Viviendas sociales en el Polígono de Toledo
Un total de 5.244 viviendas en régimen de alquiler y propiedad del Gobierno de Castilla-La Mancha van a ser objeto de obras, reformas y mantenimiento. Para ello, la Consejería de Fomento va a destinar hasta 7,5 millones de euros, tal y como se establece en el pliego de licitación al que ha tenido acceso elDiarioclm.es y en el que se establecen las condiciones para la contratación.
Ahora las empresas deben presentar, hasta el 31 de enero, sus ofertas para llevar a cabo estas actuaciones, cuyo plazo de ejecución es de un año, pero con posibilidad de prórrogas de periodos de 12 meses, hasta un máximo de cinco años. De hecho, desde la Administración autonómica, el objetivo es ampliar la cantidad de viviendas a reformar hasta las 7.000, es decir, el total de su parque residencial público.
Según el pliego publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, las actuaciones están divididas en 15 lotes según áreas geográficas que incluyen a las cinco provincias castellanomanchegas, y en ellas se incluyen también locales, garajes y trasteros.
Así, en la ciudad de Albacete el contrato incorpora para su reforma un total de 247 viviendas, seis locales y 60 garajes; en Hellín, 287 viviendas y 16 locales; y en Almansa y Caudete, 221 viviendas y 21 garajes.
En la provincia de Ciudad Real, que es donde se van a llevar a cabo la mayoría de las actuaciones, la capital aparece en dos lotes con un total de 856 viviendas y 59 garajes; Alcázar de San Juan con 481 viviendas y 81 garajes; Puertollano, también en dos lotes, con 966 viviendas y 10 locales; Manzanares y Tomelloso con 498 viviendas; y Valdepeñas con 704 viviendas y 222 garajes.
Cuenca, Guadalajara y Toledo
Respecto al resto de provincias, en la ciudad de Cuenca, la licitación es para 276 viviendas, cuatro locales, tres garajes y 56 trasteros. Y en la ciudad de Guadalajara, para 307 viviendas. Finalmente, la provincia de Toledo está incluida en dos lotes. El primero de ellos con 248 viviendas, 15 locales, 33 garajes y 19 trasteros para reformar en la capital castellanomanchega; y el segundo con 153 viviendas, 44 garajes y 24 trasteros en Talavera de la Reina.
Según establece el contrato, estas obras buscan la conservación preventiva y el mantenimiento de las viviendas en condiciones de uso durante su periodo de vida útil, optimizando el consumo energético y sus condiciones de accesibilidad, previniendo los “posibles riesgos que puedan comprometer su seguridad y protegiendo su entorno de posibles agresiones”. Esto incluye obras de reparación y de reformas necesarias a realizar en inmuebles desocupados para nuevas adjudicaciones, incluyendo la limpieza de las mismas.
De hecho, este pliego añade que el patrimonio de la Dirección General de Vivienda sufre en determinadas zonas “un importante riesgo de ocupación ilegal o asalto” y por este motivo se exige a la empresa adjudicataria que extreme las medidas de seguridad: en el caso de las viviendas, mediante la colocación de puertas anti-vandálicas, protecciones de ventanas u otros mecanismos que se consideren necesarios y que se mantendrán hasta la entrega de la vivienda a un nuevo adjudicatario.
Actuaciones y condiciones ambientales
En general, las actuaciones en los inmuebles incluyen, entre otras medidas, cimentación, reparación de desperfectos en suelos, techos, paredes, fachadas y cubiertas; cerrajería, fontanería, pintura y carpintería; conservación de las azoteas; revisión de sistemas de electricidad; así como climatización, calefacción y gas. Quedan excluidos del contrato los trabajos de obras de gran reparación, los Certificados de Eficiencia Energética y los Informes de Evaluación del Edificio (IEE).
Por último, la Consejería de Fomento incorpora condiciones ambientales. Por ejemplo, la utilización de materiales reciclados; el uso de productos consumibles con etiqueta ecológica o certificación equivalente, y la gestión responsable de residuos, incluidos los de obras de demolición y construcción, así como de los peligrosos y no peligrosos emanados de los trabajos.
El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha destacado al respecto que disponer de un parque residencial en buen estado es "esencial para garantizar la calidad de vida de todas las personas y familias adjudicatarias del parque público de vivienda”. Por ello, ha asegurado que “las actuaciones de conservación, mantenimiento y rehabilitación están dirigidas a lograr que las familias adjudicatarias de una vivienda de promoción pública puedan tener garantizado el uso y disfrute de la vivienda en condiciones de dignidad”.
El parque público de vivienda se compone actualmente de más de 7.000 inmuebles localizados en multitud de municipios de toda la región, de los cuales 5.275 se encuentran en régimen de alquiler y el resto están en régimen de compraventa o cedidos a otras entidades o administraciones.
