OPINIÓN | ¿Defensores de la legalidad acosados? El caso de Talavera de la Reina

Es evidente que en determinadas zonas de nuestro país se produce una cierta connivencia entre algunos intereses económicos y responsables de la administración y del aparato judicial. Muchos de los casos de corrupción urbanística y política que se han descubierto en los últimos años se caracterizan por mantener esos lazos.

También en muchas ocasiones se da la paradoja de que asociaciones y entidades ciudadanas cuyo fin principal es la conservación de la naturaleza y la defensa de la legalidad urbanística se ven perseguidas por denunciar el incumplimiento de la ley.

Esto puede estar ocurriendo en Talavera de la Reina (Toledo), donde Ecologistas en Acción ha venido denunciando ante la opinión pública y en los tribunales de justicia numerosas irregularidades que afectan fundamentalmente a la legalidad urbanística.

Uno de los casos más relevantes es el de la posible corrupción asociada a la construcción de un campo de golf y sus correspondientes zonas comerciales, hotelero y chalets unifamiliares sin que la administración responsable exigiera la cesión de las ocho hectáreas para el municipio que eran preceptivas por el cambio de clasificación del suelo.

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El inicio de la denuncia

El asunto se inició por denuncia de una entidad en el juzgado, que abrió diligencias para investigar las irregularidades por posibles delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y contra la ordenación del territorio.

Con posterioridad Ecologistas en Acción puso en conocimiento de estos hechos a la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, que dio traslado de los mismos al juzgado de Talavera para que desarrollara la investigación en el marco de las diligencias que ya estaban abiertas. Hay que señalar que en esta denuncia no se señalaba a ninguna persona concreta, sino que simplemente se ponían de manifiesto las circunstancias de hecho para que se investigara sobre las mismas.

Pero esta investigación ha tenido episodios tan sorprendentes como los que se derivan de la actitud del que era en ese momento fiscal de medio ambiente de Toledo, demorando indebidamente la emisión de informes durante más de un año y evitando investigaciones e interrogatorios de los implicados que hubieran podido aclarar los hechos que se estaban investigando. Posteriormente la Fiscalía General del Estado sancionó a dicho fiscal, quien en el curso del expediente sancionador llegó a reconocer que “tenía dificultad para dictaminar los asuntos de medio ambiente y urbanismo al resultarle muy complejos”, que él no era especialista en medio ambiente y que tenía intención de dejar el cargo de fiscal especializado.

A pesar de ello emitió informes negativos contra la admisión a trámite del proceso y contra el recurso que presentó Ecologistas en Acción. La nueva fiscal que le ha sustituido obviamente no ha podido retrotraer las actuaciones, rectificar las llevadas a cabo, ni realizar nuevas investigaciones pues la tramitación de las diligencias ya estaba en una fase avanzada.

“La administración autonómica ha interferido en la clarificación”

La administración autonómica, por su parte, ha interferido en la clarificación de los hechos emitiendo informes que trataban de justificar que los terrenos de Palomarejos golf eran rústicos en vez de urbanizables, por lo que no se deberían producir las cesiones de suelo.

Finalmente el juzgado de Talavera ha terminado archivando las diligencias previas. Ecologistas en Acción presentó recurso de reforma ante el propio juzgado pero este le desestimó. Ante la posibilidad de tener que hacer frente a fianzas y nuevos gastos por mantener la personación en solitario se decidió renunciar a la presentación de recurso de apelación contra el auto de archivo de las actuaciones.

Poco después los responsables de la administración investigados anunciaron públicamente que se querellarían contra Ecologistas en Acción. Así que los denunciados por un posible caso de corrupción urbanística, después de una investigación plagada de irregularidades, amenazan con denunciar a quienes pusieron los hechos en conocimiento de la administración de justicia.

La confederación de Ecologistas en Acción volcará todos sus esfuerzos en desactivar ese burdo intento de amedrentar a los defensores de la legalidad.

Nerea Ramírez Piris y Mª Ángeles Nieto – Ecologistas en Acción