El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos reales decretos leyes dirigidos a atajar la crisis de la vivienda, catalogada por la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, como "el principal problema de los españoles".
El paquete normativo plantea un abanico de medidas de calado: la prórroga de la protección frente a desahucios hasta 2030, la prohibición de compra de inmuebles por parte de 'fondos buitre' hasta 2028 y la prórroga de dos años para los contratos de alquiler vigentes que venzan antes de que termine 2028.
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El Ejecutivo ha solicitado al Congreso de los Diputados un pleno extraordinario este mismo viernes para someter a convalidación ambos textos, consensuados 'in extremis' con las fuerzas parlamentarias y sociales.
Freno a la especulación y nueva fiscalidad para el turismo
El primer bloque de medidas busca frenar las prácticas especulativas en el mercado inmobiliario. Para ello, se prohibirá la adquisición de vivienda habitual a fondos especulativos, con una definición que la ministra prometió "rigurosa" para acotar la actuación de entidades comercializadoras agresivas, garantizando al mismo tiempo que organismos públicos como Casa 47 puedan seguir ampliando el parque de vivienda asequible.
En esta línea, se reordenará la fiscalidad de las Socimi para que dirijan su capital hacia la vivienda protegida y no a la especulación.
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En cuanto a la proliferación de pisos turísticos y los fraudes en alquileres de temporada o por habitaciones, el decreto impone un IVA del 10% a los inmuebles de uso turístico —frente al 21% barajado inicialmente—, tributo del que hasta ahora estaban exentos. La titular de Vivienda ha matizado que esta figura deberá coordinarse con las competencias de ordenación turística de las comunidades autónomas.
Para los alquileres de habitaciones y de temporada, el texto armoniza la regulación nacional e introduce salvaguardas normativas para las comunidades con derecho civil propio, de forma que estas modalidades no sirvan para eludir la protección contractual de la vivienda habitual.
Alivio para inquilinos y tope al incremento de rentas
En el ámbito socioeconómico, el Gobierno establece bonificaciones fiscales dirigidas a inquilinos con rentas anuales de hasta 30.000 o 33.000 euros. Según estimaciones de la Agencia Tributaria, alrededor de 1,6 millones de hogares se beneficiarán de estas deducciones, que en determinados tramos equivaldrán al coste de una mensualidad.
Asimismo, se congelará la actualización de los precios del alquiler con un tope del 2% y se pondrá en marcha la línea 'Tu Casa' a través del ICO: un mecanismo de financiación a tipo cero que adelantará hasta el 20% del valor de la vivienda (con un límite de 50.000 euros) para facilitar el acceso a la primera propiedad a familias jóvenes y vulnerables. Paralelamente, las promociones de vivienda pública y protegida pasarán a tributar al tipo superreducido del 4% de IVA.
Prórroga automática de los contratos
El segundo real decreto se centra de manera específica en dar estabilidad a los arrendamientos habituales mediante la renovación automática de los contratos. La norma contempla excepciones tasadas, como la necesidad sobrevenida del inmueble por parte del propietario o de familiares directos.
Aunque este segundo texto ha contado con un ritmo de negociación más complejo entre los grupos parlamentarios, la ministra Isabel Rodríguez confía en que el diálogo permita la convalidación de ambos decretos en la cita parlamentaria del viernes.
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