El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha pedido de nuevo a su socio de Gobierno -Vox- que sea "responsable" y apruebe la implantación de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ante el riesgo de tener que "devolver hasta seis millones de euros" en ayudas ya recibidas.
Velázquez ha señalado que la Zona de Bajas Emisiones "no formaba parte de ninguno de los programas electorales de los partidos que integran el Gobierno municipal", pero ha indicado que la obligación de cumplir la ley "exige adoptar las medidas necesarias para evitar consecuencias económicas para la ciudad".
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En este sentido, recuerda que la ordenanza adapta la normativa a la realidad de Toledo y a una zona que ya cuenta con limitaciones de tráfico, como es el Casco Histórico. "No es un capricho", insiste, sino una obligación legal para las ciudades de más de 50.000 habitantes.
Además, ha cuestionado que Vox haya respaldado medidas de este tipo en otras ciudades y capitales de España, así como en Talavera de la Reina, mientras que en Toledo ha votado en contra de la ordenanza, y ha insistido en que la propuesta municipal "no incorpora nuevas limitaciones para los vehículos ni un régimen sancionador añadido".
"Cuando estás en el Gobierno toca ser responsable, cuando estás en el Gobierno toca tomar medidas que pueden no ser muy coincidentes con lo que tenías previsto, pero eso es gobernar y eso es responsabilidad", ha manifestado Velázquez, que señala que dar luz verde a esta medida es "cumplir con una ley".
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La Cámara de Cuentas insta a ponerla en funcionamiento y Vox reitera su negativa
Las declaraciones del alcalde del PP se producen después de conocerse un informe de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha que instaba a Talavera de la Reina y Toledo -así como a otras ciudades de la región como Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara-, a impulsar la ZBE con carácter prioritario su aprobación y puesta en funcionamiento.
El informe pone además el foco en el dinero que se ha movilizado mientras las ZBE seguían sin funcionar y la Cámara advierte en ambos casos, el de Toledo y Talavera de la Reina, del riesgo de que los recursos públicos no se traduzcan al mismo ritmo en resultados concretos.
El Consistorio toledano adjudicó contratos por 3.436.550 euros y ha recibido además 3.185.910 euros en ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). A estas cantidades se suman más de 3,1 millones de euros vinculados a un convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Vox, por su parte, no va a dar su brazo a torcer con esta normativa obligatoria. La vicealcaldesa y concejala de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares, argumenta su negativa a esta iniciativa por derivar de la Agenda 2030 que rechaza su partido y no existir en Toledo, según afirma, problemas demostrados de contaminación.
No obstante, Cañizares sí entiende que "Madrid tenga una ZBE o que haya restricciones al tráfico en determinados días que hay muchísima contaminación". "Incluso aquí en Toledo si dijeses que es que hay días con contaminación y hay que restringir el tráfico lo podría entender. Tenemos medidores -instalados precisamente gracias a subvenciones que corren el riesgo de tener que devolverse-", apuntó recientemente la edil.
Por ello, insta a sus socios de gobierno del PP a pactar esta ordenanza para regular la ZBE con el PSOE. Recalca que fue el anterior gobierno socialista el que pidió los fondos e impulsó el proyecto: "Tiene 11 concejales, con 9 del PP suman 20... No nos gusta pero no nos vamos a enfadar con el alcalde ni con los concejales del PP porque aprueben la ZBE. Lo podemos hasta entender, pero nosotros nos echamos a un lado", ha aseverado.
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