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Quienes amamos la cultura recordamos la famosa obra de Fernando Fernán Gómez titulada 'Las bicicletas son para el verano'. En aquel texto, la crudeza de la guerra truncaba de golpe la inocencia y el descanso de las familias españolas.
Décadas después, contemplando los montes amenazados por temperaturas asfixiantes, la metáfora cobra una vigencia trágica. El verano ya no es sinónimo de paz, sino de miedo al fuego. La realidad es que los incendios no deberían ser para el verano; el fuego se apaga en invierno con prevención, ordenación del territorio, limpieza de montes y contratos dignos para los trabajadores forestales.
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Esperar a que la tierra arda y que el desastre devore comarcas enteras para actuar es una temeridad que retrata la falta de visión a largo plazo de la gestión pública. Detrás de esa inercia estacional hay una preocupante continuidad que se traduce en una evidente dejación de funciones por parte de las administraciones competentes.
Los datos presupuestarios a nivel estatal muestran una alarmante desinversión en las partidas estructurales de prevención forestal durante la última década, priorizando el gasto reactivo de la emergencia estival sobre la planificación silenciosa del invierno. Se ha preferido recortar en lo que no se ve para asumir después el coste dramático y humano de apagar las llamas.
Negar los efectos de la crisis climática mientras los satélites muestran una catástrofe que supera las 32.000 hectáreas calcinadas en el incendio de La Mierla- uno de los sucesos más graves de la historia de Castilla-La Mancha- constituye un asunto de extrema gravedad. Este escenario exige ir más allá de la batalla partidista para afrontar las debilidades estructurales del sistema: el progresivo abandono del medio rural, el descenso de la ganadería extensiva que mantenía limpios los pasillos forestales y la acumulación de biomasa seca, convertida hoy en el combustible idóneo para incendios ingobernables.
Esta asfixia de recursos y la consecuente precariedad laboral se constatan de norte a sur. En la Comunidad de Madrid, los colectivos de bomberos forestales llevan años denunciando el bloqueo de sus convenios laborales y la congelación salarial. En Castilla y León, las dotaciones reales por hectárea forestal se sitúan a años luz de los mínimos viables estimados por los técnicos para blindar el territorio de manera efectiva. Tampoco se salva el sur: en Andalucía, el INFOCA alerta de modelos que reducen los efectivos fijos en los retenes, debilitando la protección invernal de entornos tan sensibles como Doñana. Incluso en Castilla-La Mancha, las plantillas de Geacam se han visto obligadas a movilizarse en demanda de estabilidad laboral y el fin de los recortes estructurales.
La gravedad del escenario se acentúa cuando la investigación judicial y el SEPRONA apuntan a presuntas imprudencias graves durante labores agrícolas mecanizadas en Robledillo de Mohernando como el origen del foco. Que las negligencias individuales combinadas con la inacción institucional terminen provocando la evacuación masiva de municipios enteros como Hiendelaencina, Congostrina o Alpedroches, amenazando con saltar los límites provinciales, supone un sabotaje directo contra el patrimonio natural y el porvenir del medio rural.
Frente a esta ceguera, la historia nos ofrece espejos de dignidad internacional e institucional.
Personajes de diversos signo entendieron en su día que la defensa de la Tierra y la mitigación del calentamiento global debían abordarse como una estricta obligación de Estado. La ciudadanía tiene en su mano la responsabilidad de fiscalizar estas políticas y exigir que los presupuestos públicos reflejen un compromiso real con el desarrollo sostenible, penalizando la desatención de nuestros bosques. La verdadera soberanía nacional y el patriotismo no se demuestran con retórica, sino dotando de recursos dignos a las brigadas forestales del Infocam y a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) que se juegan la vida ante las llamas. No podemos permitir que la crispación artificial sirva de cortina de humo para tapar las cenizas de nuestros parajes protegidos. Proteger el territorio de forma integral, preventiva y coordinada es, en última instancia, una tarea colectiva que define la madurez de nuestra sociedad.
Por todo ello, se hace fundamental y urgente alcanzar un gran Pacto de Estado en esta materia, blindado y firmado por todas las fuerzas políticas sin excepción. Proteger nuestros bosques no es una cuestión de siglas, sino una apuesta decidida estratégica en la lucha contra el cambio climático.
Esta es una tarea crucial que nos atañe a todos y que, sin duda alguna, contaría con el aplauso y el respaldo unánime de toda la ciudadanía. Proteger el territorio de forma integral, preventiva y coordinada es, en última instancia, el reflejo de la madurez de nuestra sociedad.
Artículo de Diego Ruiz Ruiz, militante del PSOE de Toledo capital
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