En Castilla-La Mancha hay un porcentaje superior al 25% de viviendas que carece de cualquier clase de ordenador con el que conectarse a internet, tasa que asciende al 35% en el caso de municipios de menos de 10.000 habitantes. La causa principal es la carestía del servicio o de los equipos con los que hacerlo. Si a ello sumamos que casi un 20% de los hogares no dispone de conexión de banda ancha por falta de recursos económicos, estamos hablando de un amplio sector de la ciudadanía en situación de “pobreza digital”.
Son datos de la encuesta del uso de tecnologías de la información del Instituto Nacional de Estadística (INE) que el Gobierno autonómico quiere erradicar y para ello se encuentra elaborando un decreto para la creación de la Red de Puntos de Inclusión Digital (PID). Y ¿qué es un PID? Se entiende como tal un local cerrado, físicamente accesible, cuya titularidad corresponde a las entidades locales, de acceso público gratuito para toda la ciudadanía, en el que se le puede facilitar servicios de acceso a internet para todo tipo de gestiones y herramientas que proporcionan los distintos proveedores.
Hace más de una década, el Gobierno castellano-manchego ya quiso hacer frente a esta problemática a través de la creación de la Red de Centros de Internet, cuya finalidad primordial era la de garantizar el acceso de toda la población. Este fue el germen de la creación de los PID, pero hoy en día y para evitar que la brecha digital se cronifique, sobre todo por motivos económicos y funcionales, da un paso más adelante con esta medida. Para ello, en este documento establece como zonas prioritarias las que sufren despoblación o mayor el declive socio-económico.
Unión de las estaciones de trabajo
El objetivo principal es crear una red virtual formada por la unión de las estaciones de trabajo, electrónica de comunicaciones y sistemas de impresión de todos los Puntos de Inclusión Digital instalados en la región y adheridos a la Red de Puntos de Inclusión Digital (RPID).
Con ello, la Junta busca mejorar la extensión de la cobertura y utilización del conjunto de aplicaciones y sistemas de información orientados al "Gobierno abierto electrónico", la accesibilidad y la e-cultura, con el fin de incrementar la “confianza en el ámbito digital y extender la utilización de las TIC entre la ciudadanía” en sus relaciones con la Administración “en condiciones de equidad y no discriminación”.
De esta forma, se establecen una serie de pautas imprescindibles. Por ejemplo, que el uso de los Punto de Inclusión Digital debe ser gratuito para toda la ciudadanía o que cada ayuntamiento tendrá libertad para la determinación del horario de apertura del mismo, con una actividad mínima de 20 horas anuales.
Para ello, la Consejería de Fomento proporcionará a las entidades locales una línea de comunicaciones gestionada por cada PID hasta la creación de un máximo de una de estas instalaciones por cada entidad singular de población registrada en el Instituto Nacional de Estadística.
Además, con carácter anual, el Gobierno regional pondrá a disposición de los PID un programa de formación en competencias digitales, tanto en modalidad presencial como por medios telemáticos, a los que estos se podrán suscribir de forma gratuita. Igualmente, las personas usuarias de los centros tendrán a su alcance recursos didácticos que permitan el aprendizaje en formato de autoformación.
Finalmente, en el decreto se establece el mínimo equipamiento que deben tener estos locales, desde el puesto de navegación básico y un software con accesibilidad, hasta los dispositivos necesarios para realizar trámites electrónicos, así como impresora y punto de acceso WiFi. La configuración debe permitir asimismo el acceso a internet a través de dispositivos personales de las personas usuarias de forma inalámbrica, y siempre y cuando estén previamente registrados en el sistema de validación.
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