Colectivos contra las macrogranjas: "Nuestras reivindicaciones serán cada vez más agresivas y duras"

Josefa Escribano, vecina de Quintanar del Rey (Cuenca), en una manifestación contra la ganadería industrial. Foto: Plataforma de Quintanar del Rey (Cuenca)

“Jamás pensé en mi vida remangarme las sayas y mostrar el trasero en público y ante las cámaras, pero cuando a una le tocan su tierra hace eso y más”. Es lo que dice Josefa Escribano, vecina de Quintanar del Rey (Cuenca). A sus 84 años no dudaba en participar en una movilización hace un par de semanas contra la instalación de una macrogranja porcina en su pueblo.

El ‘macrocalvo’ protagonizado por ella y por otros vecinos y vecinas se hizo viral. El llamativo ‘evento’ para buscar repercusión mediática es nuevo. La reivindicación de fondo, no. Y lo cierto es que tanto el mensaje como la acción se ha endurecido con el paso del tiempo y con el desgaste de la lucha ciudadana.

Así lo reconoce Inmaculada Lozano, portavoz de CLM Stop Macrogranjas y miembro de la coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial. “No nos podíamos quedar en el pataleo local para terminar convirtiéndonos en Aragón. Vamos a ir a más. Nuestras reivindicaciones serán cada vez más agresivas y más duras hacia quien tiene el poder. Hemos pasado de reuniones en los despachos políticos a seguir sin normativa y mientras las empresas dan sus pasitos y consiguen aprobar sus proyectos”.

Y eso a pesar de reconocer, dice, cierto atisbo esperanzador en la posición que están adoptando algunos alcaldes del partido en el poder en Castilla-La Mancha. "Algunos ayuntamientos o diputaciones en manos del PSOE se han mostrado contrarios a estas explotaciones. Creemos que puede producirse una ruptura de posiciones que obligue al Gobierno regional a escorar en contra de las macrogranjas. Ocurre lo mismo con PP o Ciudadanos. No tienen una postura clara y nuestra interpretación estas empresas son un poderoso lobby".

En 2017 nació Stop Macrogranjas Castilla-La Mancha. Una plataforma regional que trató de canalizar las reivindicaciones atomizadas de numerosos colectivos vecinales (hoy hay más de 30 en la región) y con el precedente de lo ocurrido en Balsa de Ves (Albacete).

Su alcaldesa, la socialista Natividad Pérez, había denunciado las consecuencias que había traído al pueblo una macrogranja porcina que llevaba operando desde 2006: 1.300 hectáreas y cinco puestos de trabajo, incluyendo el de la anterior alcaldesa que concedió la licencia, según recogía la cadena Ser. Actualmente, Balsa de Ves sigue luchando por evitar las constantes ampliaciones de la macrogranja. La última este mismo año.

“Creamos la coordinadora regional porque notamos un boom de proyectos en pueblos donde no había ninguna tradición porcina”, explica Inmaculada Lozano, portavoz del colectivo que desde entonces trata de “frenar” las explotaciones industriales ganaderas en la región.

Desde entonces ha llovido mucho (purín). Solo en Cuenca y según un informe de Pueblos Vivos, entre 2000 y 2019 el Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado 120 macrogranjas para varios tipos de animales en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos en la provincia de Cuenca. 17 de las 32 instalaciones de cerdos fueron autorizadas en fecha posterior a la declaración de zonas vulnerables.

“Los mapas de zonas vulnerables a contaminación sirven de poco”, lamenta Inmaculada Lozano, porque “ni se valora bien el problema ni hay controles de la contaminación del agua”. Su miedo, confiesa, es que llegue a producirse algo similar a lo ocurrido en Santiago de Compostela este mismo mes: agua turbia en los grifos debido a los purines vertidos en el río Tambre.

“No están controlando los purines. ¿Cuánto se echa en la tierra? ¿En qué zonas y cultivos? Aquí se juega con la picaresca del abono gratis sin control. Algunos, como en Yémeda (Cuenca) aprovechan para echarlo cuando llueve”.

En este 2021 las explotaciones ganaderas han crecido “como setas”. El mapa regional engorda cada día en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. “La industria nos vende sus premios europeos de tecnología, de capacidad de trabajo, pero, claro, eso también es capacidad de engorde, de consumir agua y de producir mierda que nos comemos la gente de la España rural”.

“El modelo intensivo no es ganadería, es una industria de engorde”

Las macrogranjas porcinas no son las únicas en proliferar. Cada vez se publican más autorizaciones ambientales para albergar a otro tipo de animales: pollos, vacas…

Los mensajes denotan el cada vez mayor nivel de hartazgo entre los afectados / Foto: Plataforma de Quintanar del Rey (Cuenca)

Recientemente Stop Macrogranjas denunciaba la implantación de una explotación avícola con millón y medio de pollos en San Clemente (Cuenca). Una denuncia que ha unido en la protesta a vecinos de las provincias de Cuenca y de Albacete. Es solo un ejemplo de la cada vez mayor cooperación territorial.

“¿Dónde está el límite? Estamos en contra de un modelo que empieza con unos miles, sigue con muchos más y termina implantando más explotaciones en los alrededores. El modelo intensivo así lo pide y eso no es ganadería es una industria de engorde”.

Por eso, recuerda Inmaculada Lozano, “estamos reclamando etiquetado para estos productos, como ya se hizo con los huevos. Queremos saber de dónde procede la carne que comemos”.

El 22 de julio de 2018, el Gobierno regional anunciaba que sería el primero en aprobar una normativa para ampliar hasta los dos kilómetros la distancia de instalación de granjas a los núcleos urbanos. Y lo hizo en octubre de ese mismo año. Sin embargo, las plataformas ciudadanas siempre lo han considerado insuficiente.

A finales de 2018 la batalla estaba planteada formalmente, los ganaderos y empresarios defendían su posición y el tema se llevó a Bruselas.

En los últimos estertores de la pasada legislatura, PP y PSOE unieron fuerzas en las Cortes regionales para rechazar la moratoria en la instalación de granjas intensivas en la región. Podemos se quedó solo su idea de poner en marcha Plan Estratégico de Ganadería Intensiva en Castilla-La Mancha.

El paisaje en el Parlamento regional ha cambiado en la actual legislatura: una mayoría absoluta socialista y Podemos fuera del Convento de los Gilitos. Así que el tema ha salido del debate político y se ha trasladado a las calles, con un gran obstáculo durante más de año y medio: la distancia social a la que obliga la pandemia de COVID-19 que ha minimizado, aunque no silenciado, la protesta ciudadana.

El Ejecutivo regional dejó la patata caliente en manos de los alcaldes, alegando que podrían esquivar las macrogranjas con ordenanzas municipales severas. “Los ayuntamientos, y lo vienen denunciando, tienen las manos atadas, no tienen herramientas y por mucho que lo quieran blindar”, replica Inmaculada Lozano.

Por eso la lucha continúa. “No nos creemos a las empresas que dicen que estas instalaciones dinamizan las comarcas. Muchos alcaldes de distinto color político, tampoco. Ya tenemos ejemplos y no se crea empleo”.

En una entrevista en mayo de este año, el consejero del ramo, Francisco Martínez Arroyo, aseguraba en una entrevista con elDiarioclm.es que su departamento estaba estudiando redefinir el tamaño máximo de las explotaciones ganaderas. No hay novedades hasta ahora.

El salto a la política de las plataformas ciudadanas

Sobrepasado ya el ecuador de legislatura con creces, desde CLM Stop Macrogranjas también miran hacia las próximas elecciones. “En Almendros, responsables de la plataforma ciudadana contra una macrogranja de cerdos gobierna en este pueblo de Cuenca en esta legislatura. "Si tu alcalde le baila el agua a los de arriba o no se define, hay gente con iniciativa que va a estar contra estos modelos”, sostiene Lozano.

Es un camino similar al que ya inició Teruel Existe y que ahora se ha trasladado al conjunto de la Coordinadora de la España Vaciada, con su reciente anuncio de concurrir a las Elecciones. La ciudadanía toma la iniciativa política. “Muchos nunca habían pensado en meterse y al final están en los ayuntamientos para cambiar cosas”, explica Lozano.

La coordinadora estatal Stop Ganadería Industrial forma parte de la Coordinadora de la España Vaciada. “Hemos hecho aportaciones a las mesas de Ganadería y Agricultura. Todos pedimos una moratoria para la ganadería industrial en España hasta que no se regularice el sector”.