ENTREVISTA | José Luis Martínez Guijarro: "Cambiaremos la Ley de Subvenciones para agililizar los Next Generation"

José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente de Castilla-La Mancha. Foto: Carmen Toldos

Un diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha lo llamó el “maná europeo” y quizá pueda serlo para frenar el impacto de la COVID-19. El Instrumento Europeo de Recuperación conocido como Next Generation-EU implicará 140.000 millones de euros para España en forma de transferencias y préstamos para el periodo 2021-2026.

¿Cómo se prepara Castilla-La Mancha para recibirlo y, sobre todo, para gestionarlo y ejecutarlo sin perder ni un solo euro? Hablamos con el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, que pilotará el proceso apoyándose, entre otras, en la Dirección General de Coordinación y Planificación de la región.

Los fondos llegarán en dos tramos. Para el primero, reconoce, “hay que correr”. El dinero tiene que estar gastado en un 70% a 31 de diciembre de 2023. De momento se esperan 892 millones para la región. Después, a partir de esa fecha, deberían llegar nuevos fondos con un horizonte de ejecución hasta 2027, pero para eso todavía habrá que esperar.

Moncloa tiene ya preparado el borrador del Real Decreto, el marco nacional para gestionar los fondos europeos COVID. ¿Conocen ya el documento y tienen una valoración de lo que reglamenta?

Lo conocemos y lo está viendo la Secretaría General de Hacienda que ostenta la responsabilidad en cuanto a Contratación e Intervención General de la Junta de Castilla-La Mancha para ver todos los ajustes que podemos hacer una vez que se aplique el Real Decreto Ley y si podemos llevar a cabo alguna adaptación normativa, por ejemplo, en materia de subvenciones. Lo estamos organizando desde el punto de vista jurídico.

¿Qué plazos se están manejando?

Desde el 15 de octubre el Gobierno de España está en conversaciones informales con la Comisión Europea para avanzar en definición del Plan nacional que se presente a Bruselas. El plazo en teoría para el Gobierno de España se abriría en teoría el 1 de enero hasta el 30 de abril. Ese es el plazo para que España presente su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía y a partir de ese momento el Consejo de la Unión Europea deberá aprobarlo en el plazo de dos meses.

Pero todo esto está en vilo porque Hungría y Polonia no dan su visto bueno a los Presupuestos de la Unión Europea que incluyen los fondos Next Generation. Los plazos se mantienen siempre y cuando se aprueben antes del 31 de diciembre, si no, no sabemos qué ocurrirá. Confiamos en que se resuelva a lo largo del próximo mes.

Castilla-La Mancha ya tiene definidas las políticas palancas y líneas de actuación previstas. Hasta 2023, se propone el ‘Plan Castilla-La Mancha Avanza’ con nueve ejes sobre los que se pide opinión a los castellanomanchegos. ¿Cuándo debe tener listos sus proyectos la región?

En Castilla-La Mancha empezamos a trabajar en julio y creamos grupos de trabajo con distintas direcciones generales del Gobierno regional que pueden impulsar proyectos dentro de las líneas estratégicas que marca el Next Generation-EU.

Se le ha dado formalidad jurídica, a través de una Comisión de Coordinación que yo presido en la que están los responsables de los fondos europeos y de las direcciones generales para estudiar también el Programa Operativo de fondos comunitarios, los fondos más tradicionales (FEDER, Fondo Social Europeo y FEADER), para el periodo 2021-2027.

Estamos preparando proyectos y haciendo propuestas a los ministerios de manera informal hasta tener la normativa específica. Estamos también aportando sugerencias al Gobierno de España.

¿Por ejemplo?

El Gobierno de España ha sacado ya convocatorias para las llamadas ‘Manifestaciones de Interés’ que son muy muy parecidas a las que nosotros sacamos aquí hace casi tres años, las ‘Expresiones de Interés’ para poner los fondos FEDER a disposición de los ayuntamientos.

Ellos ahora van a hacer básicamente lo mismo para poner estos fondos a disposición de las comunidades autónomas, ayuntamientos o empresas. Estamos colaborando activamente con los ministerios.

El reto que tiene este país es ejecutar los 140.000 millones de euros, una cantidad ingente para un plazo reducido de tiempo. Es importante la aprobación del decreto-ley cuanto antes para que podamos ajustar todos los procesos administrativos.

¿No hay horizonte entonces para presentar los proyectos castellanomanchegos? ¿Hay todavía tiempo?

Sí, por ejemplo el Ministerio para la Transición Ecológica ya ha sacado dos convocatorias para las ‘Manifestaciones de Interés’.

Queremos hacer una gran apuesta por el hidrógeno verde como comunidad autónoma. Esta convocatoria vence el 19 de diciembre. Más allá de nuestros proyectos, se lo hemos pasado a las empresas para que presenten los suyos. Hay que recordar que en estos fondos es fundamental la colaboración público-privada, es condición que pone la Unión Europea.

En materia de despoblamiento le hemos pasado la convocatoria a las diputaciones provinciales, al margen de lo que plantearemos nosotros. Estos son ahora los plazos, después hay que concretar los proyectos y la normativa por parte del Gobierno de España.

Mantenemos contactos con los empresarios de todas las provincias y hemos abierto un portal para nos hagan saber lo que tienen en cartera sobre todo en cuanto a digitalización y transición energética para remitirlo a los ministerios.

Lo queremos centralizar a través del Instituto de Finanzas donde hemos creado la figura de tutores empresariales, tutoras en este caso porque son cinco mujeres, una en cada provincia para ayudar a tramitar.

¿Se está implicando el tejido empresarial regional?

Sí, hemos identificado algunos proyectos importantes como en Albacete con un Complejo Residencial para una Unidad de Investigación de Enfermedades Neurológicas, a través del Grupo García Baquero y nos hemos comprometido a tramitarlo como Proyecto de Singular Interés (PSI).

O junto a Iberdrola y Fertiberia, otro proyecto en Puertollano para desarrollar hidrógeno verde junto al Centro Nacional del Hidrógeno. En Cuenca, el futuro Parque Tecnológico vinculado a la Bioeconomía y luego nos llegan proyectos de empresas que tendrán su momento gracias a esta financiación adicional y la vamos a intentar sacar el máximo partido. Hay que gastárselo.

El Ministerio de Industria ya prepara también convocatoria para cuestiones empresariales.

¿Hay límite de proyectos o se intentará presentar todos los posibles de cara a la selección final que haga España?

No, no hay límite.

Estaban además pendientes de engarzar proyectos con otras comunidades autónomas como Aragón o Castilla y León. ¿Ya hay algo concreto?

Sí, pero cada comunidad autónoma debe presentar los suyos. En el Foro para el Reto Demográfico en el que estamos ocho regionales, pedimos que se tuviera en cuenta el despoblamiento a la hora de seleccionar proyectos. Se ha admitido hasta tal punto de que ha sacado una convocatoria cuyos proyectos después será atendidos por Transición Ecológica o por otros ministerios

Nosotros presentaremos uno para la atención de los mayores en el medio rural. Sobre todo trabajamos con Aragón y con Castilla y León no solo en cuestiones sociales sino sanitarias. Y creemos que hay que mejorar en conectividad en estas zonas o las infraestructuras de distribución de agua en los pueblos más pequeños.

892 millones hasta 2023, de los que 500 todavía no están confirmados, pero sí presupuestados. ¿Asumimos riesgo como comunidad autónoma? Sí, pero hemos valorado con Hacienda hacerlo así

 

¿Con qué dinero contará Castilla-La Mancha?

Tenemos claro que tenemos asignados del REACT-EU (es el fondo de ayudas directas a la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales) 492 millones de los que 392 son para 2021 y 100 para 2022.

Después está el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el que hemos metido una previsión de 500 millones. Responde a los programas que estamos presentando a los ministerios: rehabilitación energética de vivienda, movilidad y transporte, depuración de agua, economía circular…

Todavía no hay confirmación oficial de que tendremos esa cifra, pero hemos querido que los presupuestos estuvieran preparados para evitar la tramitación presupuestaria posterior y poder ejecutar rápidamente. Tenemos que tener comprometido el 31 de diciembre de 2023 el 70% de los fondos. Y para eso hay que correr.

¿Pero eso no entraña riesgos? Se lo digo por aquello del cuento de la lechera…

Bueno, hemos preferido asumir el riesgo porque podré tener más o menos en rehabilitación de viviendas, pero ya tengo el programa porque lo he hablado con el Ministerio de manera informal y me ha dicho que sí.

Podría esperar a que el Ministerio resuelva, convoque Conferencia Sectorial y me lo comunique y empezar a tramitar o bien si ya tengo la partida, ejecutar.

¿Asumimos un riesgo como comunidad autónoma? Sí, pero lo hemos valorado con Hacienda es preferible hacerlo así. Si no, se nos podría pasar 2021 sin poder ejecutar porque suponiendo que Hungría y Polonia desbloqueen, los ministerios no van a resolver hasta junio.

Ser más ágiles en la gestión de los fondos europeos: “Queremos hacerlo con una nueva Ley de Medidas Administrativas”

 

Esa alta exigencia en la rapidez para ejecución por parte de la Unión Europea. ¿Supondrá reforzar el sistema en la región o ciertos mecanismos para ser más ágiles?

Claro, el Real Decreto que se apruebe significará una simplificación de trámites en la Ley de Contratos, en la Ley de Subvenciones…Las tendremos seguramente que incorporar a nuestra propia legislación de subvenciones. Tendremos que modificarla.

Queremos hacerlo con una nueva Ley de Medidas Administrativas. Tenemos la Ley de Presupuestos que no lleva medidas de acompañamiento administrativas y la necesito para adaptar la normativa regional al real decreto estatal.

El Gobierno de España recuperará las agencias estatales que se eliminaron en 2015 para ayudar en la gestión de fondos. ¿Ese modelo se va a repetir de alguna forma en Castilla-La Mancha?

No, utilizaremos recursos que ya tenemos. Creemos que son suficientes.

Por ejemplo, el Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración de Puertollano (ISFOC). Hemos metido una partida en los presupuestos para que ejecute toda la cuestión de abastecimiento de energía.

GICAMAN puede ejecutar lo relacionado con la rehabilitación energética de viviendas, más allá de que tiene viviendas propias. Lo que tiene que ver con medio ambiente podemos hacerlo a través de GEACAM.

¿Habrá que reforzar esos instrumentos y sus estructuras? Probablemente. Pero tenemos que tener claras las consignaciones económicas que vamos a tener.

Europa vincula ayudas a cambios estructurales. ¿Hasta dónde está dispuesto a profundizar el actual Gobierno de Castilla-La Mancha?

Hemos aprobado la Ley de Proyectos Prioritarios en la que introducimos simplificación administrativa en materia urbanística, ambiental…No deja de ser lo mismo que lo que en el Real Decreto que se va a aprobar llaman Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), que son los que se canalizarán a través de la colaboración público-privada.

No quiere decir que no se vayan a cumplir los requisitos ambientales o urbanísticos, sino que tendrán prioridad de tramitación. Tendremos que cambiar la Ley de Subvenciones y si hay que hacer más ajustes, los haremos, pero las exigencias de la Unión Europea son más de carácter nacional, aunque después las comunidades autónomas tengamos que modificar alguna cuestión.