El Gobierno de Castilla-La Mancha ha conseguido paralizar un total de 78 desahucios programados -ocho de ellos en viviendas alquiladas– a otras tantas familias de la región, gracias a su trabajo de mediación a través del nuevo servicio instaurado durante este mandato y que ha servido para atender un total de 2.600 consultas jurídicas y de asesoramiento sobre este asunto. Así lo ha indicado la consejera de Fomento, Agustina García Élez, en una entrevista con Europa Press, donde además ha apuntado que ya se han entregado un total de 699 viviendas públicas a familias en situación de vulnerabilidad, superando en 88 las entregas efectuadas durante la pasada legislatura.
Sobre este extremo, García Élez ha reparado en que la práctica totalidad de este parque de viviendas estaba “totalmente abandonado” por la gestión del Gobierno del PP, por lo que ha requerido una fuerte inversión para poner a punto estos inmuebles.
Para ejemplificar este extremo, ha detallado que se está actuando en 26 viviendas ubicadas en la calle Los Turieles de Talavera de la Reina, hogares que estaban listas para entregar pero que ahora van a requerir una inversión de 600.000 euros para poner a disposición de quien lo necesite. “Basta con tener voluntad política, y eso es lo que ha tenido el Gobierno de García-Page en materia de vivienda”, ha aseverado García Élez.
En este punto se ha referido a la Ley de Vivienda en la que trabaja su departamento para su aprobación en las Cortes regionales, un texto legislativo que entre otros extremos recogerá que las entidades bancarias, en determinados casos, estén obligadas a poner a disposición de la Administración regional su parque de viviendas en el caso de que haya demandantes de las mismas en situación de vulnerabilidad.
La intención del texto será “garantizar el concepto social de vivienda”, y según la consejera la idea es que, en aquellos municipios donde haya necesidad y a la vez disponibilidad de viviendas vacías propiedad de los bancos, puedan articularse mecanismos para ofrecerlas a cambio de alquileres sociales.
Aunque ha reconocido que la ley recogerá incluso multas para aquellos promotores que no faciliten este extremo, ha asegurado que ya hay acuerdos con las principales entidades bancarias, que acceden a disponer de estos inmuebles y muestran colaboración. Según ha indicado se han recibido cerca de 70 alegaciones al anteproyecto de ley y se ha conseguido la colaboración de más de 90 colectivos en su redacción, y la intención es perfilar un proyecto de ley que pueda aunar el consenso político de las tres fuerzas con representación parlamentaria.
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