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Nadie se declara partidario de la pobreza. Nadie presume de insensibilidad ante el sufrimiento ajeno. Nadie reconoce públicamente que una parte de su bienestar descansa sobre la precariedad de otros. Y, sin embargo, la pobreza continúa encontrando una extraordinaria cantidad de ciudadanos dispuestos a convivir con ella, siempre que no interrumpa sus costumbres, no encarezca sus privilegios y no reclame demasiadas explicaciones.
La pobreza tiene enemigos en los discursos y cómplices en la vida cotidiana. Esa es una de las grandes hipocresías de una sociedad que ha aprendido a emocionarse ante la desgracia sin sentirse obligada a combatir las condiciones que la producen. Se condena la exclusión mientras se disfruta de sus ventajas. Se reclama justicia social mientras se negocia el bienestar propio al precio más bajo posible. Se exige responsabilidad a los gobernantes, pero se considera una intromisión insoportable que alguien cuestione las decisiones particulares.
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Conviene decirlo sin anestesia: no toda la pobreza procede de la indiferencia ciudadana, pero demasiada indiferencia contribuye a perpetuarla.
Cada 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, regresan las cifras, los informes, las fotografías y las declaraciones institucionales. Son necesarios. Lo que resulta mucho menos frecuente es encontrar una sociedad dispuesta a reconocer su responsabilidad en aquello que denuncia. Porque hablar de pobreza permite ocupar una posición moral confortable. Lo verdaderamente incómodo comienza cuando la conversación alcanza las condiciones laborales que se aceptan, las ventajas económicas que se defienden, los prejuicios que se transmiten o las decisiones políticas que se respaldan.
La pobreza no siempre incomoda. A veces resulta extraordinariamente útil.
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Resulta útil cuando permite disponer de trabajadores desesperados por conservar un empleo. Cuando obliga a aceptar horarios imposibles, remuneraciones insuficientes y condiciones que nadie admitiría para sus propios hijos. Cuando convierte la necesidad ajena en una oportunidad para imponer precios, exigir disponibilidad absoluta o reducir costes. Después llega el discurso sobre el esfuerzo, la cultura del trabajo y la responsabilidad individual. Y quien apenas sobrevive acaba escuchando lecciones de sacrificio pronunciadas desde posiciones que nunca han tenido que elegir entre pagar una factura o llenar la nevera.
La obscenidad no reside únicamente en la desigualdad económica. Reside también en la superioridad moral con la que determinadas personas contemplan a quienes la padecen.
En Toledo, como en cualquier otra ciudad, esta reflexión debería atravesar la conversación pública. No basta con celebrar el patrimonio, defender la convivencia o proclamar el orgullo de pertenecer a una comunidad histórica. Una ciudad también se retrata en las oportunidades que ofrece a quienes trabajan en ella, en las posibilidades de permanecer en sus barrios y en la consideración que concede a quienes carecen de influencia. Su grandeza no puede medirse únicamente por la belleza de sus monumentos mientras las dificultades de sus habitantes permanecen relegadas a una cuestión secundaria.
La ciudadanía no es una condición que se agote depositando una papeleta cada cuatro años. Tampoco consiste exclusivamente en reclamar derechos, exigir servicios o fiscalizar el gasto público. Implica aceptar obligaciones hacia personas con las que no existe parentesco, amistad ni afinidad. Precisamente ahí comienza la responsabilidad democrática: cuando el bienestar de un desconocido adquiere relevancia suficiente para condicionar una decisión propia.
Y esa responsabilidad tiene consecuencias. En la contratación, en el consumo, en la participación política, en las relaciones vecinales, en la manera de hablar de quienes reciben prestaciones sociales. Porque hay una violencia particularmente despreciable en convertir a las personas empobrecidas en sospechosas permanentes. Parece que debieran justificar cada gasto, acreditar cada necesidad y demostrar una conducta irreprochable para merecer aquello que otros consideran imprescindible para vivir dignamente.
Al pobre se le exige una virtud que jamás se reclama al rico.
Puede reprochársele tener un teléfono, tomarse un café o disfrutar ocasionalmente de algo que no sea estrictamente necesario para sobrevivir. Su vida queda sometida a una inspección moral que nadie aceptaría sobre la propia. Como si carecer de recursos económicos implicara renunciar también al derecho a equivocarse, a elegir o a disfrutar. La pobreza acaba convertida en una condena social cuya ejecución corresponde a una multitud de jueces voluntarios.
Pero existe otra forma de complicidad todavía más difícil de combatir: la de quienes consideran que cualquier transformación social es deseable mientras no afecte a sus intereses. Se defienden políticas de igualdad hasta que exigen compartir recursos. Se reclama integración hasta que altera la composición del vecindario. Se celebra la solidaridad mientras permanece confinada a campañas ocasionales. La justicia resulta admirable cuando la financia otro.
La responsabilidad de los poderes públicos es indiscutible. Sin salarios dignos, vivienda accesible, protección social, fiscalidad justa y servicios públicos suficientes, la lucha contra la pobreza se convierte en propaganda. Pero atribuir exclusivamente a las instituciones toda la responsabilidad permite que millones de decisiones particulares queden artificialmente exentas de examen. Una democracia no puede aspirar a corregir sus desigualdades si buena parte de sus ciudadanos reclama justicia colectiva mientras protege celosamente cualquier ventaja individual.
Y no todas las responsabilidades son iguales. Sería una indecencia exigir idénticos sacrificios a una familia que apenas llega a fin de mes y a quien dispone de patrimonio, poder o capacidad para decidir sobre la vida de otros. Cuanto mayor es la capacidad de elección, mayor debe ser la exigencia de responsabilidad. Lo contrario supone pedir resignación a los vulnerables y conceder impunidad moral a los privilegiados.
El problema es que la pobreza ha terminado incorporándose al paisaje. Se conoce su existencia, se admite su gravedad y se aprende a continuar viviendo sin que altere demasiado las prioridades. Esa normalización constituye una derrota cívica de dimensiones considerables. Porque una sociedad comienza a degradarse cuando deja de considerar intolerable aquello que debería avergonzarla.
Este 17 de octubre sobran las conciencias satisfechas. Hace falta revisar comportamientos, privilegios y prioridades. Preguntarse quién paga realmente el precio de determinadas comodidades. Cuestionar la facilidad con la que se exige esfuerzo a quienes ya están exhaustos. Comprender que la solidaridad sin justicia puede convertirse en una manera elegante de conservar intactas las desigualdades.
La pobreza necesita políticas públicas, recursos económicos y decisiones estructurales. Pero también necesita dejar de encontrar refugio en la respetabilidad de quienes la condenan de palabra mientras contribuyen a sostenerla con sus actos.
Porque el verdadero escándalo no consiste únicamente en que haya personas condenadas a vivir con demasiado poco. Consiste en que haya tantas otras dispuestas a defender su conciencia, su comodidad y sus privilegios antes que preguntarse qué responsabilidad tienen en ello.
La pobreza no necesita más espectadores indignados. Necesita menos ciudadanos cómodamente inocentes.
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