera público el caso y reclamara la paralización inmediata del desahucio por considerar que existe una situación de "vulnerabilidad social" que requiere una respuesta habitacional y asistencial por parte de las administraciones públicas.
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La organización ha destacado que el hecho que se va a producir el próximo jueves puede dejar sin vivienda a dos hermanos jóvenes que residen en un inmueble de titularidad pública vinculado a un contrato de arrendamiento firmado en su día por sus progenitores, ya fallecidos. El sindicato ha señalado además la existencia de informes sociales que reflejarían una situación de vulnerabilidad y reclamaba la suspensión del procedimiento.
Sin embargo, la versión trasladada por la Consejería de Fomento a este medio difiere en algunos aspectos. Fuentes del departamento regional explican que el ocupante actual de la vivienda tiene 25 años y reside en un inmueble adjudicado originalmente a sus padres, sin figurar como titular del contrato de alquiler.
Según la Junta, la persona afectada "acumula impagos" y "ha rechazado" en diversas ocasiones los recursos de atención relacionados con su situación de salud mental que se le han ofrecido desde los servicios públicos.
Desde Fomento sostienen que, pese a ello, se ha decidido plantear una solución que permita evitar el lanzamiento previsto para el 25 de junio. La propuesta consiste en aplazarlo durante 60 días siempre que acepte incorporarse a un recurso específico para el tratamiento de salud mental.
La situación de la promoción pública
La Junta enmarca este procedimiento dentro de la situación general de la promoción pública donde se encuentra la vivienda, integrada por 148 inmuebles de protección oficial.
Según los datos facilitados por la Consejería de Fomento, actualmente existen 108 contratos en vigor. De ellos, únicamente 19 se encuentran al corriente de pago, mientras que otros 89 mantienen algún tipo de deuda.
La deuda acumulada por los inquilinos con contrato vigente alcanza los 2,65 millones de euros, con una media cercana a los 30.000 euros por vivienda. Si se suman los contratos ya extinguidos, el importe total adeudado supera los 3,8 millones de euros.
La promoción registra además 63 procedimientos judiciales activos. De ellos, 39 corresponden a ocupaciones consideradas ilegales por la administración y otros 24 a reclamaciones de cantidad. Durante el mes de junio estaban previstos seis lanzamientos vinculados a procedimientos por deuda, incluido el fijado para el próximo 25 de junio.
La Consejería señala asimismo que la gestión de esta promoción ha generado unos gastos acumulados superiores a 1,2 millones de euros desde 2015 y considera que existe un elevado nivel de conflictividad judicial asociado a estos inmuebles.
La denuncia de los "desahucios invisibles"
Más allá de este caso concreto, la Unión Popular de Inquilinos ha aprovechado la denuncia para alertar sobre una situación que considera cada vez más frecuente en el Casco Histórico de Toledo y que denomina "desahucios invisibles".
Según la organización, se trata de procesos que no siempre pasan por un procedimiento judicial de desalojo, pero que terminan provocando igualmente la salida de residentes de sus viviendas debido a la finalización de contratos de alquiler, incrementos de renta difíciles de asumir, la venta de edificios completos o la transformación de viviendas residenciales en alojamientos turísticos.
La entidad asegura haber tenido conocimiento durante los últimos meses de alrededor de una decena de casos de este tipo en el Casco Histórico y sostiene que afectan especialmente a personas mayores con rentas bajas, mujeres que viven solas, familias con hijos y vecinos que llevan décadas residiendo en el barrio.
Entre las zonas donde afirman haber detectado esta presión residencial citan la calle del Ángel, el Paseo de San Cristóbal y la calle Cadenas.
Por ello, la organización reclama al Ayuntamiento de Toledo, a la Junta de Comunidades y al Gobierno central la declaración del Casco Histórico como "zona tensionada" para limitar la escalada de precios y favorecer el acceso a la vivienda residencial.
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