Ni un año llevaba Pablo Bellido como presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha cuando se desató la pandemia de la COVID-19 y la vida parlamentaria se vio interrumpida. Sin embargo, recalca que la actividad se mantuvo hasta sólo dos días antes de que comenzase el Estado de Alarma, y que la Cámara regional ha sido una de las más activas desde que se levantó el confinamiento. Y no sólo se han celebrado plenos, puntualiza: “La labor parlamentaria no sólo consiste en transmitir leyes o debatir, sino en construir nuevas corrientes de opinión y en hacer pasar por las Cortes a entidades, colectivos o instituciones que tengan alo que aportar. Hacer un feedback que nos permita crecer y mejorar”.
¿Tiene la sensación de que la ciudadanía entiende y valora el papel que cumplen las Cortes en su vida diaria?
No demasiado. Nuestro objetivo es que nuestra labor sea cada vez más comprensible y también más valorable, para bien o para mal. Hasta ahora, por una cuestión cultural, hemos sido un país muy centralizado. Todo sucedía fundamentalmente en Madrid y, de ahí, se propagaba. Por eso, estamos todos muy pendientes de lo que se aprueba en el Congreso, pero llevamos 40 años de proceso autonómico y eso ha significado que las competencias han vuelto en algunos casos a las Comunidades Autónomas.
Hoy en Castilla-La Mancha gestionamos educación, sanidad, políticas sociales, entre muchos otros. Es decir, lo que más importa a la gente, como la educación de sus hijos o la situación de las personas que están en situación de vulnerabilidad. Tenemos que ser capaces, por tanto, de explicar a los ciudadanos que muchas cosas que les afectan no dependen de Madrid, sino de la autonomía, y si somos capaces de explicar bien el sistema, entonces captaremos más su atención. En todo caso, nuestra obligación es hacerlo bien y resolver los problemas de la gente.
¿Podría poner un ejemplo?
Aquí defendemos Castilla-La Mancha, incluso, contra el Gobierno de España, como ocurre con el ejemplo del trasvase. Me opondré al mismo, aunque se haga en cumplimiento de la Ley. Y es que es mi deber como representante de la ciudadanía de Castilla-La Mancha, anteponer los intereses de su conjunto a los intereses del partido. Esta es otra de las claves de la autonomía, que no se explican suficientemente bien. El objetivo es difundir mejor nuestro trabajo y entrar en la agenda de atención de los ciudadanos.
Justamente durante el confinamiento volvió el debate de las competencias, al erigirse el Gobierno nacional como principal autoridad sanitaria
España es un país con una arquitectura institucional compuesta, hay distintas capas institucionales que tienen que intervenir y esto requiere un esfuerzo de coordinación que normalmente se traduce en eficacia. La pandemia ha vuelto a poner de relieve la importancia del diálogo entre España y los gobiernos regionales y locales. Creo que instrumentos como las Conferencias de Presidentes han funcionado muy bien, han sido muy eficaces, sobre todo cuando las restricciones eran más necesarias para frenar la pandemia. Sigo pensando que el Gobierno de España debe seguir ejerciendo la autoridad de coordinación y centralizar algunas decisiones, porque la COVID no entiende de acentos ni idiomas. Apelo a una responsabilidad centralizada del Gobierno de España, porque no tiene sentido que cada comunidad autónoma decida el número de rastreadores o cómo se inicia el curso escolar. Se puede hablar con las comunidades autónomas sin desprenderse de la responsabilidad centralizada.
¿Sería una buena manera para despejar todas las dudas que existen en el panorama actual?
Desde luego, no hay una receta mágica. Escucho a partidos en la oposición que piden que se garantice la vuelta al colegio con seguridad. El Gobierno, regional o nacional, hará lo que pueda, desde luego. Pero, independiente de estas afirmaciones populistas que sólo conducen a salir en una nota de prensa, porque no aportan ninguna solución, es evidente que no tiene sentido que las normas en cada comunidad autónoma sean distintas. En España es bastante común, por ejemplo, que los niños vivan en una región y estudien en otra. Por eso, pido un esfuerzo de homogeneización y que el Gobierno central haga una guía clara y no dejase al capricho de cada uno las decisiones.
Nuestra comunidad autónoma ha sido de las más responsables, y de las que más se está esforzando. El esfuerzo económico ha sido el mayor de todas y me siento reconfortado, porque nos lo estamos tomando más en serio. Pero, al final, da igual si Madrid no hace lo mismo que nosotros. A lo mejor, pagaremos las consecuencias de las medidas que ahí no se están tomando. Por eso, el Gobierno de la nación debe ser el que asuma mayor nivel de competencias y coordine las decisiones comunitarias.
Durante este tiempo se han aprobado leyes tan importantes como la de Bienestar Animal. ¿Cree que la gente es consciente de la importancia de estas normativas en el progreso de la región?
No sé si hay una fórmula mágica que haga que algo que pasa por las Cortes y llega a ser ley capte la atención de la ciudadanía. Por eso, los representantes tenemos que esforzarnos en hacer las cosas más comprensibles y fáciles. Poco a poco esto se va consiguiendo, gracias a una prensa regional que nos vertebra y nos cohasiona como región. Pero ocurre que la región está formada por cinco provincias que no han estado históricamente unidas, que hayan funcionado históricamente como conjunto. A medida que las competencias autonómicas entran más en la vida de la ciudadanía, los representantes de los ciudadanos vamos siendo más observados también. Tenemos que avanzar para que la ciudadanía por los asuntos que debatimos en las Cortes.
“El consenso es clave”
¿Cómo fue el trabajo durante el confinamiento?
Somos la Cámara que más plenos ha hecho desde que salimos del Estado de Alarma, y también los que más tarde cerramos. Y entre estos momentos, hemos hecho todo lo que ha sido posible, legalmente hablando. Muchas reuniones, trabajo discreto y que nos ha permitido volver a entrar con fuerza. Hemos aprobado más leyes que todas las comunidades autónomas juntas en este periodo. Hay que recordar que regiones como Madrid no han aprobado ni una sola ley, y nosotros vamos ya por 13, 14 este mes. Los ciudadanos deben saber que sus representantes se están dejando la piel y con bastante dosis de consenso.
Este trabajo de consenso normalmente se desconoce, porque tiene lugar más fuera que dentro de la Cámara.
Todo el mérito es de los grupos parlamentarios, que trabajan mucho para buscar acuerdos y a ellos hay que agradecerselo. Esto exige generosidad, porque aquí no hay rodillo, pudiendo haberlo. Prácticamente ninguna ley ha sido aprobada por el voto exclusivo del PSOE y los partidos de oposición también podrían desentenderse, pero ellos aportan sus propuestas, mucho más Ciudadanos que PP, y gracias a esto las cosas salen por consenso. Esta palabra no está lo suficientemente valorada en España, pero es clave para la construcción de un futuro de progreso. Somos un ejemplo nacional, también para el Congreso.
También están en marcha comisiones, como la de despoblación. ¿Qué se está tratando?
Vas a cualquier parlamento, y las puertas están echadas. Pero aquí va a haber comisiones y dos plenos en agosto. Es que la despoblación es un gran problema internacional, no es español. El éxodo del mundo rural al urbano se está produciendo en África, en Latinoamérica y en Asia, con las megaurbes. En Europa, lógicamente es un asunto de enorme profundidad y nos lo tomamos muy en serio, porque afecta mucho a Castilla-La Mancha.
Queremos colaborar con el trabajo del Gobierno, a través de un dictamen que muestre el trabajo de más de un año, donde los grupos parlamentario han podido escuchar a expertos, instituciones, colectivos y organizaciones que han venido a hacer su diagnóstico y sus propuestas. Tenemos un material precioso para ponerlo a disposición de la solución. Ya hemos superado la fase del lamento y estamos en fase de trabajar, de poner soluciones. No hay milagros, pero sí mucha voluntad.
Estatuto de autonomía
Hablando de consensos, ¿será posible sacar adelante la reforma del Estatuto?
Esto sólo será posible, si cuenta con el apoyo de los demás partidos. Nosotros podríamos aprobarlo aquí, mandarla a Madrid y ver qué pasa. Pero los partidos tienen que hablar, buscar encuentros, porque hay cuestiones esenciales en él. Algunas son instrumentales, como por ejemplo contar con mecanismos de aceleración en la toma de decisiones. Es lo que ocurre con los decretos leyes, que se convalidan en las Cortes. Esto lo tienen otras comunidades, pero la nuestra no. Otras son de perfil más ideológico, como lbindar la sanidad o la defensa del agua.
¿Será posible cambiar el tamaño de la cámara con una nueva Ley electoral?
Es posible, porque somos la cámara con la peor ratio de representantes. Hablamos de una asamblea legislativa que es casi una diputación, en términos de número de representantes, pero que tenemos mucho trabajo de representación. Esto habría que corregirlo, pero tampoco me atrevo a poner un número, y tampoco creo que sea lo más importante. Creo que habría que hacerlo, pero también habría que establecer una pauta a nivel de Estado para saber qué número sería razonable, en función de la población. En España hay parlamentos demasiado grandes para sus ciudadanos y otros demasiado pequeños. Pero no es una prioridad, hay urgencias que sí se están afrontando como la Ley de reserva sanitaria.
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