Manifestación taxistas en la plaza de Zocodover / Europa Press
En la capital regional, La Asociación Gremial de Radio Taxi de Toledo ha mostrado su apoyo a los compañeros que se encuentran en huelga indefinida en varias ciudades del país, con una concentración convocada en la céntrica plaza de Zocodover, ante la Delegación del Gobierno.
El vicepresidente de la asociación local del taxi en Toledo, Agustín Mejía, ha reivindicado junto a sus compañeros la concesión de una licencia VTC por cada 30 licencias de taxis y ha exigido que se transfieran a las Comunidades Autónomas las competencias, de manera que se cumpla la sentencia dictaminada por el Tribuna Supremo de junio de 2018 sobre la proporcionalidad de 1/30 en todas las regiones.
Además, los taxistas de Toledo han pedido que se realicen cambios en la Ley y en el Reglamento de Transporte para poner orden al sector; también han exigido que no se den más autorizaciones VTC en las Comunidades Autónoma y que se ponga en funcionamiento la web de registro y control aprobada el pasado mes de diciembre de 2017.
“Desde hace unos años en la ciudad de Toledo se detecta la llegada diaria de furgonetas VTC que no cumplen con la normativa de transportes en la región. Y requerimos a la Dirección Provincial de Fomento y al Ayuntamiento de Toledo que adopten medidas de inspección y control de estos vehículos”, señala el colectivo. “Ni siquiera cumplen con la normativa de tráfico local, ya que aparcan sus vehículos donde quieren”. Por ello, han anunciado que solicitarán una reunión al Ayuntamiento y a la Dirección Provincial de la Consejería de Fomento, para que exigirles “rigurosidad con quienes incumplen”.
Apoyo regional
Asimismo, otros colectivos de taxistas de Castilla-La Mancha han mostrado su apoyo y solidaridad al sector, en contra de las denominadas licencias VTC (Vehículos de Transporte con Conductor) que utilizan empresas como Uber o Cabify. Actualmente en Castilla-La Mancha operan cerca de 1.200 taxistas y 46 VTC, y aunque estas licencias “no afectan mucho” a la región, el presidente de la Federación del Taxi en Castilla-La Mancha, Manuel García, considera que hay que tomar medidas para que se cumpla con la ley.
“El taxi de Castilla-La Mancha es solidario con sus compañeros, lo llevamos siendo desde un principio porque este no es un problema reciente, es un problema que lleva desde 2009 y siempre hemos colaborado y hemos estado en las manifestaciones que se han hecho en relación con esta problemática”, explica García. “En Castilla-La Mancha el número de autorizaciones cumple con el 1/30 (un VTC por cada 30 taxis), que están reclamando los demás compañeros y la única incidencia que tenemos con las VTC es que se puedan trasladar de provincias cercanas a hacer servicios a poblaciones de nuestra región”.
Este lunes ha finalizado sin acuerdo la reunión que han mantenido representantes del sector del taxi con el secretario de Estado de Infraestructuras, Tranporte y Vivienda, Pedro Saura, en el Ministerio de Fomento, por lo que el paro de taxistas en ciudades como Barcelona y Madrid va a continuar. Según los portavoces de las asociaciones de taxistas, las propuestas del Gobierno “han sido demasiado inconcretas como para levantar las protestas”.
En la reunión el sector ha planteado cuatro reivindicaciones entre las que destaca la transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas para que el equilibrio que determina el Tribunal Supremo en la sentencia de junio de 2018, sobre la proporcionalidad 1/30, se cumpla en todas las comunidades. “Más que a las comunidades yo creo que es a los ayuntamientos, porque todo esto viene por el decreto de Colau que si se extiende a los demás municipios es el que pondría fin al conflicto del 1/30 y por eso estábamos tan contentos porque habíamos visto luz”, explica el presidente de la Federación del Taxi en Castilla-La Mancha,
El origen de esta protesta
El conflicto del sector del taxi tiene su origen en la competencia con los VTC (alquiler de vehículos con conductor) y las licencias que se les conceden. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tomó la iniciativa para poner coto a Uber y Cabify y el pasado junio aprobó un reglamento que exigía una licencia municipal adicional a estos vehículos. Suponía la retirada de vehículos VTC del área metropolitana.
El reglamento fue suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tras un recurso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), lo que ha propiciado una huelga de los taxistas barceloneses.
Por su parte, la respuesta del Ministerio de Fomento, recién cambiado el Gobierno, fue la presentación de un recurso contra dicho reglamento. Fue una iniciativa del director general de Transporte Terrestre, Joaquín del Moral Salcedo, y la tomó “sin avisar” ni tan siquiera a la secretaria general de Transportes, María José Rallo, según fuentes de este departamento.
Por este motivo fue cesado por José Luis Ábalos, que pretendía “apurar los plazos” y “actuar con tranquilidad” conociendo “lo delicado de la situación”, según añaden las citadas fuentes, que desvinculan el cese de un eventual “gesto” hacia Colau. En sustitución de Moral Salcedo, que había sido elegido en 2012 para su cargo por el Gobierno de Mariano Rajoy, se ha nombrado a Mercedes Gómez Álvarez.
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