Seglares de Toledo rechazan la futura Ley LGTBI regional y niegan que la discriminación al colectivo sea "generalizada"

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"Consideraciones de urgencia” es el título con el que un grupo de seglares de la Diócesis de Toledo realiza sus aportaciones al anteproyecto de Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla-La Mancha, que actualmente se encuentra en proceso de participación pública. El grupo de trabajo POLIS, formado por seglares del Arzobispado para dar a conocer la doctrina social de la Iglesia, realiza en este documento una serie de reflexiones en las que critica la futura norma al considerar que su objetivo es “imponer ideología” sobre la base de cuestiones científicas “en las que no hay consenso”. De hecho, llegan a negar que la discriminación de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales sea “generalizada” y que tampoco hay “graves prejuicios” contra el colectivo. Pero sin embargo, en varias ocasiones critican que las medidas no sean concretas y al principio se manifiestan “radicalmente en contra de toda forma de discriminación y violencia”.

Su argumentación inicial se basa en que el objetivo debe ser la “protección de las personas” y no, como en su opinión intenta el anteproyecto, “inocular a nivel social una determinada visión del ser humano y controlar su paulatina imposición, afectando gravemente a la libertad personal y colectiva de quienes piensan diferente”. En varias ocasiones, repite que esta visión no se sustenta en estudios científicos “sólidos y consistentes” acerca de la naturaleza del ser humano y esgrime informes sobre acoso escolar (no detallados ni aportados) que demuestran “el bajo porcentaje de las causas relacionadas con la orientación sexual como motivo de discriminación o abuso, muy por debajo de otras como la obesidad o la inmigración”.

“No es lo mismo tratar de mitigar o prevenir el sufrimiento de personas con una identidad sentida diferente a su corporalidad, que dar por válidos y promover desde las instituciones públicas principios ideológicos que carecen de consenso en la sociedad y de respaldo científico”, alegan. Y por eso opinan que el texto no expresa las necesidades concretas de las personas que puedan estar en situación de vulnerabilidad ni ofrece medidas eficaces para prevenir tal situación. “Se limita a exponer proclamas genéricas carentes de mandatos normativos concretos, impropios de una ley”, añade.

El grupo de trabajo POLIS también critica que la futura ley se presente “como si estuviéramos ante un problema sistémico en Castilla-La Mancha” y niega que en esta región haya “graves prejuicios” hacia las personas que integran este colectivo, sino “casos concretos de discriminación por esta causa”. Es más, asegura que una ley centrada únicamente en esta materia, al fijar el foco de atención en la misma “de forma exclusiva (y excluyente)”, generará el efecto contrario al pretendido “por su exceso” y “devaluará la influencia de las acciones públicas que se están llevando a cabo con éxito para luchar contra todo tipo de discriminación y violencia”.

Conforme avanza la aportación de este colectivo de seglares cristianos, las críticas se vuelven más duras. Llegan a afirmar que algunas partes del texto son contradictorias con la propia Constitución española, con “una visión muy concreta e ideológicamente sesgada de la persona y su sexo, no basada en evidencias científicas, sino en pura ideología, que pretende imponerse a toda la sociedad”.

Acogimiento temporal, tratamientos médicos y sanciones

Posteriormente, entra en otras cuestiones de fondo. Arremete así contra el artículo del anteproyecto que regula el acogimiento temporal de personas LGTBI en situación de vulnerabilidad, pero con el mismo argumento: dice que son “generalidades, proclamaciones vagas y medidas inconcretas e inconexas, poniendo de manifiesto que la auténtica finalidad de la norma no es proteger a las personas, sino difundir una concreta ideología”.

Y de la misma manera interpreta que “materialmente se impide” ejercer el derecho al libre desarrollo de las personas respecto a su sexualidad. En este punto, los seglares consideran que la futura ley parte de que cuando una persona decida su opción sexual, “esta es inmodificable si no es para cambiar por otra opción diferente de aquella de la que realmente se corresponde con su sexo biológico”. Lo llevan más allá: afirman que “se le priva de la opción de recibir, voluntariamente, eventuales tratamientos médicos (no concreta cuáles ni para qué) o simplemente asesoramiento en este sentido”. En ello incluye a los “profesionales” (no menciona cuáles) y al “legítimo ejercicio de su profesión con esta finalidad, aunque el interesado así lo desee y la opción cuente con respaldo en estudios científicos”.

Finalmente, tampoco le parece bien a este colectivo que haya un régimen de infracciones y sanciones en la futura Ley LGTBI. Agregan así que muchas de las medidas, "leídas a la luz" de las sanciones, implican "una prohibición general de pensar de forma diferente" y que es "contraria a la libertad de pensamiento, conciencia y religión". "Estamos ante una nueva iniciativa constructivista de la conciencia individual y de la colectividad que en muy poco ayudará a las personas que sufren violencia o discriminación por razón de su orientación sexual y únicamente generará más confusión y, por ello, sufrimiento, además de múltiples conflictos jurídicos", vaticina y concluye.