El porcentaje de personas pobres con acceso a rentas mínimas en Castilla-La Mancha es el más bajo del país

Persisten las diferencias “extremas” entre comunidades autónomas en cuanto a las prestaciones sociales y más concretamente en el acceso a las rentas mínimas de inserción, ingresos mínimos o ayudas que bajo diferentes fórmulas ponen en marcha los gobiernos regionales para personas por debajo del umbral de la pobreza. Así lo ha denunciado la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales con datos extraídos del Informe de Rentas Mínimas de Inserción correspondiente al año 2018, que ha hecho público el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

En el ranking autonómico, destacan dos regiones con los índices más altos, País Vasco y Navarra, con porcentajes que suponen en el primer caso casi tres cuartas partes de su población pobre con acceso a renta mínima y, en otro, dos tercios. Le sigue Asturias, donde reciben estas rentas una de cada tres personas bajo el umbral de la pobreza.

Del resto, sólo cinco comunidades garantizan porcentajes superiores al 10% (Baleares, Aragón, Cantabria, Asturias, Comunidad de Madrid y Cataluña). Pero las rentas mínimas de inserción de las nueve comunidades restantes ni siquiera alcanzan esta cobertura, y en el caso de Andalucía y Castilla-La Mancha, sus porcentajes están por debajo del 2%. El porcentaje castellano-manchego no solo es el más bajo de todas las regiones (con un 1,6%) sino que está por debajo de la media estatal: ni siquiera el 8% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado de las rentas mínimas de inserción que, bajo diferentes modalidades, ofrecen las comunidades autónomas.

Los datos no son mejores si se tiene en cuenta la cuantía media por perceptor de las rentas mínimas. En el conjunto de España supone el 13,7% de la renta media por hogar, un porcentaje “extremadamente bajo” que, en los últimos ocho años “apenas ha sufrido variación”.

Por regiones, Extremadura destaca con un 32,5%, es decir, las cuantías que reciben, como media, los perceptores de ingresos mínimos suponen casi una tercera parte de su renta media por hogar. Con 10 puntos de diferencia le sigue Cataluña, cuya cuantía media supone más de una quinta parte de su media de renta por hogar. Sólo otras cinco comunidades superan el 15%. Por el contrario, cuatro comunidades tienen porcentajes inferiores al 10%, entre ellas Castilla-La Mancha con un 9,4%, ubicada entre las cuatro con la tasa más baja. Para la asociación, se trata de cuantías ínfimas que, “de ninguna manera, permiten a sus perceptores garantizar la supervivencia”.

Otro de los datos extraídos por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales se refiere a la evolución de la tasa de cobertura de las rentas mínimas desde el año 2011 hasta 2018, que desgrana por comunidades autónomas y en comparación con la media nacional. En el caso de Castilla-La Mancha, hace siete años era del 1,6% y alcanzó su mínimo en el 2013 con un 1%. Después creció hasta el máximo del 2,5% en el ejercicio de 2015. Pero a partir de ese año ha ido decreciendo hasta el 1,6% del año pasado.

El colectivo ha querido poner sobre la mesa estos datos para volver a insistir en la urgencia de una ley estatal de garantía de rentas para “superar las extremas diferencias que existen en cobertura y cuantía en los diferentes territorios”.

“Debería ser una cuestión de Estado”

“Garantizar un mínimo vital para las personas que carecen de recursos propios debería ser cuestión de Estado en todo el sentido de la expresión, y una prioridad de cualquier Gobierno que se preocupe por la dignidad de las personas”, argumenta. Considera la asociación que las extremas desigualdades que en esta materia se evidencian en función del lugar de residencia, “obligan a insistir en la necesidad de que se articule a nivel estatal una garantía de ingresos para todos los ciudadanos.

Dicen reconocer la dificultad de lograr un acuerdo, pero agregan que al menos esta constatación “debería haber sido motivo para iniciar, cuanto antes, los debates para alcanzar algún tipo de pacto”. Al no ser así, apelan a la conciencia de “quienes consideren la dignidad del ser humano por encima de cualquier otra consideración política o económica” para que se pongan en marcha en el Parlamento las comisiones o grupos de trabajo necesarias para que la renta mínima sea una realidad.