Más de treinta colectivos sociales de la región han acusado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) de “falta de trasparencia” tras recibir una respuesta que consideran “incompleta e insuficiente” a una reciente solicitud de acceso a información pública sobre la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo en la comunidad autónoma.
Las entidades, entra las que se encuentran colectivos feministas, LGTBI, sindicatos y ONG, sostienen que la Administración regional no ofrece datos “fundamentales para conocer la situación real de este derecho sanitario”.
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Los colectivos comparan la realidad en Castilla-La Mancha con la situación de otras comunidades autónomas, asegurando que la gran mayoría de interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en centros públicos (en Cantabria, el 88,49%; Galicia, 77,02%; La Rioja, 76,11%; Navarra, 74,82%).
Critican el centro único de referencia propuesto por el Gobierno
Los colectivos consideran que los anuncios realizados hasta la fecha por parte del gobierno regional de incorporar la interrupción voluntaria del embarazo a la red sanitaria pública son claramente insuficientes y carecen de garantías reales de ejecución.
En particular, critican la propuesta inicial de habilitar un único centro de referencia para toda Castilla-La Mancha, una medida que consideran incapaz de resolver los problemas de accesibilidad que sufren las mujeres de una comunidad autónoma extensa y dispersa territorialmente.
A juicio de las entidades, concentrar toda la actividad en un solo hospital “obligaría a muchas mujeres a recorrer largas distancias” y convertiría ese centro en “objetivo permanente de los grupos antielección que ya hostigan a pacientes y profesionales” en algunos de los centros privados donde actualmente se realizan las intervenciones.
Las organizaciones también cuestionan que el Ejecutivo autonómico haya hablado de plazos de “meses o años” sin concretar fechas, recursos ni planificación.
“Con la red hospitalaria existente no existe ninguna razón que justifique concentrar la prestación en un único punto. Lo que debe hacerse es integrarla en las unidades de ginecología de los hospitales públicos, igual que ocurre con cualquier otra prestación sanitaria”, sostienen. A su vez, reclaman la formación y capacitación de los equipos sanitarios para realizar esta actividad asistencial.
La Plataforma en Defensa del Derecho al Aborto en la Sanidad Pública de Castilla-La Mancha subraya además que las recientes declaraciones de profesionales sanitarios del Sescam “contradicen uno de los principales argumentos utilizados por la Administración regional durante años para justificar la ausencia de abortos en hospitales públicos”.
Según recoge el comunicado citando a declaraciones recogidas en medios de comunicación, existen médicos y médicas dispuestos a realizar interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública, pero denuncian “obstáculos organizativos y decisiones internas que impiden poner en marcha el servicio”. Los profesionales también han advertido de que la objeción de conciencia “es un derecho individual y no puede convertirse en una objeción colectiva o institucional de servicios completos”.
Para las organizaciones firmantes, estas declaraciones evidencian que el principal problema no es la falta de profesionales, sino la ausencia de voluntad política y de planificación sanitaria para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley.
Exigen datos, calendario y compromisos
Las entidades han solicitado formalmente una reunión con el consejero de Sanidad y reclaman la publicación de un calendario concreto para la implantación de la interrupción voluntaria del embarazo en hospitales públicos de todas las provincias de Castilla-La Mancha.
Asimismo, exigen que se hagan públicos los datos necesarios para evaluar la situación real de la prestación y que se adopten medidas efectivas para garantizar la protección de pacientes y profesionales frente a los actos de intimidación que continúan produciéndose en los centros donde actualmente se realizan las intervenciones.
“Después de más de quince años de vigencia de la ley y tres de su reforma, Castilla-La Mancha no puede seguir siendo una excepción. Las mujeres tienen derecho a acceder a esta prestación en su sanidad pública, cerca de su lugar de residencia y sin obstáculos añadidos. Lo contrario supone una vulneración de un derecho reconocido legalmente y una discriminación territorial que ya no admite más excusas”, concluyen las organizaciones.
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