El Gobierno central ha endurecido las condiciones que deben cumplir las zonas de bajas emisiones (ZBE) para garantizar que funcionan de manera efectiva y no se quedan únicamente en una delimitación sobre el mapa. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 3 de noviembre, una modificación del real decreto que regula estas áreas para exigir a los ayuntamientos que apliquen restricciones de acceso, circulación y estacionamiento en función de las emisiones de los vehículos, acompañadas de un régimen sancionador efectivo y sin periodos transitorios que retrasen su entrada en vigor.
La decisión del Ejecutivo llega en un momento especialmente delicado para Toledo, donde la implantación de la Zona de Bajas Emisiones continúa bloqueada por la falta de acuerdo entre los socios del Gobierno municipal, PP y Vox. La formación de extrema derecha mantiene su rechazo a la ordenanza que debe regularla, pese a que el alcalde, Carlos Velázquez, ha advertido en varias ocasiones de las consecuencias económicas que puede tener para la ciudad no aprobarla.
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La modificación del Real Decreto 1052/2022 pretende corregir algunas de las deficiencias detectadas durante los primeros años de aplicación de esta normativa. Entre ellas, el Ministerio para la Transición Ecológica señala la existencia de moratorias "excesivamente prolongadas" para aplicar sanciones, zonas "sin restricciones de acceso" según el potencial contaminante de los vehículos y delimitaciones territoriales "insuficientes".
Con el nuevo texto, los municipios obligados a disponer de una ZBE tendrán que acreditar documentalmente que las medidas están realmente en funcionamiento. Esto incluye comunicar la entrada en vigor de las restricciones, así como demostrar que existen sistemas de control de accesos, monitorización y seguimiento.
Además, las ordenanzas municipales deberán contemplar y aplicar el régimen sancionador previsto en la legislación estatal de tráfico, sin recurrir a mecanismos transitorios que demoren su efectividad. El objetivo es que las limitaciones no sean únicamente formales, sino que existan instrumentos para garantizar su cumplimiento.
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Toledo, con la ZBE pendiente y millones de euros en riesgo
En la capital regional, el proyecto sigue sin encontrar una salida política. Vox ha votado en contra de la ordenanza que debía permitir su implantación y su vicealcaldesa, Inés Cañizares, ha justificado su oposición por vincular esta medida con la Agenda 2030 y considerar que Toledo "no tiene problemas de contaminación" que justifiquen las restricciones.
El alcalde, Carlos Velázquez, ha reclamado responsabilidad a sus socios de Gobierno y ha insistido en que aprobar la ZBE responde a una obligación legal, no a una decisión política voluntaria. También ha advertido de que la ciudad podría tener que devolver hasta seis millones de euros en ayudas si no cumple los compromisos adquiridos.
Por su parte, el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, llegó a dar prácticamente por imposible la aprobación de la zona de bajas emisiones tras constatar que no contaba con el respaldo de Vox ni con el de los grupos de la oposición. El edil cifró entonces en 9,6 millones de euros los fondos que podrían estar en riesgo, al sumar las ayudas estatales y autonómicas y la posible pérdida de bonificaciones al transporte público.
La situación se complica además por las discrepancias sobre la propia ordenanza de movilidad. Este miércoles, PSOE e Izquierda Unida han presentado un total de 46 alegaciones al texto impulsado por el Gobierno local. Ambas formaciones cuestionan, entre otros aspectos, que la regulación de la ZBE se incorpore a esta ordenanza en lugar de contar con una normativa específica. IU reclama expresamente eliminar el artículo que la contempla para abordar su regulación por separado.
Una obligación para las ciudades de más de 50.000 habitantes
La normativa estatal establece la obligación de implantar zonas de bajas emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes, además de en los territorios insulares y en las localidades de más de 20.000 habitantes que superen determinados valores límite de calidad del aire.
El real decreto original, aprobado en diciembre de 2022, desarrolla las obligaciones recogidas en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Con la modificación ahora aprobada, el Ejecutivo pretende reforzar tanto la seguridad jurídica de los ayuntamientos como la eficacia de estas zonas.
El Ministerio para la Transición Ecológica defiende que las ZBE son una herramienta "fundamental" para "reducir" la contaminación atmosférica y las emisiones de gases de efecto invernadero, "proteger" la salud pública y "avanzar" hacia modelos de movilidad más sostenibles.
La nueva regulación también permitirá comprobar si las zonas implantadas cumplen realmente sus objetivos y servirá como referencia para los instrumentos de financiación destinados a impulsar la transformación digital y sostenible del transporte urbano.
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