Movimiento Sumar ha criticado el nuevo paquete de medidas en materia de vivienda anunciado por el Gobierno de Emiliano García-Page y ha advertido de que "volver a financiar con dinero público viviendas sin garantizar precios asequibles a largo plazo sólo sirve para perpetuar el problema".
La formación considera que las medidas anunciadas por la Junta "repiten un modelo agotado" basado en subvencionar al sector privado sin crear un parque público de vivienda estable ni proteger a futuro las viviendas financiadas con dinero público.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
"Si el dinero público entra en una vivienda, esa vivienda debe seguir siendo asequible dentro de cinco, diez o veinte años. De lo contrario, estamos financiando con recursos públicos viviendas que mañana pueden acabar formando parte de la especulación", ha afirmado Jose Luis Resuela, responsable regional de vivienda del partido magenta.
Desde Movimiento Sumar critican que el Gobierno regional haya anunciado nuevas promociones de vivienda sin aclarar qué grado de protección tendrán, cuánto tiempo durará esa protección ni cuáles serán los precios máximos de venta o alquiler.
Además, señalan que Castilla-La Mancha continúa teniendo un parque público de vivienda muy reducido y denuncian que, durante años, las distintas políticas de vivienda "han consistido en regalar suelo público, ayudas y ventajas urbanísticas para garantizar beneficios privados a promotoras inmobiliarias".
La formación defiende que cualquier ayuda pública destinada a la compra, rehabilitación o construcción de vivienda debe ir vinculada obligatoriamente a mecanismos permanentes de control de precios y limitaciones a la especulación.
"Las administraciones no pueden seguir actuando únicamente como financiadoras del negocio inmobiliario. La vivienda debe dejar de tratarse como un activo especulativo y empezar a considerarse un derecho", señalan.
Por otra parte, Movimiento Sumar considera que la crisis de vivienda no puede abordarse únicamente construyendo más viviendas en las zonas más tensionadas, sino también corrigiendo los desequilibrios territoriales y económicos que expulsan población hacia determinados municipios.
En ese sentido, la formación plantea que la Junta debería asumir un papel más activo impulsando iniciativas públicas y económicas que generen empleo y oportunidades en zonas de Castilla-La Mancha donde actualmente existe vivienda vacía o infrautilizada, contribuyendo así a reducir la presión sobre los municipios con mayores problemas de acceso a la vivienda.
La Unión Popular de Inquilinos cree que el Plan de Vivienda "abandona a quienes sufren la emergencia de vivienda”
Por su parte, la Unión Popular de Inquilinos rechaza frontalmente el nuevo Plan Estatal de Vivienda anunciado por el Gobierno, al considerarlo un plan "infame y ridículo" que a su juicio no responde a la emergencia de vivienda digna que atraviesan miles de personas trabajadoras, jóvenes y familias.
Desde la organización toledana denuncian que el plan “deja fuera a la mayoría de la población”, incluyendo a quienes ya se encuentran en situación de vulnerabilidad y también a quienes están cada vez más cerca de caer en ella debido al "aumento descontrolado de los alquileres, la precariedad laboral y la falta de vivienda accesible".
"La situación actual no es una crisis pasajera: es el resultado de décadas de especulación inmobiliaria, privatización del suelo y políticas que han convertido la vivienda en un negocio", señalan desde la Unión Popular de Inquilinos. A su juicio, el nuevo plan no supone ningún 'cambio de paradigma' y, por el contrario, “repite exactamente el mismo modelo que ha generado expulsión, segregación y guetos”.
La organización critica que las medidas anunciadas "no afrontan la emergencia real que vive actualmente la población: los desahucios y la ausencia de alternativas de vivienda digna". "No necesitamos recursos habitacionales temporales ni parches asistencialistas como las ayudas al alquiler anunciadas por el presidente regional, Emiliano García-Page, que al final van a parar al casero y casi le sirven de excusa para subir los alquileres. Necesitamos viviendas donde desarrollar una vida digna y estable”, afirman.
Asimismo, denuncian que el plan "evita intervenir sobre una de las causas centrales del problema: la concentración de la propiedad y el poder de los grandes tenedores". "Mientras no se limite la adquisición masiva de vivienda y no se intervenga directamente en el mercado, se seguirá beneficiando a quienes hacen negocio con un derecho básico", sostienen. Para la Unión Popular de Inquilinos, “el derecho a la vivienda debe estar por encima del derecho a la propiedad”.
La organización también muestra su preocupación por dejar la aplicación del plan en manos de las comunidades autónomas. En el caso de Castilla-La Mancha, señalan directamente la gestión de Gicaman y las recientes declaraciones del presidente Emiliano García-Page "a favor de la vivienda como bien de consumo" como síntomas de que "todo seguirá igual". "Si quienes han demostrado no saber gestionar vivienda pública son ahora quienes deben ejecutar estas medidas, el resultado será más privatización, más negocio y más exclusión", advierten.
En este sentido, recuerdan el caso de Río Yedra, donde la empresa pública de gestión de la vivienda "no sólo no recibe a las inquilinas que quieren normalizar su situación, sino que permiten la ocupación ilegal de los pisos y la degradación del barrio, sin mantenimiento, y del entorno". "No saben gestionar", aseveran.
Frente a este modelo, la Unión Popular de Inquilinos exige "un verdadero plan de vivienda basado en medidas urgentes y estructurales: movilización de viviendas vacías, recuperación de espacios públicos abandonados como aconsejan expertos arquitectos de la ciudad, intervención de los precios del alquiler, prórroga obligatoria de contratos, recuperar el contrato indefinido y paralización inmediata de los desahucios sin alternativa de vivienda".
“Estamos ante una emergencia de vivienda que no se resuelve con anuncios ni propaganda institucional. Se resuelve garantizando el derecho efectivo a la vivienda y poniendo límites al negocio inmobiliario”, concluyen. Y para ejemplificarlo recuerdan que solo en el Casco Histórico hay actualmente "más de seis familias 'arraigadas' desde hace más de 20 años a las que están acosando para que abandonen sus viviendas porque el propietario ha decidido vender o convertir en apartamentos turísticos sus edificios y esas son las que conocemos nosotros". Exigen, para terminar, la declaración urgente de la ciudad como zona tensionada y piden a los vecinos y vecinas que no callen ante este atropello. "Tenemos derechos, los conocemos y vamos a luchar por ellos".
PUBLICIDAD
