La Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha ha recomendado a Talavera de la Reina y Toledo -así como a otras ciudades de la región como Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara-, obligadas a establecer Zona de Bajas Emisiones (ZBE), impulsar con carácter prioritario su aprobación y puesta en funcionamiento.
Para ello, insta a ambas -gobernadas por PP y Vox- a acelerar la tramitación de los proyectos técnicos y ordenanzas e incorporando todos los elementos exigidos por la normativa vigente, a fin de disponer a la mayor brevedad de zonas plenamente operativas -incluido el régimen sancionador-, garantizando su integración en los Planes de Movilidad Urbana Sostenible y la implantación de sistemas eficaces de control y seguimiento.
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Así consta en el informe definitivo de fiscalización conjunta con el Tribunal de Cuentas y organismos de control externo que publica en su edición de este miércoles el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), en el que se indica que la implantación de las ZBE en los municipios de Castilla-La Mancha con población superior a 50.000 habitantes a 31 de marzo de 2025 presenta un grado claramente insuficiente y un desarrollo heterogéneo, constatándose un incumplimiento generalizado de la obligación prevista en el artículo 14.3 de La Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Indican desde la Cámara de Cuentas que, de los seis municipios fiscalizados, únicamente Guadalajara había implantado una ZBE a 31 de marzo de 2025. No obstante, dicha implantación se produjo con posterioridad al plazo legalmente establecido en la referida ley, fijado en el 1 de enero de 2023.
Los ayuntamientos de Toledo y Talavera de la Reina no disponían de una ZBE vigente a 31 de marzo de 2025, encontrándose en fases preliminares de elaboración o tramitación, sin haberse materializado la implantación efectiva de la medida, lo que supone un "incumplimiento directo de una obligación legal".
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Recoge el informe que los ayuntamientos fiscalizados han canalizado mayoritariamente el establecimiento de la ZBE a través de procedimientos de contratación pública. Ahora bien, en Talavera de la Reina y Toledo se observa que las adjudicaciones realizadas no han venido acompañadas, por el momento, de un grado de implantación efectiva equivalente, dado el limitado nivel de ejecución material alcanzado.
"Esta circunstancia evidencia la necesidad de una mejor alineación entre la actividad contractual y el desarrollo real de la política pública, así como de un refuerzo de la planificación para optimizar el uso de los recursos públicos.
La Cámara constata que se ha puesto de manifiesto un grado de cumplimiento desigual de las exigencias establecidas en el Real Decreto 1052/2022 en materia de medición, evaluación y seguimiento de la calidad del aire, condicionado por la insuficiencia de información objetiva disponible.
Millones de euros invertidos en Toledo, en peligro
El informe pone además el foco en el dinero que se ha movilizado mientras las ZBE seguían sin funcionar y la Cámara advierte en ambos casos, el de Toledo y Talavera de la Reina, del riesgo de que los recursos públicos no se traduzcan al mismo ritmo en resultados concretos.
El caso de Toledo refleja, según el informe, un importante desfase entre los pasos administrativos y contractuales dados por el Ayuntamiento y la puesta en funcionamiento efectiva de la ZBE.
El Consistorio había adjudicado contratos por 3.436.550 euros y había recibido además 3.185.910 euros en ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). A estas cantidades se suman más de 3,1 millones de euros vinculados a un convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Ante la Cámara de Cuentas, el Ayuntamiento atribuyó parte del retraso a la sobrecarga de trabajo de los servicios técnicos, a las demoras en la financiación y a cambios jurisprudenciales.
La situación tampoco parece estar relacionada con unos niveles de contaminación especialmente elevados. Los datos analizados por la Cámara muestran que Toledo se encontraba dentro de los límites normativos de calidad del aire, con medias anuales de NO₂ de entre 14,9 y 16 microgramos por metro cúbico y de PM₁₀ de entre 20,4 y 23,7.
Pero tener unos niveles de contaminación dentro de los límites no elimina la obligación de contar con una ZBE. Y ahí es donde el Ayuntamiento todavía tenía trabajo pendiente.
Después de la fecha analizada por la Cámara, Toledo dio algunos pasos. La Junta de Gobierno Local aprobó en septiembre de 2025 el proyecto técnico de la denominada ZBE-Casco Histórico. Sin embargo, dos meses después, se rechazó la aprobación inicial de la ordenanza que debía regular su funcionamiento -debido al voto contrario de Vox, PSOE e IU-. Sin esa ordenanza, el proceso no podía culminar con la entrada en funcionamiento del régimen sancionador.
En este sentido, cabe recordar que el PP, tanto a través del alcalde, Carlos Velázquez, como el concejal de Movilidad, Iñaki Jimenez, ha instado a sus socios de gobierno de Vox a aprobar esta iniciativa. La líder de esta formación, la vicealcaldesa, Inés Cañizares, se mantuvo hace unos días firme en el rechazo e instó al PP a buscar el apoyo del PSOE.
Talavera, sin red de medición del aire
Por su parte, en Talavera de la Reina el informe de la Cámara de Cuentas añade otro problema: la ciudad no dispone de sistemas propios para medir la calidad del aire ni tenía datos de las redes autonómicas.
Esto dificulta saber con precisión qué niveles de contaminación soporta la ciudad y, sobre todo, medir si las medidas que se adopten consiguen reducirlos. Por ello, la Cámara de Cuentas recomienda mejorar el acceso a los datos ambientales y reforzar su seguimiento.
En cuanto a la ZBE, Talavera había adjudicado contratos por 2.332.326 euros y había recibido 2.426.481 euros en ayudas del PRTR. Sin embargo, a 31 de marzo de 2025 la zona todavía no estaba operativa. El Ayuntamiento no aportó a la fiscalización una explicación concreta sobre las causas del retraso, más allá de señalar que todavía no se había aprobado el proyecto técnico.
También en Talavera hubo avances después de la fecha de corte del informe. En octubre de 2025, el Ayuntamiento inició la tramitación de la ordenanza reguladora después de avanzar en la instalación de los elementos técnicos de la ZBE, y esta fue aprobada por mayoría en el Pleno, aunque actualmente sigue sin activarse.
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