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La ciudad de Toledo se sitúa entre las diez capitales de provincia con menor porcentaje de viviendas vacías

Según el último censo realizado por el INE, en la capital castellanomanchega solo un 6,2% del total de viviendas no están habitadas

31/07/2023 Alicia Avilés Pozo

Viviendas del barrio del Polígono / Fotografía: Bárbara D. Alarcón

En Castilla-La Mancha hay un total de 1.347.273 viviendas, de las cuales más de 300.000 están vacías. Es casi un 24%, o lo que es lo mismo, una cuarta parte de todos los inmuebles de la región. El 10%, unas 140.000 viviendas, son además de uso esporádico. Así lo reflejan los datos del último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ofrecen una visión muy aproximada del estado de la España vaciada y de la despoblación rural que no reflejaban las cifras anteriores, de hace diez años.

El censo de población y viviendas se realiza cada 10 años desde hace casi dos siglos. En las últimas dos ediciones, además, viene regulado por una norma europea. En el caso concreto de España, como ha ocurrido con otros siete países de la Unión Europea, se realiza con una metodología muy novedosa, a partir de la combinación de registros administrativos, sin necesidad de visitar el territorio ni los hogares.

Este cálculo se ha realizado mirando cómo es el consumo eléctrico de las casas durante el año 2020 –el de la pandemia y el confinamiento– y basándose en una premisa: si se consume menos del equivalente a 15 días de una vivienda promedio del municipio, es que no hay nadie, aunque el cálculo de ese gasto de luz conlleva más variables.

Técnicos de este último estudio detallan a elDiarioclm.es que en los casos de Castilla-La Mancha y Galicia son llamativos porque se trata de regiones con alta despoblación rural, lo que “sin duda está detrás de las causas”. En todo el país, las viviendas vacías son casi 4 millones de inmuebles, el equivalente al 14% del parque total.

Destacan igualmente los autores de este censo el contraste entre el medio rural y las capitales de provincia. Estas ciudades no destacan por tener elevados porcentajes de viviendas vacías. De hecho, Albacete y Toledo están entre las 10 capitales de provincia con menor porcentaje (6,2% en ambos casos). Pero, por el contrario, Ciudad Real se encuentra entre las 10 con mayor porcentaje, con un 15,3%.

2.500 vivienda vacías en Toledo

Las más de 3,8 millones de casas vacías se distribuyen por todo el territorio como se puede comprobar en este mapa elaborado por elDiario.es. En él recogen que en la capital castellanomanchega hay 2.521 viviendas vacías. Son el 6,2% de las viviendas del municipio. Otras 1.107 viviendas (el 2,7%), se pueden considerar prácticamente vacías ya que consumen <250kwh anuales, el consumo de una nevera.

En Castilla-La Mancha se agrupa un gran número de localidades con viviendas vacías en los corredores de la Sagra (Toledo) y del Henares (Guadalajara), pero no es ahí donde existen los mayores porcentajes con respecto al número de inmuebles, sino en zonas más despobladas (las áreas amarillas).

Ocurre sobre todo en las provincias de Cuenca, en el sur de Toledo y en toda la provincia de Ciudad Real. Hay algunos casos muy significativos como el del municipio conquense de Huete, con 964 casas vacías (45,6% de las existentes), el de Huerta de Valcarábanos, con 676 casas vacías (44,5%), el de Torrenueva, con 921 viviendas vacías (42,9%), o el de Almadén, con 1.407 casas vacías, un 35,8% de las existentes.

El INE entiende como casas vacías aquellas que no llegan a un umbral mínimo de gasto eléctrico, bien porque no disponen de un contrato de suministro, bien porque el consumo registrado en el año precedente (2020) ha sido “menor al que una vivienda media de ese mismo municipio tendría si se ocupara durante 15 días en todo el año”, explica.

En los municipios de menos de 10.000 habitantes

Destacan los técnicos consultados que en los municipios de menos de 10.000 habitantes, donde residía el 20,3% de la población, está el 45% del parque de viviendas vacías. En cambio, en las ciudades de más de 250.000 habitantes, donde habita el 23,8% de la población, el porcentaje de viviendas vacías se rebaja hasta el 10,5% del total.

Se deduce así que la España rural y la más ligada a la actividad turística estacional –golpeada en 2020, el año en que se recopilaron los datos– es la que concentra un mayor porcentaje de casas sin propietarios que habiten en ellas o inquilinos que las alquilen como residencia habitual.

En otro gráfico se compara el porcentaje de viviendas vacías, que consumen menos de 250 kWh, y de uso esporádico, entre 250 y 750 kWh; y se ve cómo en Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Canarias tienen los porcentajes más altos de casas inhabitadas y con consumo eléctrico mínimo. En cambio, los más bajos se dan en Madrid, Euskadi y Navarra.

El 12% de los hogares de Castilla-La Mancha están habitados por una persona

El caso de Castilla-La Mancha lo ha analizado CCOO, destacando además otro dato: el 12% de los hogares de Castilla-La Mancha están habitados por una persona que vive sola y tiene más de 65 años. “Nos parece prioritario atender la realidad de los municipios más pequeños en los que la soledad está más presente y no siempre es deseada”, destaca. Para ello hay que “dotar a estos municipios de los recursos necesarios para facilitar la vida de quienes allí habitan, de forma que no tengan que abandonar sus pueblos si no lo desean”, afirma la secretaria regional de Políticas Sociales, Agenda 2030 y Empleo de ese sindicato, María Ángeles Castellanos.

En esta comunidad autónoma hay algunas medidas para combatir la tenencia de viviendas vacías. Es el caso, por ejemplo, de la Ley de Medidas Administrativas, Tributarias y Financieras (la normativa de “acompañamiento” de los Presupuestos regionales de 2023) que las Cortes regionales aprobaron en enero, por la que se modifica la ley de 2002 que regula la vivienda de protección pública y se establece, a través de una disposición transitoria, un régimen sancionador de carácter administrativo.

Imagen de archivo / Fotografía: Bárbara D. Alarcón

Establece un régimen de incumplimientos graves, con multas que van de los 3.000 a los 15.000 euros, para quienes no conserven o mantengan las viviendas protegidas en situación de habitabilidad, para quienes no destinen la vivienda protegida a domicilio habitual y permanente y para quienes la mantengan deshabitada sin autorización de la Administración por causa justificada.

Su artículo 8, dedicado a definir los inmuebles residenciales desocupados, incluye también un compromiso de la comunidad autónoma para desarrollar un programa de fomento de la incorporación al mercado de las viviendas deshabitadas. Sin embargo, no se ha llevado a cabo. Se trata de programas de incentivos a propietarios de las viviendas desocupadas y fomento de la rehabilitación de las viviendas que se vayan a incorporar al mercado del alquiler como vivienda habitual, entre otras.

Y a nivel estatal, la nueva Ley de Vivienda, en vigor desde el pasado 25 de mayo, da poder a los ayuntamientos para gravar aquellos pisos que lleven tiempo vacíos. Si estas administraciones municipales quieren hacerlo. La ley abrió la mano a los consistorios para que recarguen entre un 50% y un 150% el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de las viviendas que lleven vacías un plazo superior a dos años. Con un asterisco, porque solo afecta a quienes tengan más de cuatro inmuebles en propiedad.

Mejorar la definición y dar más instrumentos

Los expertos en vivienda consultados precisan que, aunque esta normativa permite penalizar, hay que mejorar la definición de vivienda vacía y sobre todo “dar instrumentos a los ayuntamientos para detectarlas”.

En cuanto a los incentivos, recuerdan que existen varios programas en marcha impulsados por ayuntamientos y comunidades autónomas para la movilización de la vivienda vacía hacia el mercado del alquiler. Por ejemplo, los basados en la intermediación pública (a través de sociedades mercantiles de vivienda, por ejemplo) para facilitar que las viviendas de titularidad privada sin uso se incorporen al mercado del alquiler a un precio asequible para las personas arrendatarias, estableciendo un sistema de garantías para las propietarias a cambio de fijar unos precios máximos de los alquileres y así eliminar parte de las reticencias que pueden tener para arrendar.

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Publicado en: Portada, Región

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