La Marea de Residencias apuesta por la gestión pública y reclama mejorar las estancias: “Son presos sin condena”

Concentración de la Marea de Residencias en la plaza de Zocodover de Toledo / Foto: Toledodiario.es

“Lo vimos como un problema lejano pero nos está tocando con nuestros familiares. Mejor que nos toque vivir nuestra vejez en algún centro de una forma digna”. Así se pronuncia Adela Muñoz, miembro del movimiento la Marea de Residencias, sobre la gestión de estos centros para los que reclaman aumentar las plantillas y mejorar la estancia de los usuarios apostando por “el contacto o la estimulación de manera importante, como el comer o el asearse”.

El colectivo, que se ha manifestado este lunes en la plaza de Zocodover de Toledo junto a Asociación Talaverana por unas Pensiones Dignas, considera que durante la pandemia “los mayores han sido los últimos en ser atendidos y en muchos casos no se les ha derivado -a centros hospitalarios-, simplemente por falta de medios”, indicó por su parte Pilar López, también miembro del movimiento la Marea de Residencias. Por ello, creen que la llegada de fondos europeos debe servir ahora para implementar la gestión pública estableciendo un parque suficiente de residencias basadas “en la atención centrada en la personas”.

Según ha explicado López, la Marea de Residencias tiene abiertos litigios contra determinados centros de la Comunidad de Madrid por la gestión que han llevado con pacientes enfermos de COVID-19, y aunque no han emprendido ningún proceso judicial en Castilla-La Mancha por estas situaciones, sí ponen de ejemplo el caso de la residencia Elder de Tomelloso como “una desgraciada muestra”.

“La pandemia ha puesto de manifiesto la precaria situación de las residencias y Castilla-La Mancha ha sido la cuarta comunidad autónoma en número de fallecidos en los centros”, expone el colectivo, que lamenta también “la inacción de la Consejería de Bienestar Social” por “la ineficacia de las inspecciones”.

Centros que, a su parecer, “no proporcionan un cuidado digno de las personas por la precariedad laboral de los trabajadores”, que dice que están “sometidos a jornadas con una carga de trabajo imposible por el número de residentes a los que tienen que atender, que solo les permite realizar las actividades básicas de la vida diaria con prisas, tiempos pautados y sin medios”.

No obstante, subrayan que los trabajadores de estos centros “no son los responsables”: “Es el sistema”. “Un sistema y estructura basados en el máximo beneficio de las empresas privadas y el mínimo gasto en los centros públicos”.

Una ley estatal

También recrimina en este sentido no haber puesto en marcha “cambios legislativos ni medidas proactivas que mejoren la situación de los centros”, y critica que el aislamiento de los usuarios ha traído “más deterioro cognitivo y físico”.

“En la actualidad la norma sigue apuntando en este sentido como medio para proteger a las personas”, señalan al tiempo que recuerdan que las administraciones están “obligadas a garantizar los derechos fundamentales de las personas residentes”, entre los que se encuentran “las visitas y acompañamientos de sus familiares con las mínimas restricciones posibles”. “Son presos sin condena”, han proclamado.

Por todo ello, la Marea de Residencias aboga por establecer un marco legal estatal “urgente, una ley de residencias que garantice todos los derechos y la dignidad de las personas en las residencias, de sus trabajadores y que termine con el maltrato y el ocultismo institucional de las empresas, consentido por las malas inspecciones que favorecen el negocio con los más vulnerables”.

“El 47,3% de fallecidos por COVID estaban en residencias de mayores”

En este sentido se ha pronunciado también Juan Modesto Casamayor, miembro de la Asociación Talaverana por unas Pensiones Dignas, quien ha indicado que la pandemia ha dejado de manifiesto “la nefasta gestión y lo mal dotadas de recursos que están las residencias en España”.

“En nuestra comunidad autónoma murieron 2.833 personas, El 47,3% de los fallecimientos por COVID estaban en residencias de mayores, un dato actualizado de este pasado día 25 -según los datos de la Junta la cifra se sitúa en 2.049 decesos de los 6.069 totales por esta enfermedad en la región-“, ha dicho Casamayor, quien ha advertido que “si no se evita, la sanidad pública y las residencias de mayores seguirán agonizando mientras que las grandes corporaciones serán las grandes beneficiarias del fondo europeo de recuperación económica”.

“Por eso hay que concienciar a la sociedad de que en estas movilizaciones es fundamental su presencia. Lo público es lo único que iguala a un desempleado o una trabajadora con un burgués o un millonario”, ha aseverado el representante de la asociación.