Castilla-La Mancha inicia la batalla legislativa contra el desperdicio alimentario

El desperdicio alimentario supone un “problema de gran impacto económico, social y ambiental”. Es la premisa con la que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido iniciar un proyecto normativo, bajo forma de decreto, para evitar este fenómeno y al mismo tiempo reducir la generación de residuos a lo largo de toda la cadena alimentaria. Con ello también busca facilitar la recuperación y redistribución de los excedentes alimentarios, de manera que alimentos seguros y comestibles lleguen a quienes más lo necesitan. Todo ello forma parte de las medidas para promover la economía circular que también quieren articularse en forma de ley.

Además, en una comunidad eminentemente agrícola como la castellano-manchega, el Ejecutivo parte del hecho de que la producción agraria tiene una importante contribución a la emisión de gases de efecto invernadero, que se ve incrementada con el desperdicio y generación de residuos, así como la pérdida de materia orgánica para el suelo.

El Gobierno regional se ha marcado como primer objetivo de esta norma reducir el desperdicio de alimentos mediante una gestión más eficiente de los recursos destinados a la producción agraria y una mejor gestión de los recursos hídricos, evitando excedentes agrícolas que puedan perderse o desperdiciarse y que pueden proporcionar claros beneficios para la ayuda alimentaria.

Consecuencias para el medio ambiente

Asimismo, pretende sensibilizar e informar a los agentes de la producción, transformación, distribución, hostelería, restauración, consumidores y ciudadanía en general, sobre las causas y las consecuencias para el medio ambiente del desperdicio de alimentos; así como fomentar la redistribución de alimentos garantizando la seguridad alimentaria y evitando situaciones de estigmatización.

Entre sus objetivos se encuentra también promover la economía circular mediante el establecimiento de programas y medidas vinculadas a la reducción del desperdicio alimentario con el fin de evitar sus consecuencias éticas, económicas, sociales, nutricionales y ambientales; y favorecer la investigación e innovación en el ámbito de la reducción del desperdicio alimentario.

Actualmente no existe en Castilla-La Mancha un marco regulatorio aplicable en este sentido. Por eso, desde el Gobierno autonómico consideran que su regulación dotaría a las administraciones públicas del instrumento apropiado para poner en marcha iniciativas de sensibilización e información de la opinión pública sobre las causas y las consecuencias del desperdicio de alimentos, los medios para reducirlo y el fomento de una cultura cívica para la redistribución, “orientada a dar a los excedentes de alimentos la alternativa de gestión más apropiada desde el punto de vista de la sostenibilidad y la solidaridad”.

Precisamente, el Consejo Regional de Consumo, presidido por el director general de Salud Pública, Manuel Tordera, aprobó en su última reunión diversas iniciativas pioneras de carácter normativo entre las que se encuentra este proyecto de decreto, que se está realizando en colaboración con la Vicepresidencia Primera del Gobierno castellano-manchego.

El desperdicio de alimentos está relacionado esencialmente con malos hábitos de compra y consumo, así como por una inadecuada gestión y manipulación de los alimentos. Según el nuevo Ministerio para la Transición Ecológica, la Comisión Europea estima que cada año se desaprovechan en el mundo más de 1.300 millones de toneladas de alimentos, es decir, un tercio de la producción mundial, de los que 89 millones de toneladas de comida en buen estado corresponden a la Unión Europea.

España es el séptimo país que más comida desperdicia, con 7,7 millones de toneladas, y en cuanto a los hogares, según la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (HISPACOP), el desperdicio medio es de un kilo y medio a la semana por cada tres personas: los hogares españoles tiran en un año 1,5 millones de toneladas de alimentos que son válidos para el consumo.