La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha ejecutado este jueves el desahucio previsto en una vivienda pública del barrio del Polígono de Toledo después de que los afectados rechazaran la propuesta planteada por la administración regional para aplazar el lanzamiento durante 60 días.
Según ha adelantado EnCLM, el desalojo se ha producido finalmente a las 11.30 horas en la promoción de viviendas de protección oficial situada en la calle Río Yedra, según ha confirmado la Unión Popular de Inquilinos, organización que en los últimos días había reclamado la paralización del procedimiento por la situación de vulnerabilidad de los residentes.
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La posibilidad de suspender temporalmente el lanzamiento surgió en las horas previas al desahucio. Tal y como avanzó este medio, la Consejería de Fomento había ofrecido aplazar durante dos meses la ejecución si José Miguel, de 25 años, aceptaba incorporarse a un recurso especializado para el tratamiento de salud mental.
Según explica la Unión Popular de Inquilinos, el abogado de la empresa pública Gicaman trasladó esta propuesta a los afectados durante la jornada del miércoles. Sin embargo, estos decidieron rechazarla al considerar que la alternativa planteada podía implicar un ingreso en un centro especializado.
Desde la organización califican la propuesta de la Junta como un "chantaje" y consideran que se ha utilizado la situación de salud mental del joven como condición para evitar el lanzamiento. A su juicio, la vulnerabilidad de los afectados debería haber sido suficiente para paralizar el procedimiento y facilitar una solución habitacional.
La Unión Popular de Inquilinos insiste en que los hermanos “carecen” de una red de apoyo estable y afrontan dificultades para acceder a una vivienda alternativa. Por ello, durante los últimos días había reclamado tanto a la Junta de Comunidades como a Gicaman la suspensión del desahucio y la apertura de una vía de regularización o realojo.
Según la información trasladada por la organización, José Miguel y su hermana Denisa han abandonado ya la vivienda y han trasladado sus pertenencias a la casa de unas personas conocidas. No obstante, aseguran que no disponen de una solución residencial estable a medio plazo.
Debate sobre la vivienda pública
El caso había generado un intenso debate en torno a la gestión de la vivienda pública y la atención a personas en situación de vulnerabilidad. Mientras la Unión Popular de Inquilinos defendía la paralización del lanzamiento por motivos sociales, la Junta sostenía que la vivienda fue adjudicada originalmente a los progenitores de los ocupantes y que el actual residente no figuraba como titular del contrato de arrendamiento.
Además, la Consejería de Fomento aseguró que en distintas ocasiones se habían ofrecido recursos de atención relacionados con la salud mental que no habían sido aceptados, motivo por el que planteó como alternativa un aplazamiento condicionado a la incorporación a un programa especializado.
La ejecución del desahucio pone fin, al menos por ahora, a un conflicto que en los últimos días había movilizado a la Unión Popular de Inquilinos y reavivado el debate sobre el acceso a la vivienda en Toledo, especialmente en el ámbito de la vivienda pública y de las situaciones de exclusión residencial.
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