El uso de los smartphones está ampliamente extendido entre la población española. De hecho, las estadísticas del INE señalan que la práctica totalidad de la población de entre 16 y 74 años tiene un teléfono móvil. De los casi 16 millones de hogares con un miembro de la misma franja de edad dispone de internet, y de ella el 13% se conecta sólo a través de móvil, mientras que el resto tiene ADSL, red de cable o fibra óptica. Pero: ¿supone el uso tan extendido de estas tecnologías que realmente sabemos usarlas? O, yendo más allá, ¿existe un conocimiento igualitario de las nuevas tecnologías?
La respuesta es corta es que no. Es por eso que la Junta de Comunidades ha aprobado un decreto para una subvención directa de 3,6 millones de euros, destinada a la Red de Lucha contra la Pobreza de Castilla-La Mancha (EAPN), que quiere ayudar a mejorar el acceso de la población en riesgo de exclusión digital a todo tipo de servicios online relacionados tanto con la Administración pública como con los servicios privados. "Tenemos que tener en cuenta que muchos jóvenes son analfabetos digitales, a pesar de que tienen acceso a un teléfono móvil. No por tener WhatsApp o usar Instagram sabes manejarte telemáticamente", reflexiona Raúl del Viso, gerente de EAPN en la región.
El objetivo de la convocatoria es ir más allá de enviar un mensaje instantáneo o compartir fotos y 'stories' a través de nuestros dispositivos, sino también aprender trámites que son cada vez más frecuentes como la autofirma o rellenar documentos de manera electrónica. Pero en muchos casos, del Viso señala que también hay que enseñar procedimientos tan sencillos como es el de abrir una cuenta de correo electrónico. El uso del teléfono móvil está muy extendido, y puede parecer algo muy fácil, recalca el gerente de EAPN, pero todo se complica cuando hay que hacer trámites bancarios o la persona no dispone de firma digital y tampoco sabe enviar documentos electrónicos por PDF. "No por tener un teléfono móvil sabemos relacionarnos más allá del WhatsApp. Muchas cosas no se pueden hacer con un móvil", resalta.
La exclusión digital, tal y como lo indica su nombre, está por supuesto directamente relacionada con la exclusión social. El decreto aprobado en Castilla-La Mancha se ha aprobado con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y como parte de la estrategia de lucha contra la pobreza. "La brecha digital tiene consecuencias negativas para la población vulnerable como riesgo de exclusión social y situaciones de pobreza", resaltan desde el Gobierno regional. La principal tarea que tendrá EAPN es realizar acciones de formación y acompañamiento para que las personas puedan adquirir conocimiento y habilidades necesarias para un uso adecuado y seguro de las herramientas digitales, que resultan tan necesarias, especialmente en el contexto de una región con un carácter rural tan marcado.
La portavoz regional, Blanca Fernández, lo ha explicado como algo "indispensable", en concreto si se tiene en cuenta que incluso los servicios sociales están ya en proceso de transformación digital y que en un futuro la mayoría de los trámites serán digitales.
Raúl del Viso reflexiona en particular de la importancia que tienen estos planes en las zonas rurales, porque ayudan a combatir lo que denomina la "exclusión espacial", otro elemento que se suma a la exclusión social. Los programas de este tipo, señala, llevan años funcionando incluso antes de la pandemia, pero centrados más bien en las personas mayores. "Con el desarrollo de la pandemia, las administraciones se han ido digitalizando, se han apantallado, aprovechando la distancia social como la excusa para trabajar con la ciudadanía a través de sus plataformas digitales", relata.
Este desarrollo hace que para realizar trámites no sólo se necesite internet, sino también varios elementos que no siempre puede ser un móvil. En resumen, se debe contar con un ordenador, por lo menos. "Es necesario también contar con una buena conexión a internet y con los conocimientos. Esto serían los tres elementos fundamentales para poder relacionarse con las administraciones o los bancos", resalta. Y no todo el mundo lo tiene. Y es que son muchas las personas que viven en exclusión, que tienen que medir siempre lo que compran en el supermercado o cómo calientan su casa. "Casi una de cada cuatro personas está en situación de pobreza y exclusión en Castilla-La Mancha", resalta. "Estos son los mimbres de dónde viene este tipo de programas", añade del Viso.
Más de 50 organizaciones conforman la Red, que van desde las más pequeñas y locales hasta otras con una cobertura incluso internacional. "Lo que se plantea es un complemento a otros programas en los que participan personas que están en itinerarios de inclusión social, ya que están en contacto con los servicios sociales", explica. Se contempla un plan formativo que puede ser de 80 horas o, dependiendo del perfil de los participantes, de 60 si ya hay conocimientos de los elementos más básicos. "Es una bicicleta con ruedines, pero nos puede servir para avanzar".
Durante la pandemia se vio cómo afectaba la brecha digital a las personas más vulnerables, sobre todo en el caso de quienes se tuvieron que escolarizar forzadamente a través de una pantalla y muchas veces contaban sólo con un móvil. "Las personas que más dificultades económicas tenían, al final el único salvavidas que tienen es la educación y resulta que no tienen recursos para educar a sus hijos y es otra losa más las que les cae", resalta.