Las plataformas contra las macrogranjas llevan a Bruselas el "reguero de incumplimientos" en España

• La coordinadora estatal Stop Ganadería Industrial registró ante la Comisión de Peticiones en Bruselas una serie de incumplimientos detectadas en la práctica de la ganadería industrial

• "Asisitimos con perplejidad cómo se está permitiendo, alentando o incluso subvencionando estas actuaciones", aseguró Rosa Díez, coportavoz del movimiento

Decenas de activistas de plataformas ciudadanas contra las macrogranjas llegaron a Europa para protagonizar la conferencia 'Ganadería Industrial. La cara oculta de la carne low cost', promovido por el grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo. El eurodiputado Florent Marcellesi presidió la visita, en la que la Coordinadora Estatal Stop Macrogranjas presentó un documento en el que se describen los "numerosos" incumplimientos que hacen estas instalaciones de la normativa europea. Así lo explicó la coportavoz del movimiento a nivel nacional, Rosa Díez, quien denunció el "reguero" de estas irregularidades.

Díez describió como "a pesar de la preocupación pública" se permite un negocio que ha tachado de "altamente contaminante" y, además, se "compromete el futuro" de los pueblos. Ha sido esto, explicó, lo que ha provocado una movilización ciudadana "sin precedente" con más de 40 movimientos por todo el país. "Queremos preguntar cómo puede ser que se esté permitiendo este reguero de incumplimientos", aseguró Díez, que recordó que "asistimos con perplejidad cómo se está permitiendo, alentando, o incluso subvencionando estas actuaciones".

En la petición, la coordinadora hace referencia al nitrógeno que se prevé verter, que "suele duplicar o incluso triplicar" la cantidad recomendada para el abono, y que puede llevar a la sobrefertilización "y la consiguiente contaminación de los acuíferos". "Consideramos que se está contraviniendo la Directiva 91/676/CEE
sobre protección de las aguas a la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, ya que se sobrepasan los límites de vertidos recomendados", aseguran.

Igualmente, mencionan "numerosos proyectos" que afectan a espacios protegidos, como parques naturales o dentro de la Red Natura 2000, y que han sido catalogadas por los mismos Estados Miembros de la Unión Europea, lo que consideran incumple dos directivas europeas: 79/409/CEE relativa a la conservación de aves silvestres, y7 92/43/CEE del Consejo, de conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. En cuanto a contaminación, llaman la atención a la "grave" contaminación por nitratos que producen las instalaciones, así como al aumento de la emisión de amoníaco y de CO2 que incumplen los acuerdos asumidos por España.

En cuanto a bienestar animal, explican que existen "graves" incumplimientos de la directiva que establecen los estándares "mínimos" para la protección de los cerdos en la Unión Europea, ya que no se ha puesto en marcha la normativa y se produce raboteo rutinario según los datos manejados por la misma europea en el 98,5% de los cerdos. Además, explican que no se han tomado medidas preventivas de la caudofagia y el raboteo rutinario. Finalmente, aseguran que no se garantiza el acceso a los cerdos a una cantidad suficiente de materiales como paja, heno, madera o serrín que "no comprometa la salud de los animales".

Anomalías "fáciles" de detectar

Desde la coordinadora estatal han señalado, igualmente, que los incumplimientos que han detectado son "fáciles de detectar" incluso para quienes no son técnicas o técnicos o no tienen experiencia previa en el sector. "Necesitan estudios y evaluaciones ambientales, pero son extremadamente esquemáticos", explicó Díez en cuanto a los informes presentados por las empresas que han sido estudiados por las plataformas. "Vemos que las proyecciones en relación a los núcleos de agua o protección natural son claramente insuficientes", aseguró la activista, que recordó que se pretenden construir explotaciones a 250 metros de una captación de agua o en otro caso a 300 metros de alojamientos rurales. "¿Alguien cree que esto va a proteger a los pueblos?".

Lo que reclaman los movimientos, que suelen ser vecinos que viven en espacios protegidos, es que la "supuesta protección" se queda "en nada" porque se permite la construcción de este tipo. Por eso, lo que piden son iniciativas legislativas que permitan una "ganadería respetuosa y que hagan posible un mundo rural vivo". "Creemos que Europa no puede permanecer callada ante el atropello de nuestros derechos", concluyó Díez.

En este sentido habló también Inma Lozano, coportavoz de la coordinadora, que recordó que El Pozo quiso instalar a menos de dos kilómetros de su casa una instalación de unos 140.000 cerdos, en una zona ya afectada por los hitratos debido al uso agrícola. Por eso, la vecina de Pozuelo se preguntaba si "¿podríamos tener agua para todos? ¿En una zona semiárida, cómo van a solucionar el abastecimiento del agua?". De este modo, criticó también que las empresas se "aprovechan de la desesperación de los pueblos" al ofrecerse como "salvadores del medio rural", pero citó casos como Balsa de Ves, un pequeño pueblo de Albacete, que ha perdido el 40% de su población tras la instalación de la macrogranja. "La gente se va, nadie quiere poner en riesgo su salud", aseguró.

Lozano señaló igualmente que aunque el proyecto se ha archivado los vecinos "no están tranquilos" porque la finca en cuestión sigue a nombre de El Pozo y temen que se pueda volver a retomar. De este modo, recordó cómo el "poder fáctico" del grupo alimentario puso a "su servicio" la política regional en Murcia "donde no hace más que relajar el sector". Daniel González, portavoz de Stop Macrogranjas de Castilla-La Mancha, expuso el crecimiento del sector en distintas regiones del país, en un crecimiento "insostenible" y que además carece de "transparencia en su información pública".

Por eso, subrayó la importancia de las movilizaciones ciudadanas que han logrado la paralización en Castilla-La Mancha de proyectos como el 1 y 2 de los planteados en la localidad albaceteña de Ayora o también el número 4 en Alpera. "Esto no es un triunfo", puntualizó González, que recordó que el proyecto 1 en Ayora igualmente está funcionando "a pesar de no contar con los permisos necesarios". "Nos sorprende que no se haya paralizado la instalación ilegal", afirmó. "Es cierto que los órganos judiciales nos están dando la razón, pero nos preguntamos qué tiene que decir Europa ante este incumplimiento. Estamos aquí buscando la respuesta", concluyó.