¿Qué ocurrirá con el Plan de Ordenación Municipal de Toledo, con el vigente que data de 2007 y con el nuevo que elabora el Ayuntamiento? El concejal de Urbanismo, Vivienda y Promoción Económica, Teo García, ha dado a conocer que este ha sido uno de los asuntos tratados en la última Comisión de Urbanismo celebrada este lunes.
Se ha analizado la situación y la perspectiva del Plan de Ordenación Municipal (POM) de 2007, actualmente en vigor, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional un artículo de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU) y que puede terminar afectando al POM en vigor, la herramienta urbanística en la que se basa el Ayuntamiento para redactar un nuevo plan para la ciudad.
Teo García ha recordado que habrá que esperar al pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) que fue el que planteó la cuestión de inconstitucionalidad. "Hasta ese momento, nuestro trabajo va a seguir manteniendo la tranquilidad, sensatez y la gestión de los intereses colectivos de la ciudad”, asegura el concejal.
Además ha explicado que el Ayuntamiento está preparado para “poner en marcha cualquier mecanismo que permita que la ciudad siga avanzando, si en un momento determinado las circunstancias son distintas”. De hecho, ha añadido, “en la propia comisión, hemos visto las posibilidades que tenemos de modificar la ordenanzas partiendo de la actualización de todos los avances que ha habido en el urbanismo y partiendo del plan general de 1986, actualizando las ordenanzas y comprometiéndonos a minimizar los efectos que pudieran dar lugar a la anulación del POM”.
A este respecto, el edil de Urbanismo ha destacado el “gran nivel de consenso, de apoyo teórico de los grupos políticos y la valoración acometida” por los mismos en el marco de esta comisión y en relación con el futuro de nuestra ciudad.
Si el POM de 2007 fuese anulado, se verían afectados desde los recibos del Ayuntamiento de Toledo por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), las licencias urbanísticas pendientes en la ciudad para los nuevos desarrollos y hasta a los tiempos en la redacción del nuevo POM que debería entonces elaborarse a marchas forzadas.
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