Aunque mucha gente nos acordamos de la sequía del 91 al 95 y del desagradable olor que emanaba de los grifos cuando salía el agua derivada del canal de las aves, parece que le hemos perdido el miedo a quedarnos sin agua. Es cierto que la situación desde entonces ha cambiado y en la capital nos abastecemos también desde los embalses de Picadas y Almoguera a través del sistema de Picadas I, pero también es verdad que esa sensación de inmunidad e invulnerabilidad que parece disfrutar la actual sociedad gracias a la tecnología, puede conducir a un desastre. No hace tanto, en abril de 2018, en Ciudad del Cabo, la segunda ciudad más poblada de Sudáfrica, la autoridad municipal le anunciaba a sus más de tres millones y medio de habitantes, que debían abordar “Planes para el Día Cero”, momento en el cual las reservas de agua serían inferiores a la cobertura de las demandas de la población. Una crisis de abastecimiento derivada de una brutal sequía que se inició en 2015.
El cambio climático y las crisis ambientales, de biodiversidad y recursos, que ponen de manifiesto la interdependencia entre el sistema socioeconómico y el natural nos ha convertido en sociedades del riesgo (Ulrich Beck), estructuras vulnerables que deben aprender a prevenir y a gestionar la probabilidad de ocurrencia de sucesos peligrosos. El concepto, desde luego, no es nuevo, pero no lo acabamos de integrar en nuestro día a día, y la lejanía con la que vemos las consecuencias de las sequías o las inundaciones hasta que no las tenemos encima es una prueba de ello.
Desde el mes de marzo, el sistema de abastecimiento de Toledo (embalses de Torcón y Guajaraz) está en PREALERTA (el último informe es de principios de mayo). Como además de estos embalses, Toledo se abastece del sistema de Picadas, esta prealerta no sería demasiado significativa. Sin embargo, el sistema Alberche, donde se encuentra el embalse de Picadas, ha estado en ALERTA desde el mes de noviembre pasado y aunque ha mejorado un poco con las últimas lluvias, este mes se mantiene todavía en el mismo nivel de PREALERTA en el que entró Torcón-Guajaraz en marzo. Poca gente lo habrá notado, más allá de los técnicos municipales que llevan el agua o de las empresas que gestionan ambos sistemas (Tagus, Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, o GS Inima), y por supuesto, nadie se ha molestado en explicar qué significa y qué habría que hacer.
Por eso la mayor parte de la población también desconocemos lo que significan estos “indicadores de escasez” y cómo y por qué se pueden consultar mensualmente en la web de la confederación hidrográfica del Tajo, que emite informes sobre la sequía y la escasez de agua para el abastecimiento de cada sistema.
En aplicación de la Directiva Marco de Agua, la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, en su Artículo 27, apartado 3, dispone que “las Administraciones públicas responsables de sistemas de abastecimiento urbano que atienda, singular o mancomunadamente, a una población igual o superior a 20.000 habitantes deberán disponer de un Plan de Emergencia ante situaciones de sequía. Dichos Planes, que serán informados por el Organismo de cuenca o Administración hidráulica correspondiente, deberán tener en cuenta las reglas y medidas previstas en los Planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía, a que se refiere el apartado 2, y deberán encontrarse operativos en el plazo máximo de cuatro años”.
Así, desde 2005, algunas administraciones públicas como el Ayuntamiento de Toledo deberían tener aprobado un Plan de Emergencia por sequía que se pusiera en marcha en ocasiones como ésta, regulando distintas medidas según los distintos niveles de alerta como restringir ciertos usos como los baldeos o los riegos con agua potabilizada, limitar horarios o prohibir determinados consumos. Sin embargo, el Ayuntamiento solo tiene elaboradas unas directrices de actuación desde 2017 y empezó a abordar un borrador tras la aprobación del último Plan Especial por Sequía de la Cuenca del Tajo que la confederación hidrográfica publicó a finales de 2018, que aún sigue sin terminar.
Algunas organizaciones como la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) o la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua, hace años que tienen programas de trabajo con las Administraciones públicas para elaborar dichos planes contando con la participación de la ciudadanía, lo que es bastante útil para ampliar el conocimiento de ésta sobre el tema y conseguir una mayor concienciación y cooperación en casos graves. Pero al margen de ello, desde el Ministerio de transición Ecológica y Reto Demográfico hay a disposición una guía para elaborar estos Planes que aconseja informar a la población y que integra una fase de participación ciudadana dado que las primeras medidas para afrontar una situación como la actual es una reducción voluntaria del consumo.
Que los principales sistemas de abastecimiento de la ciudad estén actualmente en prealerta, no es en absoluto alarmante, pero que estemos en esta situación de escasez de agua almacenada tras un período moderadamente lluvioso cuando se supone que no hay sequía prolongada, y en el momento en el que afrontamos el inicio del período estival indica que estamos pasando un mal momento mientras sufrimos una pandemia donde la principal recomendación es la higiene, y que la cosa podría empeorar. Además, el último Plan Especial de Sequía del Tajo, sin considerar la planificación hidrológica, responsabiliza indirectamente al sistema de abastecimiento de Toledo de la disposición de recursos para cubrir las deficiencias, en caso de sequías, de la mancomunidad de Torcón II. Todo ello y sin alarmismos debería preocupar a la ciudad y animar a la alcaldesa a ponerse a trabajar, tal que ya, en un Plan de sequía municipal para que, si llega el caso, no tenga que avergonzarse por carecer de un “plan para el día cero”
