El callejón de Menores ha amanecido este martes con un inusual trasiego de vecinos. A las puertas del número 8 de un edificio del Casco Histórico de Toledo, decenas de personas aguardaban pendientes de una comisión judicial que debía ejecutar el lanzamiento de Lucía, una vecina de 61 años.
La escena, en silencio por momentos y cargada de tensión en otros -por la llegada de Unidad de Prevención y Reacción (UPR)-, reunía a amigos, residentes del barrio, integrantes de la Unión Popular de Inquilinos (UPI), miembros de la Unión Popular de Estudiantes (UPE), agentes de Policía Nacional y Local y representantes de la propiedad.
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El motivo de la concentración iba más allá de un desahucio. Quienes han acudido lo hicieron convencidos de que el caso de Lucía representa una de las caras más duras de la crisis de acceso a la vivienda: vive sola, tiene reconocida una discapacidad del 80%, está en tratamiento de quimioterapia por un cáncer de mama avanzado, necesita oxígeno y arrastra graves problemas de movilidad derivados, según han explicado sus allegados, de varias vértebras aplastadas.
La ejecución finalmente no ha llegado a producirse. Tras subir a la vivienda y comprobar personalmente el estado de la inquilina y la documentación aportada, la comisión judicial ha acordado aplazar el lanzamiento hasta finales de agosto, concediendo unas semanas de margen para tratar de encontrar una alternativa habitacional.
"No la echan por impago, la echan porque quieren vender"
Desde primera hora, la Unión Popular de Inquilinos ha defendido que el caso no responde a un conflicto por falta de pago del alquiler.
"Lucía lleva años viviendo aquí. Ha pagado religiosamente el alquiler y lleva tres años buscando una vivienda sin encontrarla. La echan porque quieren vender el piso", ha explicado la portavoz de la organización, África Alonso, quien ha reclamado al principio de la jornada una prórroga para evitar que la mujer quedara sin techo.
La plataforma sostiene que la vecina percibe únicamente una pensión derivada de su discapacidad y que, pese a la búsqueda iniciada hace años, no ha encontrado ninguna vivienda adaptada a su situación ni asequible en Toledo.
"No es solo un desahucio. Es el reflejo de una ciudad donde no existe una red suficiente de vivienda para personas vulnerables”, ha afirmado Germán Peiró, también portavoz de la UPI, anunciando que la organización continuará movilizándose si no se encuentran soluciones.
Una amiga apunta al abogado y no a la propietaria
Entre las personas concentradas estaba Eva Ramírez, vecina y amiga de Lucía, quien ha ofrecido una versión distinta sobre el origen del conflicto. Según ha explicado, la propietaria habría mostrado inicialmente disposición a conceder una prórroga hasta que la inquilina encontrara otra vivienda.
"Estoy convencida de que si se pudiera hablar directamente con la casera no tendría ningún problema. Conoce perfectamente la enfermedad de Lucía y sabe que siempre ha sido una inquilina responsable", ha asegurado.
Ramírez ha atribuido el "endurecimiento" de la posición de la propiedad a las recomendaciones jurídicas recibidas posteriormente. Además, ha asegurado que la comisión judicial "desconocía" inicialmente la situación médica de la afectada porque, según le trasladaron, la documentación "no constaba" incorporada al procedimiento en la forma procesal adecuada, aunque sí existían informes médicos.
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La propiedad: "El contrato terminó en 2022"
La versión de la propiedad ha sido diametralmente opuesta. Su abogado, Enrique Girona -también presente en el lugar-, ha defendido que el procedimiento se inició tras la finalización del contrato de arrendamiento en noviembre de 2022 y ha recordado que desde entonces se han "agotado" todos los recursos judiciales.
"El juez ha estudiado el informe de vulnerabilidad y lo ha desestimado. Se han rechazado todas las peticiones y lo único que pedimos hoy es que se ejecute la resolución judicial", ha afirmado.
El letrado ha sostenido que la inquilina "no reúne" los requisitos de vulnerabilidad económica exigidos por la legislación vigente, diferenciándolos de su situación médica.
También ha rechazado que pueda hablarse de impago del alquiler al considerar extinguido el contrato de arrendamiento. "No existe ya una renta porque no hay contrato. Lo que existe es una indemnización por la ocupación del inmueble", ha matizado.
Respecto a la posibilidad de una prórroga pactada con la propietaria, ha negado que existiera esa voluntad y ha confirmado que la relación entre ambas partes "no ha sido buena".
La inspección cambia el desenlace
A pesar de las palabras trasladadas a los medios de comunicación por parte de Girona, el desenlace final ha parecido quitarle parte de razón. Tras salir de la vivienda las partes evaluadoras y comprobar personalmente el estado de Lucía, con la documentación actualizada sobre su situación médica, se ha dado la noticia de que el lanzamiento se aplazaba hasta finales de agosto.
"Evidentemente ha comprobado que todo lo relativo a su vulnerabilidad, discapacidad y estado de salud era cierto", ha afirmado África Alonso. Además, ha aprovechado para cargar contra los Servicios Sociales municipales, a quienes ha reprochado "no haber emitido" el informe actualizado de vulnerabilidad solicitado el día anterior.
"Si ese informe se hubiera tramitado antes, probablemente todo este despliegue no habría sido necesario", ha destacado.
También ha asegurado que los documentos incorporados este martes eran más recientes que los existentes en el procedimiento judicial y ha criticado el trabajo realizado por la defensa de oficio en este caso.
Un mes para encontrar una salida
El aplazamiento no resuelve el conflicto. Solo compra tiempo. Lucía, y todos los que la acompañan en esta situación seguirán hasta agosto buscando un lugar digno donde poder continuar su tratamiento.
Tiempo también para que las administraciones encuentren una alternativa antes de que el calendario vuelva a colocar una nueva fecha sobre la puerta del callejón de Menores.
Este martes, al menos, esa puerta ha permanecido cerrada. Y Lucía continúa en casa más acompañada que nunca.
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