Toledo responde al desahucio de Maricarmen: "Tenemos que pararlo y la mejor forma es la organización"

Más de medio centenar de personas se han concentrado en el Casco Histórico, convocados por la Unión Popular de Inquilinas, para denunciar el lanzamiento de una mujer de 87 años en Madrid y alertar de que el problema no es ajeno a Toledo: "Estamos igual"

La plaza del Ayuntamiento de Toledo ha sido este miércoles escenario de una protesta convocada con carácter urgente tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que ha sido desalojada de la vivienda en la que residía en Madrid. Más de medio centenar de personas han acudido a la llamada de la Unión Popular de Inquilinas (UPI) de Toledo para mostrar su rechazo al lanzamiento y trasladar a las calles de la capital regional una reivindicación que, según los convocantes, va mucho más allá de este caso concreto.

Las consignas han ido sucediéndose durante la concentración, desde el apoyo directo a Maricarmen hasta las críticas a los propietarios de viviendas y a las políticas en materia de vivienda. "Maricarmen, no estás sola", "qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa" o "un bote, dos botes, rentista el que no bote" han sido algunos de los cánticos.

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La protesta también ha puesto el foco en Toledo. Desde la Unión Popular de Inquilinas han advertido de que las dificultades para acceder y mantener una vivienda no son ajenas a la ciudad y han reclamado una mayor implicación de las administraciones para evitar que más personas se vean abocadas a perder su casa.

El mensaje de los convocantes ha quedado resumido en una de las consignas repetidas durante el acto: "Ninguna Maricarmen más", han coreado en un acto en el que también han criticado a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez: "Ministra rentista, estás en nuestra lista".

"Tenemos que pararlo de alguna manera y la mejor forma es la organización", ha señalado Natalia Cortés, portavoz de la UPI, en la lectura del manifiesto, con el que han animado a quienes quieran implicarse a sumarse al colectivo o apoyarlo a través de las redes sociales, con el objetivo de "trabajar por una ciudad para todos y todas".

"Ha sido un despropósito"

Cortés ha criticado también la actuación policial durante el desahucio y la expulsión de periodistas y manifestantes del entorno del inmueble. "Ha sido un despropósito, las cargas policiales, echando a la prensa", ha señalado. La respuesta en Toledo, reconoce, se ha organizado con rapidez: "Ha sido muy precipitado, pero hay que responder a estas cosas".

Para la portavoz, el caso de Maricarmen no puede entenderse como un episodio aislado. "En Toledo estamos igual", ha afirmado, poniendo como ejemplo el caso de Lucía -una mujer con discapacidad a la que el Ayuntamiento finalmente ofreció una alternativa habitacional- o los casos que se registran en Río Yedra, 8, en el Polígono.

Dos de las personas que han protestado en Toledo contra el desahucio de Maricarmen, en Madrid. Las concentraciones se han repetido en todo el país / Foto: Javier Muñoz de la Torre Granados

Un problema que también mira a Toledo

Cortés ha defendido que la vivienda afecta a perfiles muy diferentes y que no se limita a quienes ya han recibido una orden de desahucio. "Cualquiera de nosotros, los que estamos en la UPI. Hay gente que tiene su propia casa, pero la mayoría somos inquilinos; hay jóvenes que no se pueden emancipar y están compartiendo piso", ha explicado, al tiempo que lamenta la incertidumbre que sufren quienes viven de alquiler cuando se acerca el final de un contrato.

Desde la UPI consideran que el problema afecta especialmente a la clase trabajadora y a colectivos que afrontan mayores dificultades para acceder o mantener una vivienda. Cortés ha mencionado entre ellos a familias monomarentales y personas extranjeras.

La portavoz también ha puesto el foco en la situación de las medidas de protección frente a los desahucios. Apunta que existe un proyecto de real decreto pendiente de avanzar y que previsiblemente el Gobierno llevará al próximo Consejo de Ministros.

Cortés considera que la futura norma "no es la panacea", pero sí puede resultar especialmente relevante para los casos de personas en situación de vulnerabilidad.

La reivindicación de la UPI va más allá de las medidas estatales. El colectivo reclama también una respuesta específica en Castilla-La Mancha. "Tenemos que abogar por una ley en Castilla-La Mancha también, que se pongan las pilas", ha reclamado Cortés, señalando la responsabilidad de las tres administraciones -incluyendo igualmente al Ayuntamiento-.

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