Movimiento Sumar Toledo ha denunciado el modelo de gestión que la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla-La Mancha y su empresa pública de vivienda, Gicaman, están llevando a cabo en la promoción de viviendas públicas de alquiler de la calle Río Yedra 8, en el Polígono de Toledo.
Desde la formación critican que, con motivo de la renovación del contrato con la entidad social Athena para el seguimiento de la convivencia, las administraciones se hayan limitado a anunciar una "rebaja temporal" de las rentas sin renunciar al cobro de las deudas acumuladas.
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Según afirman, dicho endeudamiento deriva de "importes inasumibles" para las familias vulnerables que aceptaron las condiciones contractuales por la necesidad de vivienda. Además, censuran que no se plantee ninguna opción de aplazamiento, renegociación de la deuda ni revisión de las cuotas en función de la renta del hogar, a pesar de que "muchas familias están dispuestas al pago de un alquiler que puedan asumir".
Asimismo, la organización reprocha que el Ejecutivo autonómico no haya facilitado datos actualizados sobre las viviendas vacantes, las ocupadas ilegítimamente o los procedimientos judiciales en curso.
Para Movimiento Sumar Toledo, la Junta y Gicaman están eludiendo su responsabilidad directa al "privatizar la intervención social" a través de asociaciones externas y reducir el diagnóstico a un simple problema de "convivencia". De este modo, sostienen, "se desvía la atención sobre la responsabilidad pública en el deterioro de los espacios comunes, la desatención de deficiencias en los inmuebles y la proliferación de impagos u ocupaciones ilegales".
A juicio de la formación, el caso de Río Yedra 8 constituye un "ejemplo de fracaso previsible" provocado por la falta de filtros en las adjudicaciones, la inamovilidad en las condiciones contractuales, la inacción en el mantenimiento y la tolerancia ante los problemas generados por una minoría.
Por último, Sumar Toledo advierte de que este "deterioro" de la gestión pública sirve de "coartada" para derivar la administración de las nuevas promociones de alquiler asequible a promotoras privadas. Frente al modelo de Castilla-La Mancha, la organización contrapone el ejemplo de empresas públicas de otras comunidades autónomas que gestionan el parque público con equipos multidisciplinares propios, criterios sociales, mantenimiento adecuado y renegociación adaptada a las familias en situación de dificultad.
