El “laberinto judicial” provocado por el Plan de Ordenación Municipal (POM) de 2007, todavía pendiente de su total nulidad por parte de los tribunales, ha provocado que el Ayuntamiento de Toledo haya decidido preparar la próxima entrada en vigor, con modificaciones, del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del año 1986. El objetivo es que se consoliden las actuaciones urbanísticas realizadas en la ciudad en todos los años transcurridos y no paralizar licencias ya concedidas. De hecho, en 20 años de vigencia, este último proyecto ha tenido hasta 28 modificaciones.
La situación se produce también porque el Tribunal Supremo ha inadmitido el incidente de nulidad presentado por la Comisión Municipal de Desarrollo Económico, por recomendación de los técnicos municipales, y que se consideraba una iniciativa factible para solucionar el bloqueo del POM durante más de diez años.
Pese a estos contratiempos, el concejal de Urbanismo, Teo García, ha asegurado que la ciudad “está más preparada que nunca” para asumir cualquier derivada del proceso judicial en el que se encuentra inmerso el POM de 2007 y ha reiterado que las herramientas que ha elaborado el Ayuntamiento tienen como objetivo “garantizar nuestro desarrollo urbano y social y que la ciudad no se paralice”. El responsable municipal ha asegurado que las últimas resoluciones judiciales sobre el POM de 2007 que confirman la nulidad del mismo eran “previsibles”, si bien ha aclarado que el Tribunal Supremo ha decidido sobre tres procesos y quedan todavía por resolver otros cuatro.
En cualquier caso, explica que desde el Ayuntamiento se ha trabajado de manera constante para garantizar la seguridad jurídica, urbanística y administrativa de la planificación pasada y futura ante cualquier eventualidad. Así, ha trasladado que la ciudad “está más preparada que nunca para dar respuesta a cualquier situación que se plantee en este laberinto judicial que arrastramos desde hace años”.
Dicho esto es cuando ha precisado que el Consistorio municipal trabaja en la actualización del Plan General de Ordenación Urbana de 1986, que entraría en vigor en caso de confirmarse la nulidad incorporando “todas las modificaciones precisas que permitan mantener los suelos ya consolidados”. El objetivo es también garantizar el desarrollo de los planes parciales aprobados en suelos urbanizables y, en definitiva, “consolidar el desarrollo económico y social de nuestro ciudad en los términos pujantes que recogen los indicadores socioeconómicos”.
Según Teo García, la situación que se plantea en este momento “no difiere en nada de la hoja de ruta que teníamos marcada”. Y ha adelantado que paralelamente a este trabajo de actualización del PGOU del 86 el Ayuntamiento trabaja en el avance de un nuevo planeamiento “más adaptado a la realidad actual, más sostenible y situando a las personas y no al ladrillo como eje del desarrollo”.
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