Si no hay movimientos de última hora, este jueves 7 de noviembre arranca una huelga general en el sector de las ambulancias de Castilla-La Mancha que se prolongará durante 11 jornadas.
Los 1.600 trabajadores de este servicio -que está privatizado en la región- se sumarán así a paros de 24 horas después de las concentraciones de las últimas semanas para exigir a las contratas adjudicatarias del servicio que empiecen a aplicar de inmediato el convenio colectivo que ya tienen acordado y firmado, pero que las empresas se niegan a registrar hasta que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) no consigne el dinero necesario para cubrir los contenidos económicos pactados.
El conflicto, que hunde sus raíces en los recortes de empleo, de salarios y de derechos que sufrieron las plantillas entre 2008 y 2013 y que seis años después aún no han recuperado, se ha exacerbado en las últimas semanas para desembocar en huelga general.
Serafín García, responsable de Ambulancias de FeSP-UGT Castilla-La Mancha, ha tachado de “abusivos” los servicios mínimos impuestos desde la Administración regional. “Los vamos a denunciar” ya que, sostiene, “nos están negando el derecho a huelga” cuando se ha decretado que estén activos el 100% de los servicios de Urgencias, además de los traslados de diálisis y oncológicos. “Además, se establece como servicio mínimo que lo que un médico decida no puede esperar. Hasta una rehabilitación, si lo prescribe”.
“Nos da mucho miedo porque la gente está muy caliente y como no dejen ejercer el derecho a huelga… ¡Ojalá no pase nada!”, advierte el sindicalista quien también pide “perdón” a los usuarios del transporte sanitario. “No queremos hacerlo, pero nos están obligando”.
La portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, por su parte, ha asegurado que siempre que se produce una huelga en un servicio básico, hay que garantizar los derechos de los usuarios y ha añadido que los servicios mínimos serán "amplios" y que podrán ser consensuados con los agentes sociales, porque “más allá de que tengan reivindicaciones laborales, que tenemos que entender, somos conscientes de que los pacientes son los primero”.
Las promesas de la Junta que los trabajadores consideran “maquillaje”
Precisamente, Blanca Fernández, ha avanzado que, en futuros procesos de licitación del servicio de ambulancias en la región, los pliegos de condiciones de gestión del servicio tendrán limitaciones a las "bajadas temerarias de presupuesto" por parte de las empresas. El objetivo es evitar que el factor económico no sea determinante a la hora de asignar la prestación del servicio.
“Me suena a más de lo mismo”, lamenta el dirigente sindical. “El problema principal es la vigilancia y el control del transporte sanitario y no lo han hecho en años”. ¿Qué está fallando?, preguntamos. “Los vehículos no están bien, necesitamos más personal contratado para moverlos…Y ahora pueden maquillar lo que quieran y decir que limitarán las bajadas temerarias de presupuesto por parte de las empresas adjudicatarias. Yo llevo aquí 27 años y lo han hecho siempre”.
Serafín García recuerda que la situación se ha repetido “con todos los gobiernos, con el único que estuvimos mejor fue con Barreda. Fue cuando tuvimos un modelo de transporte sanitario que es el que reivindicamos ahora. Cospedal se lo cargó y estos señores de ahora no lo han mejorado”.
Señala el dirigente de UGT que en aquella época - y se remonta al menos a 2007- “los servicios estaban dotados, el personal era el necesario y en mi caso cobraba un 26% más. Es decir, en lo económico, los vehículos y la dotación de conductores. Lo que pedimos es que haya 200 personas más".
También carga contra la "utilización política" que se está haciendo de estos trabajadores. "No estamos a la política sino a dar un servicio a los ciudadanos. Todos son responsables, todos los que han gobernado. Y tampoco me vale que se utilice porque haya elecciones".
Sobre el anuncio del Gobierno regional que ya ha procedido a iniciar trámites para finiquitar el contrato con la empresa que gestiona el servicio de Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, Serafín García lo tiene claro: "Asuman el servicio como público. En Baleares ya lo han hecho y funciona muy bien”.
El cansancio es patente a pesar de que se reconocen pequeños avances. “Llevamos así mucho tiempo, diez años saliendo a la calle. Parece que somos trabajadores de segunda y que a nadie le importa. Las empresas no pueden hacer lo que quieran con nosotros y la Administración es responsable de que los trabajadores sean dignos trabajadores y no una mierda”, lamenta.
Además, el próximo viernes 8 de noviembre se ha convocado una manifestación que saldrá a las del Hospital ‘Virgen de la Salud’ de Toledo para dirigirse a la sede de la Consejería de Sanidad y podrían repetirse escenas de días atrás en las que los trabajadores reclamaron la dimisión del consejero, Jesús Fernández Sanz.