Los símbolos del franquismo permanecen en numerosos municipios de Castilla-La Mancha, gobierne quien gobierne, a pesar de que supone incumplir la Ley de Memoria Histórica.
En febrero, la Mesa del Senado solicitó a varios ayuntamientos copias de las actas de los acuerdos adoptados para retirar símbolos que estarían infringiendo la normativa estatal.
La respuesta de los ayuntamientos y de sus alcaldes sigue siendo muy desigual: a pesar de que la ley data del año 2007, se sigue incumpliendo.
La ofensiva iniciada por el senador valenciano Carles Mulet hace ya varios años continúa encontrando escollos. Los hay que reconocen abiertamente no haber hecho nada, otros rebotan responsabilidades a los titulares del inmueble o lugar afectado (por ejemplo, el Obispado de turno). En el lado opuesto están aquellos que, con todo detalle, informan de que han procedido a cumplir la ley.
Es el caso de la localidad toledana de Méntrida que ha eliminado vestigios de la dictadura franquista que aún permanecían en el municipio, incumpliendo la Ley de Memoria Histórica y lo ha documentado con fotografías.
El alcalde, Alfonso Arriero, explica que se da así cumplimiento al requerimiento del Senado de retirar la inscripción en la cruz ubicada en el cementerio municipal que hacía mención a expresiones de exaltación de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura.
No ha ocurrido lo mismo en la localidad toledana de Ocaña que sigue sin retirar los símbolos franquistas. La Mesa del Senado requería también al Consistorio las actas de los acuerdos para retirar, en este caso, símbolos dedicados a los caídos y a José Antonio Primo de Rivera de la plaza Gutierre de Cárdenas.
La respuesta del Ayuntamiento ha sido contundente. “Ningún órgano municipal ha acordado la retirada de dicho símbolo”. Sin más.
En otro municipio toledano, en Lominchar, el alcalde Roque Fernández, ha remitido al Senado el acuerdo por el que explica que no se cambiará el nombre a la plaza de José Antonio. Fue aprobado en el pleno municipal del pasado mes de marzo con los votos a favor del PP, en contra del PSOE y la abstención del Grupo municipal LST. Viene así a ratificar un acuerdo similar que ya se tomó en 2019 y que apostó por mantener el nombre de la plaza.
Dice el alcalde que el de José Antonio es el nombre de un “particular” y que en su opinión “no se refiere a José Antonio Primo de Rivera. Sería el primero en quitarlo, pero se llama José Antonio sin más”, según se recoge en el acta plenaria del pasado 25 de marzo.
En esta misma sesión, el alcalde aseguraba que la decisión también se toma “después de investigar” y tras leer un artículo en el diario ABC titulado “La Memoria Histórica choca contra la realidad. José Antonio era el gasolinero del pueblo”.
El artículo hace mención a Tíjola, un municipio de Almería, donde en 1990 se había bautizado a una vía como ‘Avenida de José Antonio’, donde el Ayuntamiento lo justificaba como homenaje tras el fallecimiento del titular de la única gasolinera local, que se llamaba así.
El municipio toledano de Turleque también aparece en el mapa ‘El gran tour del franquismo’ de ahí que sea otro de los ayuntamientos a los que se ha dirigido el senador Carles Mulet.
Y es que existe una calle que se llama general Varela, que fue gobernador militar de Córdoba en los inicios de la guerra civil. En este caso, la alcaldesa Pilar Martín se ha limitado a informar al Senado que “no consta expediente municipal alguno”.
“Lo remitimos al Obispado, no es titularidad municipal”
Después hay otros ayuntamientos que derivan responsabilidades alegando que la titularidad del lugar donde se alojan los vestigios franquistas no es municipal.
Es lo que ha ocurrido en varios municipios de Cuenca, Toledo y Guadalajara. En esta última provincia, el requerimiento desde el Senado a la localidad de Tendilla a retirar inscripciones y lápidas conmemorativas en su iglesia que estarían incumpliendo la Ley de Memoria Histórica ya tiene respuesta del Ayuntamiento.
El alcalde, Jesús María Muñoz, se ha dirigido al Obispado Sigüenza Guadalajara como titular del edificio para que “proceda a su retirada, a fin de dar cumplimiento a lo que obliga la Ley de Memoria Histórica” y lo hace, además, con la “advertencia” de que el incumplimiento podrá dar lugar a la retirada de subvenciones o ayudas a los propietarios privados que no actúen del modo previsto en el apartado 1 del artículo 15 de la citada ley.
En Buendía (Cuenca) también se realizaba una petición similar para que el Ayuntamiento proceda a retirar las lápidas conmemorativas a los caídos que permanecen en la iglesia del municipio.
En este caso, el alcalde, Gregorio Martínez Escribano ha explicado que ya en marzo el Pleno municipal aprobó por unanimidad retirar la lápida conmemorativa en la fachada de la iglesia de la Asunción y se ha procedido a notificar el acuerdo al Obispado de Cuenca, titular del inmueble.
En Mira (Cuenca), la alcaldesa explica al Senado que su requerimiento de retirada de símbolos franquistas no es competencia municipal al referirse a los que se encuentran dentro de la sacristía de la iglesia. Es uno de los tantos lugares que recoge el mapa interactivo ‘El gran tour del franquismo’ sobre aquellos lugares públicos donde todavía permanecen estos símbolos.
María Miriam Lava explica que se ha remitido la misiva del Senado al Obispado de Cuenca para que “adopte las acciones que legalmente correspondan”.
Por su parte, en Navalcán, la Junta de Gobierno local aprobó retirar la placa cerámica conmemorativa dedicada a los caídos en la parroquia Nuestra Señora del Monte. En este caso, se ha dado traslado de la decisión al párroco local, Francisco Javier Martín.