Cajas de botellas interceptadas / Foto: Guardia Civil
La Guardia Civil ha inmovilizado 2.852 botellas de vino etiquetado como Denominación de Origen (DO) La Mancha que había sido producido en una cooperativa de Yepes (Toledo) y no contaba con la autorización ni los requisitos necesarios.
Por estos hechos, efectivos de la Unidad de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Toledo, en el marco de la Operación 'Vimalto', han investigado a un hombre de 56 años de edad como representante legal de esta mercantil por un presunto delito contra la propiedad industrial.
La cooperativa investigada hacía uso en el etiquetado de simbología y marcas propias de la denominación de origen sin la pertinente certificación, según han comprobado con las investigaciones y tras la realización de inspecciones entre componentes del Seprona e Inspectores del Servicio de Ordenación Alimentaria, adscritos a la Delegación provincial de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta.
En total, se han inmovilizado un total de nueve palet, con 2.852 botellas de vino etiquetado DOP, ya dispuestas para su venta. De igual modo, se han incautado 25.000 etiquetas, 29.000 contra-etiquetas y 7.200 cápsulas, todas ellas conteniendo inscripciones y simbología propia de la Denominación de Origen protegida.
Empresa certificadora
Dentro de esta D.O.P., su propio Consejo Regulador mantiene una empresa certificadora, que ejerce como elemento de control para verificar que los vinos cumplen con los requisitos y estándares de calidad establecidos en el pliego de condiciones de los Vinos de la Denominación de Origen La Mancha.
Con estas actuaciones se ha logrado evitar la comercialización en la cadena de distribución, de vino que se identificaba con una calidad diferenciada cuando realmente se trataba de un vino de menor calidad.
En esta investigación han participado conjuntamente inspectores de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y miembros del Seprona de Toledo.
Conforme al Código Penal, la mercantil investigada se enfrenta a penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses por la supuesta comisión de un delito contra la propiedad industrial.
