OPINIÓN | Por qué la subida tarifaria sí es cosa del PP… y del PSOE

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Ya ha pasado un mes desde que se hiciera público el mandato del tribunal de ejecutar la sentencia para hacer efectivo el equilibrio económico financiero de la gestión del agua aplicando la subida tarifaria, tras el que se fue sucediendo un intercambio de acusaciones de culpabilidad acerca de la subida del precio para los toledanos y toledanas. Tal rifi-rafe pretendió ocultar un debate más profundo, y necesario, que intentó poner sobre la mesa, sin demasiado éxito, el concejal de Unidas Podemos, José Mª Fernández, acerca de la gestión directa o indirecta del Agua. Puesto que estamos hablando de una “prestación patrimonial de carácter público no tributario” (un palabro no exento de polémica (ver) que se originó con la última ley de contratos del sector público de 2015), más allá de que la Junta de gobierno local, haya aprobado la ejecución de la sentencia, es necesario hacer una modificación de la ordenanza reguladora para su incorporación. Lo que supone que pasará por Pleno y que luego debe haber una exposición pública. Así que, aprovechando que ese debate ha vuelto, sería conveniente aprovechar para recuperar algunas informaciones para que nadie se pierda nada. Porque que el PP eche la culpa a otro de la subida del agua solo se puede definir como tener más cara que espalda. Prepárense que la historia viene de largo y es un poco larga.

Y es que, con esto de que el agua sube por tu culpa o por la mía, no debemos perder de vista que “algunos” preferirían que no se hablase de la TARA que ellos mismos provocaron en el actual contrato para la gestión del abastecimiento al municipio de Toledo (más Polán, Guadamur y la Mancomunidad de Guajaraz), que empezó en 2006 (con el gobierno del PP) y que provocó la primera petición de equilibrio económico financiero sólo tres años después de su comienzo (2009). Y tampoco se nos puede escapar que también habrá “otros” que preferirían obviar que también hubo un “pecado” y cuando por fin se aprobó el “reequilibrio económico financiero”, en 2014 (Gobierno del PSOE en solitario), se asumió que el Ayuntamiento de Toledo era parcialmente responsable del desequilibrio al haber puesto datos incorrectos (o “pelín” exagerados) en el pliego técnico, y que le gustase o no, tras aprobarlo, aceptaba que había que equilibrar las cuentas y que las tarifas tendrían que subir.

La tara provocada

Empecemos por la “tara provocada” del actual contrato con TAGUS firmado en 2006 por 25 años. Conviene señalar que el contrato actual vino de fábrica bastante precario y vulnerable, lo que, sumado a la gestión indirecta, limita la capacidad del Ayuntamiento para controlar la gestión del servicio público que le compete. El problema comenzó 10 años antes de la llegada de TAGUS cuando se inició el proceso de privatización del agua en Toledo durante 1995-1996. El pliego y el contrato que se llevaron a cabo, se aprobaron por la mayoría del PP con el voto en contra de la oposición (IU y PSOE) y con el enfrentamiento con las asociaciones vecinales, sociales, culturales y de consumidores de Toledo, que se manifestaron en contra de privatizar un servicio que entendían que debía ser de gestión directa del Ayuntamiento. Con tal motivación pusieron un recurso contra el pliego, que no paralizó el proceso de contratación que se llevó a cabo hasta el final, cuando “Aguas de Toledo” –formada por Valoriza Gestión SA, del grupo SACYR1 y PRIDESA (por favor, recuerden estos nombres)–, adquirió el servicio por el módico canon de 12 M€. El recurso, por su parte, siguió vivo y generó una sentencia en febrero de 1999 que se hizo definitiva el 10 de septiembre de 2004 por la que se consideraba nulo el contrato. De todos los motivos que expusieron para frenar la concesión, el tribunal dio “doblemente” la razón a los demandantes por una deficiencia de procedimiento debido a que el Ayuntamiento no dejó suficiente plazo de información pública del pliego, que solo fue expuesto durante 8 días en lugar de un mes. El PP tenía mucha prisa.

La sentencia de 2004, ya inapelable por proceder de un recurso de casación, movilizó un terremoto, dado que, tras 10 años, anulaba el contrato con Aguas de Toledo y suponía que la gestión del servicio volvía a recaer, de facto, en el Ayuntamiento. Así que lo primero que se hizo fue pedir una prórroga de 10 meses para poder hacer un proceso express de contratación que iba acompañado de un proceso express de liquidación/indemnización de la empresa anterior. Alguien podría pensar que desde febrero de 1999 hasta septiembre de 2004 podrían haber adelantado algo de trabajo por si acaso. Por supuesto, no fue así, así que en 2004 se empezaba de cero a hacer un pliego sin ninguna información propia del Ayuntamiento y dependiendo de la que proporciona una empresa que no quiere abandonar un negocio lucrativo y con la que se está intentando negociar, a la baja, una indemnización. Una bomba de relojería, claro. Pero esto que acabamos de contar, por supuesto, no es la tara. Estas son las condiciones, bastante tóxicas, que la provocaron. La tara se produce después, con la contratación actual de TAGUS.

Empecemos por la indemnización/liquidación a AGUAS de TOLEDO (repito VALORIZA (Sacyr) y PRIDESA). El “Convenio de Liquidación del contrato concesional por mutuo acuerdo”, fue aprobado en pleno el 16 de junio de 2005 fijando una indemnización por importe total de 24.394.662,11 €, pero la primera propuesta que hizo unos meses antes Aguas de Toledo ascendía a 64,9 M€ (8,3 M€, por devolución del canon; 394.662,11 € por daño emergente; 54 M€ por lucro cesante; 2,2 M€ por saldos pendientes). A esta petición, el informe del economista cuantificaba la indemnización mínima en 29.043.226,84 € (24M€ del canon restante + IPC hasta 2005 y 5M€ del lucro cesante), desestimando parcialmente el daño emergente que debía ser comprobado y en parte absorbido por la concesionaria entrante y dejando fuera del convenio los saldos pendientes, que el Ayuntamiento estaba obligado a pagar aparte. ¿Cómo consiguió el Ayuntamiento rebajar la indemnización un 64 % con respecto a la petición inicial y por debajo de la propuesta del economista?. No es fácil extraer una respuesta clara del expediente y quizás habría que irse a otros, como el de la basura, cuyo proceso de contratación también se hizo en aquella época y que también tuvieron sus propios “procesos paranormales” y un equilibrio económico financiero apenas unos meses después de su adjudicación (El PP modificó el precio del contrato con SUFI (del grupo SACYR) solo dos meses después de su firma). Con respecto a Aguas de Toledo solo mencionaré que el 11 de junio de 2007, el teniente de alcalde EN FUNCIONES Lamberto García Pineda (Page tomó posesión 5 días después, el 16 de junio), firmaba una Addenda al convenio anterior con Aguas de Toledo donde volvía a comprometer al Ayuntamiento a incluir la indemnización, con sus correspondientes intereses, en los presupuestos, ya que no lo había hecho con anterioridad contraviniendo sus cláusulas. En aquel momento, con tanto ruido y tanta deuda, el debate de la privatización que inició la nulidad del contrato en el 1995-96, pasó a mejor vida.

Pasemos ahora al proceso de contratación de TAGUS en sí: Aunque en junio de 2005 se inicia el proceso con la propuesta técnica, el pliego es definitivamente aprobado el 16 de agosto de 2005 (9 meses después de la sentencia), y se redactó admitiendo que era necesario poner un canon mínimo de 24 M€ y un máximo de 36 M€, entre otras cuestiones, para pagar a la anterior concesionaria y para las futuras actuaciones del Ayuntamiento en el servicio de aguas. Curiosamente se cifró en 24 M€ (redondos y sin “picos” ni decimales) la amortización de las instalaciones que ponía a disposición el Ayuntamiento, si bien no se indicaba ni el precio de adquisición o construcción, ni el criterio de amortización, ni el valor neto actual. Y claro, como todo el mundo sabe, las viejas presas, válvulas y tuberías son como el vino, que se revalorizan con los años, y por eso pasaron de unos 12 M€ de la anterior concesión a 24M€. Podríamos pensar que se hicieron inversiones durante aquellos años para revalorizarlas, pero desgraciadamente no fue así.

En cualquier caso, el nuevo contrato llevaba algunas otras consideraciones que es preciso recordar:

• Se consideró una concesión administrativa con el plazo máximo de contratación posible de 25 años (el economista siempre dijo que era demasiado tiempo).
• Incluyó un canon variable de mínimo 0,01 €/m3 facturado y máximo 0,06 €/m3 facturado a pagar anualmente por la concesionaria;
  condicionó el cobro de la depuración (que no se gestiona en el contrato) a la colaboración del concesionario con el Ayuntamiento en la gestión y recaudación de la Tasa municipal sin coste adicional para el contrato.
• Hizo una previsión de una subida anual de los m3 facturados del 4 % (con un incremento similar en los abonados que suponían un aumento de población entre 150.000 y 200.000 habitantes en los 25 años2). Como anécdota, el economista había rechazado el lucro cesante que pedía Aguas de Toledo porque la entidad calculaba los beneficios con un crecimiento anual del 4 % hasta 2021 en lugar de los 2,5 % que contemplaba la plica del contrato de 1995.
• Estableció un interés para el canon inicial del 4 %: lo que suponía que si se cancelaba el contrato a la mitad del período contratado (12,5 años), aún había que devolverle al concesionario 21 M€ (⅔) de los 36 M€ iniciales. Las cosas de la economía (era el interés estipulado por el banco de España).
• En cuanto a los criterios para la contratación, otorgaba el 45 % del valor del contrato al canon inicial, lo que suponía que todas las ofertas aplicarían el máximo de 36 M€ (como así fue); el proyecto de organización del servicio obtenía un 20 % y la inversión en mejoras se llevaba otro 15 %. Lo que menos se valoró fue el canon anual variable (10 %) y el plan de control de calidad del servicio (10%).

El pliego se aprobó, aunque la intervención le puso algunos condicionantes:

• Que la concesión fuera a riesgo y ventura del contratista salvo que circunstancias sobrevenidas y en defensa del interés general, obligasen al Ayuntamiento a modificar supuestos económicos básicos (o sea, las tarifas y el precio del agua del sistema Picadas).
• Que como futuro Ente Colaborador de la recaudación municipal estuviera obligado a rendir cuentas de su gestión.
• Que el canon inicial ofertado por los licitadores se destinase al servicio: con una parte, a la liquidación de la anterior concesionaria y con el resto dejarlo afectado a la financiación de los programas de inversión cuatrienales a lo largo de la concesión.

En el concurso entraron 5 licitadores: AQUAGEST, VALORIZA, PRIDESA-ACCIONA, AQUALIA y FACSA-GRAVESA. Nótese en primer lugar que los que formaban la anterior concesionaria, Aguas de Toledo, se presentan por separado: PRIDESA queda la segunda y VALORIZA la última. En cualquier caso, como ya se adelantó, todas obtienen la máxima puntuación tanto en el canon inicial como en el canon variable, marcando las diferencias tanto en el proyecto de explotación como en las mejoras. Las puntuaciones más altas fueron las de FACSA-GRAVESA (TAGUS) y PRIDESA-ACCIONA, con 7 puntos de distancia, siendo la inversión en mejoras la que inclinó la balanza hacia la primera con una diferencia en la propuesta de casi 70 M€ (105 M€ de Tagus frente a los 36 M€ de Pridesa). Unas cifras muy similares se repetirán en el reequilibrio económico financiero de 2014.

En la mesa de contratación las alarmas empiezan a saltar y son varios los técnicos que alertan del futuro desequilibrio del contrato con una oferta como aquella, entre otras cuestiones, porque la oferta presentada por TAGUS presupone una facturación un 22% por encima de la prevista en el pliego (equivalente a un crecimiento anual de la facturación de un 6 % frente al 4% estimado por el Ayuntamiento, que ya era alto), y porque la materialización de las cuantiosas inversiones integradas en el apartado de mejoras no pueden estar garantizadas al tratarse de un compromiso de aportación de carácter plurianual y no haberse incorporado en el pliego la obligación de constitución de garantías. Voy a explicar esto: en resumen la UTE FACSA-GRAVESA hizo un jugadón y se desmarcó de la competencia haciendo una previsión de facturación muy alta, lo que permitía sobreestimar los beneficios y a su vez “incorporarlos” como mejoras obteniendo de facto la máxima puntuación en ese apartado que era en realidad el que marcaría la diferencia, asegurándose además la autocontratación de millones de euros en obra pública durante 25 años. Es, sin duda, temerario, pero el pliego no tenía herramientas contra ello, por lo que era necesario adoptar una decisión política no enmarcada en él. En el informe de fiscalización necesario para proceder a la adjudicación se señalaron varias deficiencias del pliego, se pusieron varias observaciones y condicionantes y consideró necesario insistir de manera reiterada en la obligación de que era la empresa quien tenía que asumir el riesgo y ventura de la explotación en cualquier caso. La prensa se hizo eco de las dudas, y tal fue el revuelo en esos días que GRAVESA-FACSA llegó a enviar un escrito firmado por el representante de la UTE comprometiéndose a asumir la proyección del 6 % de crecimiento como riesgo y ventura de la concesión.

Incluso existiendo la posibilidad de abandonar un proceso cuestionable y mejorar los defectos del pliego para superar la temeridad de la oferta, el gobierno del PP no se planteó en ningún momento no seguir adelante con la adjudicación, que le convenía enormemente en período preelectoral para librarse del fiasco anterior aprovechando, además, la cuantiosa propuesta de la empresa ganadora de cara a las inversiones para no hacer ninguna inversión propia del Ayuntamiento en la red de abastecimiento (una negligencia que se verá con los años). En enero de 2006 se aprueba definitivamente la adjudicación y el 10 de marzo de 2006 se formalizó el contrato.

Pero por supuesto, y aunque no sirvió de nada, el resto de empresas licitadoras también protestaron. Una de las cosas más llamativas de un proceso como éste es la impresionante preocupación de todos los operadores privados del agua por el buen funcionamiento del servicio público municipal y la paralela despreocupación por sus cuentas de negocio. La lectura de las alegaciones de PRIDESA ante la propuesta de adjudicación del contrato, no tienen desperdicio. Después de 3 hojas desgranando justificaciones que llevan a concluir que en Toledo resulta impensable un crecimiento de la facturación por encima del 1,5-2% (recuerden que el pliego había estimado un 4%), concluye con un párrafo que verdaderamente exige que nos preguntemos por esta deriva especulativa de la privatización de los servicios públicos que ha quedado integrada en el sistema de contratación. Dice PRIDESA:

“Los datos comparativos anteriores avalan que si bien el crecimiento demográfico del orden del 4% propuesto por los servicios técnicos del Ilmo. Ayuntamiento en el Pliego parece LOABLE como reto político y de desarrollo de Toledo, y es compartido por todos los demás ofertantes, contrastando con el crecimiento propuesto por la UTE GRAVESA-FACSA, en el orden del 6%, a todas luces inalcanzable y que a nuestro juicio es debido a la utilización de criterios erróneos o irreales”.

Que viene a traducirse, algo así como: “aunque todos sabemos que el pliego exagera las posibilidades de facturación anual para maximizar el canon a percibir y sacar unas perrillas para algunas obras extra y poder decir que la privatización es rentable, estamos dispuestos a asumir el esfuerzo económico inicial porque somos muy conscientes de que pasado mañana, con la ley de contratos en la mano, obtener el reequilibrio económico financiero será coser y cantar y nuestro beneficio industrial estará nuevamente garantizado. Sin embargo, “entre bomberos no nos pisamos la manguera” y la discreción y el compañerismo en estas cosas es esencial para seguir manteniendo el sistema de contratación pública tal cual. La UTE GRAVESA-FACSA se ha pasado de la raya y la deberíais penalizar”.

En fin, ese pliego estaba condenado a reequilibrarse a costa del Ayuntamiento y de sus ciudadanos y ciudadanas. Y aunque la mejor solución hubiera sido contratar a personal especializado en la gestión del agua y, directamente o a través de una empresa pública, mantener el servicio en el Ayuntamiento para no seguir subiendo la deuda, el PP con conocimiento y negligencia decidió hacer oídos sordos a las advertencias y seguir dando la patada para adelante siendo perfectamente consciente de que era hipotecar la concesión a los gobiernos futuros y que serían los ciudadanos y ciudadanas las que pagarían los costes.

El pecado

Pero pasemos al pecado, porque también existió. Tagus comenzó su contrato asegurándose que las inversiones las ejecutarían ellos mismos a través de un plan cuatrienal que el PP aprobó encantado al final de su legislatura. Sin embargo, no fue suficiente. Porque tal y como ya había alertado todo el mundo, con esa oferta que hicieron, solo 3 años después del inicio del contrato, en julio de 2009 empezaron los primeros llantos. Como no se alcanzaban los ingresos previstos, prepararon una petición de reequilibrio en base a un informe de una consultora “independiente” (pero pagada por ellos, que para eso sí tenían dinero), donde se culpaba a “circunstancias imprevisibles” de no alcanzar el crecimiento de facturación anual del 6 %. Porque, al parecer, nadie se imaginó en 2005, cuando se hizo el pliego, la oferta y la adjudicación, que las condiciones sociales y “las causas de carácter macroeconómicas” iban a provocar que la facturación se mantuviera estable e incluso disminuyera de un año para otro, como sucedió entre 2006 y 2007. Vamos, que los técnicos que alertaron 3 años antes durante la adjudicación sobre el reequilibrio y el riesgo y ventura de la empresa, lo hacían bajo los efectos de alguna sustancia psicotrópica, y había resultado que lo que habían predicho, por imprevisible que pareciese, había sucedido. Así, en un giro que, después de todas las advertencias recibidas, sólo se podría calificar como cínico, apelaba a la “teoría del riesgo imprevisible” para justificar el incumplimiento de sus propias previsiones y solicitaba el reequilibrio de las cuentas planteando que, como las proyecciones económicas del pliego preveían un crecimiento interanual del 4 % para los consumos ordinarios, sólo había que considerar el riesgo y ventura empresarial sobre el 2 % restante hasta alcanzar el 6 % de su plica. Afirmaba también, que aunque los abonados sí que aumentaron en torno a un 5 %, nunca se llegó a facturar lo que se indicaba en el pliego, lo que implicaba insinuar que los datos de consumo que dio el anterior concesionario y se reprodujeron en el pliego, no eran correctos o habían disminuído en torno a 600.000 m3 en servicios ordinarios y otro tanto en los servicios especiales (o sea, alrededor de 1,2 hm3 menos, que ellos cifraban en torno a los 380.000 €). Esto es especialmente significativo porque es lo que se utilizará para depositar la principal responsabilidad del desequilibrio sobre el Ayuntamiento y supone que la tara provocada por el anterior gobierno, todavía seguiría provocando daños en las cuentas municipales. En todo caso, según lo anterior, la propuesta para solventar el desequilibrio era proceder a una subida de tarifas, recibir una subvención del Ayuntamiento o modificar las cláusulas de contenido económico del pliego.

En aquel momento el Ayuntamiento solicitó un aplazamiento para estudiar las cuentas hasta que se hubiera desarrollado el 20 % de la concesión, así que el susto se retrasó hasta 2012. Esta vez el economista pidió información sobre los gastos entendiendo que no serían solo los ingresos lo que disminuiría, pero cuando hay un desconocimiento tan amplio sobre la operativa de un servicio como el del agua, que llevaba externalizado más de 15 años, y que carecía de personal dedicado en exclusiva al desarrollo y vigilancia del contrato, es imposible poder detectar correctamente los incumplimientos y verificar los datos proporcionados. El caso es que los gastos no disminuían tanto como los ingresos y no se compensaba, por lo que el economista estuvo de acuerdo en que había un desequilibrio.

Así que, aunque existe en el expediente un certificado de la UTE FACSA-GRAVESA en la que se comprometen a asumir íntegramente el 6 % de crecimiento anual en facturación como riesgo y ventura propio de su oferta; aunque existe un informe de Landwell fechado el 24 de enero de 2006 que afirma que “desde el momento en que el ofertante asume el riesgo inherente a la proyección económica realizada, elimina la posibilidad de instar posteriormente un restablecimiento del equilibrio económico de la prestación por desajustes entre la evolución estimada y la realmente acaecida”; incluso aunque hubo varios informes durante la adjudicación advirtiendo de que el concesionario pediría un reequilibrio en el futuro y a pesar de que se produjo un reparo de la intervención a la propuesta de reequilibrio, que supuso, primero, volver a replantear dicha propuesta y finalmente tener que ser levantado por el alcalde con un informe de Secretaría;... a pesar de que una de las partes de la UTE se marchó dejando en solitario a FACSA del grupo GIMENO (conozcan alguna cosilla de Enrique Gimeno aquí) y de que todo apuntaba a que se podía mandar a la mierda a la concesionaria, el reequilibrio económico financiero a Tagus se aprobó en la junta de gobierno del 26 de junio de 2014, si bien, no exactamente en los términos que la empresa hubiera deseado:

• Aunque la subida tarifaria que habían pedido se aprobó, lo que implicaba subir anualmente el IPC, la subida extraordinaria independiente del IPC que se tenía que producir cada 5 años si no se alcanzaba un crecimiento anual de un 2 % en la facturación, se pospuso a una primera aplicación en 2017. Se libraba así Page del marrón que le tocaba y se lo dejaba en herencia al siguiente.
• Las inversiones que propusieron en la oferta como mejoras se redujeron en ⅔ y pasaron de 105 M€ a 35,3 M€ de los que ya se habían ejecutado 5,5 y por tanto quedaban 29,7 M€, ahorrándose unos 70 M€ (o sea, y por si no lo recordáis, la diferencia que había con PRIDESA, que en esta circunstancia se hubiera llevado la concesión). Otro marrón que postpuso Page, que de esta manera dejaba para el siguiente plantearse en qué lugar de la maltrecha red de abastecimiento y saneamiento toledana se dejaba de invertir. No era lo que quería TAGUS que se había esforzado mucho para conseguir poder ejecutar obras dentro de su grupo empresarial sin concurso público, y que les ahorraba dinero en mantenimiento, pero tampoco les venía bien a los toledanos y toledanas que tendrán que costear a través de sus tarifas las inversiones futuras cuando sea necesario. Y ya, para empezar, hace falta una válvula de fondo en la presa del Torcón que sale a 2 M€, o sustituir los más de 100 km de tuberías de fibrocemento o fundición gris, otros 9 M€; o el mallado de la red para mejorar el funcionamiento, con otro 1,5 M€ más… En fin, para que os hagáis una idea, las inversiones necesarias para mejorar la red actual se cifraban en unos 50 M€ a los que había que sumar otros 35 M€ para nuevos desarrollos… Y esto solo para el abastecimiento, que también había que invertir en saneamiento (un tema mucho menos estudiado porque no supone ingresos), que como mínimo suponía otros 12 M€, pero que seguro que son bastantes más.

En cualquier caso todo esto supone que los y las toledanas nos haremos cargo de la diferencia entre la realidad y una corrección de las excesivas previsiones de facturación que se habían hecho en 2005 con un crecimiento de un 4 % y que se redujeron en 2014 a un 2 %. Y que si hay que hacer más inversiones de los 35,3 M€ las tendremos que “financiar” aparte, a través de “derramas”, con nuevas subidas tarifarias que van más allá del reequilibrio. Quizás, eso sí, se podría haber metido a los “servicios especiales” (la Sweps y otros usuarios industriales, las poblaciones aledañas, etc) en la fiesta.

Llegados a este punto cabe preguntarse si fue una torpeza del gobierno del PSOE con el ánimo de quitarse el mochuelo de encima o podía haberse hecho otra cosa, y que el Ayuntamiento aprovechara ese momento para recuperar la gestión del servicio y librarse de la empresa concesionaria aunque se partiera con alguna deuda de origen. Según la ley de contratos, para la extinción de un contrato solo puede darse el cumplimiento o la resolución. En este último caso, están reguladas las causas, entre ellas, la resolución por mutuo acuerdo o el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales por cualquiera de las partes. Cuando obedezca a mutuo acuerdo, los derechos de las partes se deben acomodar a lo válidamente estipulado entre la Administración y el contratista. Esto suponía la devolución del canon (con su correspondiente ajuste tras los años pasados), el daño emergente en caso de tener algún contrato a medias, y el lucro cesante. El economista lo cifraba sobre 40-50 M€ como mínimo. Y Tagus no entraba precisamente en el “mutuo acuerdo”. La resolución por incumplimiento culpable del contratista supone la incautación de la garantía y la indemnización a la Administración de los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada, no obstante requiere demostrar el incumplimiento en una situación de partida, como hemos visto, complicada. No obstante, podría haber sido interesante explorar la mencionada estrategia para lograr la resolución del contrato con un acuerdo más razonable. Sin embargo, la revisión del expediente indica que los intentos que se hicieron en demostrar incumplimientos fueron muy pocos y claramente insuficientes. Para tener alguna posibilidad con esa estrategia se tenía que haber empezado a trabajar en 2009, con la primera petición del reequilibrio, y haber contratado a una persona con capacitación para la gestión del abastecimiento y dedicarlo de manera exclusiva con el apoyo de un equipo de inspección. También hubiera sido necesario invertir dinero propio del ayuntamiento en inversiones para la red de distribución y las infraestructuras del agua que salieran a concurso público compitiendo con la concesionaria para que rebajara los costes. Nada de esto se hizo, ni siquiera aproximado, así que, aunque hay que tener muy presente las drásticas limitaciones que imponía la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera a los ayuntamientos para la remunicipalización de los servicios (otra vez el PP y sus cosas), es evidente que no había ninguna voluntad para intentar resolver el contrato.

Los incumplimientos posteriores, sin plantear una revisión o auditoría, sólo han conseguido retrasar lo inevitable y no asumir el problema, pues el acuerdo aprobado en 2014 ya es norma que se puede recurrir, como así ha hecho TAGUS en la reciente sentencia. Así que sí, aunque Tolón escurrió el bulto y es responsable de que la subida sea superior a la que hubiera tenido que hacer ella misma en su mandato, la tarifa del agua iba a llegar hasta estos valores sí o sí, desde que el PP decidió adjudicar el contrato en 2006.

Después de todo esto, podría hacer un gran listado de por qué un servicio como el del agua, que es un monopolio natural, que además requiere de sensibilidad hacia la población vulnerable porque es un derecho humano, debe ser de gestión pública directa bien a través del propio Ayuntamiento o creando una empresa especializada en servicios municipales. Pero creo que la descripción del desastre de privatización ya ejemplifica magníficamente por qué la privatización siempre acaba saliendo más cara a la ciudadanía, ya sea de forma directa o indirecta. En todo caso, recomiendo empezar a leer el Manual para la remunicipalización realizado por AEOPAS para que en la próxima petición de reequilibrio o en 2031 cuando acabe la concesión no nos pille de sorpresa.

El problema no es que nos suban el agua, que probablemente seguirá subiendo. Por cierto, recomiendo este artículo de la OCU donde se ve que somos de las 15 capitales de provincia más baratas en coste total anual, pero que tenemos un coste fijo en la factura entre los 20 costes más elevados que desincentiva el ahorro, que sería conveniente corregir. Pero subirá gestione quien gestione porque es un bien cada vez más escaso, porque es necesario mejorar las formas de gestión. Porque es esencial que nos responsabilicemos, además, de los servicios ambientales que merman al detraer el agua de los cauces para meterla en nuestros grifos y del coste económico de mantener caudales ecológicos. Porque es caro mantener fuentes alternativas y lograr calidad cuando la sequía nos afectará cada vez más. Porque debemos aprender a minimizar nuestro consumo. O porque pese a quien pese tenemos una red de abastecimiento envejecida que habrá que renovar…. De lo que nos tendremos que asegurar cuando eso pase, es de que el precio sea justo y sostenible. Que integre la cobertura de las necesidades sociales y ecológicas y que no prime cubrir privilegios y servicios VIP entre los costes públicos (o fijos). Nos debe preocupar que se gestione para la ciudadanía y no para el lucro de una empresa. Que exista un mínimo vital regulado que se salga de la lógica del coste-beneficio y se garantice para cualquier persona. Que se proteja a las personas vulnerables y no se les deje sin agua bajo ningún concepto. Nuestro voto debe garantizar que se cubre el servicio y se gestiona el bien común considerando que es un Derecho Humano Básico y por tanto se sale de las lógicas del mercado. Solo eso deberíamos tener que ver cuando nos suban el agua. Hoy, solo vemos que los toledanos y toledanas seremos las encargadas de pagar la fiesta de otros.

Eva Jiménez, exconcejala de Servicios Públicos y Sostenibilidad en el Ayuntamiento de Toledo y máster en Gestión Sostenible del Agua