El proyecto para construir un complejo hotelero a orillas del Tajo, en el entorno del Puente de la Cava, afronta una nueva fase de tramitación marcada por las alegaciones que se han presentado y que la Asociación Vecinal de La Cava puso en común hace unos días en un encuentro informativo organizado con motivo de las fiestas del barrio.
El Plan Especial de Reforma Interior de Mejora (PERIM) ‘Puente de la Cava’, que se tramitó ya por primera vez en 2022 bajo el gobierno del PSOE, ha sido reformulado respecto a su primera versión y volvió a salir a información pública en febrero de 2026, ya con PP y Vox gobernando en Toledo.
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La nueva propuesta reduce la altura de los edificios y fragmenta el volumen inicialmente previsto, pero las objeciones presentadas por los vecinos, que llevan años de lucha contra este proyecto, plantean que persisten problemas urbanísticos, ambientales, patrimoniales, de movilidad y de procedimiento.
El ámbito sobre el que se plantea la actuación tiene 18.379,75 m2 y se sitúa en la margen izquierda del Tajo, en la zona de transición entre el Casco Histórico, los Cigarrales y la Vega Baja. La primera propuesta contemplaba un edificio de hasta cinco alturas. La reformulación divide ahora la edificación en varios módulos y limita su altura máxima a tres plantas, con una sola sobre la rasante de la carretera de Navalpino. El documento pretende además preservar la vegetación existente y mejorar la integración paisajística.
El nuevo PERIM plantea también una zona verde pública de 12.485,31 metros cuadrados y un paseo peatonal paralelo al río. Los promotores defienden que la actuación permitirá recuperar y poner en uso público un espacio actualmente infrautilizado, mejorar la conexión peatonal junto al Tajo y generar actividad económica y empleo. El informe municipal que acompañó la nueva propuesta consideró mejoradas la volumetría, la integración en el entorno natural y la solución de acceso desde la carretera regional.
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Pero para la Asociación Vecinal de La Cava, las modificaciones no resuelven las cuestiones de fondo. Sus alegaciones no se limitan al rechazo del uso hotelero, sino que cuestionan distintos aspectos de la ordenación propuesta que han abordado junto a la Plataforma 'NO al Hotel de la Cava' en el mencionado encuentro.
Impactos sobre el barrio, movilidad, la ribera, el paisaje o el patrimonio
Uno de los principales bloques se refiere al impacto acumulado sobre el barrio. Los vecinos sostienen que La Cava es ya un entorno residencial sometido a una creciente concentración de usos turísticos, hosteleros, recreativos y de elevada afluencia. Por ello reclaman que el proyecto no sea analizado de forma aislada, sino conjuntamente con las actividades existentes y las previstas en la zona. En sus alegaciones piden evaluar los efectos acumulados sobre el tráfico, el ruido, las emisiones, la contaminación lumínica, los servicios urbanos, la salud y la calidad de vida.
La cuestión de la movilidad ocupa otro de los argumentos centrales. La asociación considera que la red de accesos del barrio presenta limitaciones y que la nueva solución de entrada no demuestra suficientemente cómo funcionará el conjunto de la red cuando se incorporen las actividades actuales y futuras. Reclama, por tanto, un estudio de movilidad actualizado y representativo de esa situación acumulada.
También existe una controversia sobre el valor ambiental de la ribera. La asociación rechaza que el ámbito pueda ser considerado simplemente como un espacio abandonado o degradado y defiende su condición de ribera naturalizada, con funciones de regulación térmica, mejora de la calidad del aire, absorción de carbono, reducción del ruido, retención de agua y conexión ecológica. Por ello reclama que se valoren los servicios ambientales que podrían perderse con la transformación del espacio.
A ello se suma la preocupación por el riesgo hidráulico. Las alegaciones solicitan que se incorporen al expediente las determinaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo y que se analicen expresamente los riesgos y las posibles alternativas antes de continuar con la tramitación. El arquitecto Ciro Fernández, en sus alegaciones particulares y tal como hizo ya en las que presentó en 2023, va más allá y reclama que se acredite la situación del proyecto respecto al dominio público hidráulico y la zona de policía, así como las condiciones que, en su caso, establezca la Confederación.
El paisaje y el patrimonio constituyen otro de los puntos de discrepancia. La asociación considera insuficiente recurrir a recreaciones o fotomontajes y reclama un análisis real de visibilidad desde los puntos sensibles del entorno histórico de Toledo. Fernández cuestiona asimismo la ausencia, según su escrito, de un informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural y reclama que se analice la afección sobre el entorno protegido y sobre las vistas del conjunto histórico.
Las objeciones incorporan además cuestiones estrictamente urbanísticas y jurídicas. La Asociación Vecinal cuestiona que el expediente siga utilizando referencias normativas que considera superadas y señala cambios sustanciales entre las distintas versiones del PERIM en aspectos como implantación, accesos, vegetación, edificabilidad y volumen.
Las alegaciones de Ciro Fernández desarrollan con mayor detalle esta vertiente. Entre otras cuestiones, sostiene que no se habría dado una respuesta motivada a las objeciones presentadas en 2023; cuestiona la capacidad del promotor para impulsar determinadas modificaciones del planeamiento; reclama informes sectoriales pendientes y pone en duda la compatibilidad de determinados usos y parámetros de edificabilidad con el planeamiento que considera vigente. También plantea dudas sobre la atribución de aprovechamientos urbanísticos en terrenos que identifica como no privados y sobre la necesidad de una reparcelación.
La Asociación, sobre el reformulado proyecto: "El mismo perro con distinto collar"
En febrero, cuando el PERIM reformulado pasó por la Comisión de Planeamiento, PP y Vox defendieron continuar la tramitación y esperar al pronunciamiento de los informes correspondientes, mientras PSOE e IU expresaron su rechazo al proyecto y reclamaron mayor consenso. Los representantes vecinales que acudieron a la comisión sostuvieron que la nueva versión era, pese a sus modificaciones, "el mismo perro con distinto collar", según trasladó Carlos Gutiérrez, portavoz de la Asociación Vecinal de La Cava.
También se ha pronunciado esta semana sobre la tramitación del proyecto el concejal de Planeamiento Urbanístico, Florentino Delgado. A preguntas de los medios tras el rechazo mostrado en el encuentro informativo -también a través de la Real Fundación de Toledo, Ecologistas en Acción o la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss- ha defendido que las decisiones municipales deben apoyarse en los informes técnicos y jurídicos y ha evitado pronunciarse anticipadamente sobre el fondo de las alegaciones.
En sus declaraciones, el edil de Vox ha diferenciado entre la participación legítima en el procedimiento y lo que considera "opiniones de carácter político" que a su parecer no deben condicionar la actuación administrativa. "Nosotros estamos en acción de gobierno, no en acción de ni de propaganda", ha afirmado, destacando que la opinión del equipo de Gobierno municipal se realizará conforme a lo que digan los técnicos y los juristas sobre el contenido de esas alegaciones.
Tras estas declaraciones, Carlos Gutiérrez defiende que el encuentro organizado por La Cava tuvo precisamente un carácter informativo y que en él se expusieron legislación, criterios técnicos y las alegaciones presentadas. Sostiene que los participantes, salvo él mismo como representante vecinal, eran perfiles técnicos y rechaza que hubiera un trasfondo político. Al mismo tiempo, cuestiona que un concejal se desmarque del debate político y sostiene que los representantes públicos deben fijar criterio sobre actuaciones urbanísticas que pueden transformar el entorno de la ciudad.
Así, el nuevo periodo de información pública no plantea únicamente la discusión sobre la construcción de un hotel. El expediente concentra un debate más amplio sobre qué usos puede asumir la ribera del Tajo, cómo se compatibiliza la actividad turística con un barrio residencial y cómo deben ponderarse el patrimonio, el paisaje, la movilidad, los riesgos hidráulicos y los servicios ambientales de este enclave.
La respuesta definitiva tendrá que llegar ahora a través de la propia tramitación administrativa: el análisis de las alegaciones y de los informes técnicos y sectoriales pendientes determinará qué cuestiones son asumidas, modificadas o rechazadas en el expediente.
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