Tras las sentencias del Supremo y los trasvases, continúa la guerra política sobre el Tajo
Repasamos los hilos de los que pende el río al acabar la década después de un "hito" en la pelea judicial y mientras persisten los trasvases a pesar del "expolio"
Imagen del río Tajo a su paso por Toledo / Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo
En marzo de 2019 se daba a conocer una sentencia que supuso un "hito" en la lucha judicial alrededor del río Tajo. El Tribunal Supremo daba el visto bueno a un recurso interpuesto por distintos colectivos: la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina, la asociación GRAMA (Grupo de Acción para el Medio Ambiente), la asociación Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, el Ayuntamiento de Mantiel (Guadalajara) y la asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía.
El documento judicial declaraba la nulidad de varios artículos que conforman la normativa del plan hidrológico y fue celebrado como "histórico" y un "triunfo sin precedentes" para los colectivos ciudadanos que lo impulsaron, de la mano de María Soledad Gallego, abogada ambientalista. Así lo explicaba el Grupo de Investigación del Tajo de la UCLM, que señalaba incluso que se "condicionaba" la explotación del Acueducto Tajo-Segura a las "verdaderas" necesidades de la cuenca del Tajo.
Desde el Grupo de Investigación explicaban igualmente que debido a que se declaraban varios artículos nulos, porque suponían el "incumplimiento de la obligación" de la Administración del Estado de garantizar un Plan hidrológico con un régimen de caudales ecológicos completo, con máximos, mínimos y tasa de cambio para los ríos de la cuenca. Especialmente, recuerdan que en la sentencia se reprueba que en el caso de ciudades como Toledo, Talavera o Aranjuez se fijasen sólo caudales "legales" y no ecológicos, de 10 m3/segundo y 6 m3/segundo, respectivamente.
No ha sido la única sentencia: en marzo de este año, el Tribunal también admitía, en parte, un recurso del Ayuntamiento de Toledo contra el Plan Hidrológico del Tajo y se sumaba a otros resultados favorables en el caso de los Ayuntamientos de Aranjuez y Talavera de la Reina. Se trataba de medidas puestas en marcha, de hecho, para apoyar el recurso impuesto por las plataformas.
¿Qué pasa con la sentencia?
Meses han pasado desde que se dictara sentencia, y sin embargo nada parece haber cambiado en la situación del río. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica indicaban entonces que los caudales ligados "costaba" deshacerlos, pero afirmaban igualmente que estaban tomando decisiones basándose en estos caudales. Y, de hecho, recalcaban que "la definición de temas de importancia en la revisión de los planes hidrológicos de tercer ciclo, actualmente en tramitación, ya incluye en el caso del Tajo, la dotación de caudales ambientales", según citan desde la agencia EFE. Se refieren así a la planificación a partir del año 2021.
La Junta de Castilla-La Mancha ha exigido que se ejecute la sentencia, y parte de los colectivos implicados en el recurso llegaron a pedir una aclaratoria de la sentencia al Tribunal Supremo, argumentando que no se trataba de un documento "interpretable". Sin embargo, el Gobierno regional ha mantenido una actitud más conciliadora con el de España, especialmente después de que se comenzaran a aprobar trasvases a Levante únicamente para consumo humano y no para "regadío descontrolado", como señalaba la portavoz regional, Blanca Fernández, en la última comparecencia de Consejo de Gobierno de 2019. El Plan Hidrológico actual, cuyos puntos fueron anulados, todavía tiene dos años de vigencia.
Se mantiene la guerra por el trasvase
La polémica política alrededor del Acueducto Tajo-Segura no ha cesado y no parece tampoco que vaya a hacerlo. Mientras desde Castilla-La Mancha celebran que los trasvases hayan pasado en un año de los 38 hectómetros cúbicos a 7,5 en los meses de noviembre y diciembre, destinados sólo a consumo humano, en Levante han levantado la voz de alarma. De hecho, han llegado a dar por "cerrado" el trasvase. De hecho, la misma Generalitat de Valencia, con Ximo Puig al frente, anunció que recurrirían el desembalse aprobado en diciembre al considerar que era el "cierre" del acueducto y lamentaba no entender la decisión del Ministerio que, aseguraba, no era la que señalaban los técnicos.
Mientras en Castilla-La Mancha se celebraba que las medidas apuntadas por la Comisión de Explotación de la infraestructura eran interpretables, el PP anunciaba que se impulsarían movilizaciones para mantenerla funcionando. Y fue de boca de Pablo Casado, quien recalcó que de esta manera se quiere "blindar" el acueducto, y acusaba al PSOE de "mercadear" con un recurso nacional como es el agua.
Pablo Casado acusaba al Ministerio para la Transición Ecológica de actuar bajo motivos "ideológicos" o, incluso, "sectarios" al aprobar los trasvases sólo para consumo humano, y llegó también a decir que desde su partido sospechan que de esta manera se quiere acabar con el trasvase. Los socialistas pidieron al líder regional del PP que hiciera "frente común" en la región, "frente al Levante y frente a Casado" y exigía a Paco Núñez que se manifestase en este sentido. Sin embargo, el 'popular' ha mantenido silencio al respecto y no lo romperá, según han afirmado fuentes del partido.
Ahora cabe esperar la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica durante los próximos meses, para saber qué cantidad de agua se desviará de la región hacia Levante a través del acueducto. Incluso Vox ha querido tener un papel en la situación: el partido criticaba la postura de los socialistas catellanomanchegos contra las regiones "leales" a España. Vox también acusaba a Emiliano García-Page de querer "imponer nuevos caudales ecológicos en el Tajo con el pretexto de la Red Natura 2000 que supuestamente son más exigentes que los establecidos en la Ley de Aguas".
En el documento firmado por PSOE y Unidas Podemos de acuerdo de Gobierno no se hablaba directamente del trasvase, ni de su cierre tampoco, pero sí se especificaba la idea de que se debe garantizar "el acceso al agua como un derecho humano y no como un bien mercantil. Se prohibirá, por tanto y como parte de este principio, la compraventa de derechos concesionales del agua".
