La renta mínima castellano-manchega, el reto de Podemos que llega “ajustado” al final de la legislatura

José García Molina e Inmaculada Herranz JCCM

La actual legislatura de Castilla-La Mancha se ha desarrollado en varios tiempos, pero todos han tenido un denominador común: las decisiones de Podemos. Su representación parlamentaria ha sido crucial para que el PSOE de Emiliano García-Page haya podido desenvolverse con más o menos soltura ante un PP ya sin María Dolores de Cospedal. Pero este ciclo no ha estado exento de tropiezos. El acuerdo de investidura entre PSOE y Podemos se convirtió a los dos años en “papel mojado”, algo de lo que ambos se culparon mutuamente. Después, vino el pacto de Gobierno mediante el que la formación morada entró a formar parte del Ejecutivo castellano-manchego, y ahora llega otra prueba de fuego: la aprobación de las dos leyes que Podemos ha elaborado: la Ley de Garantía de Ingresos y de Garantías Ciudadanas, que regula entre otras cuestiones una renta mínima en la región, y la Ley de Participación Ciudadana.

El secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha y vicepresidente segundo del Gobierno, José García Molina, ha anunciado a eldiarioclm.es que el anteproyecto de ley de renta mínima recibirá luz verde del Consejo de Gobierno el 27 de diciembre, es decir, el último del año. Con ello, el plazo es ‘in extremis’: solo queda un periodo de sesiones hasta la disolución de las Cortes regionales, en el que esta ley debería pasar por plazos de enmiendas, comisión y pleno. Es posible, pero “ajustado”.

Esta normativa ha sido elaborada desde el equipo dirigido por la consejera del Plan de Garantías Ciudadanas Inmaculada Herranz (otra de las componentes de Podemos en el Gobierno). Con ello se ha buscado dar cuerpo legislativo a ese plan de garantías, convertido en la principal hoja de ruta de la formación morada para revertir las consecuencias de los recortes por la crisis. En este anteproyecto se regulan los dos tramos de condiciones que las familias deben cumplir para tener acceso a la renta mínima hasta completar los 600 euros, una cantidad que se elevará por cada miembro adicional.

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El objetivo es crear un “sistema de protección estable” donde se integran derechos avanzados en tres ejes: la coherencia con los fondos estructurales de la Unión Europea destinados a España, que Castilla-La Mancha sea equiparable a otras comunidades autónomas que ya cuentan con este sistema, y su “altísima” participación, ya que la norma viene “avalada” por el conjunto de colectivos sociales, asociaciones de vecinos, sindicatos y profesionales.

Los dos bloques de garantía de rentas

Este anteproyecto de ley, como ya adelantó eldiarioclm.es, hará efectivo tanto el derecho de garantía de ingresos como un conjunto de garantías complementerias. El primer bloque mantiene el objetivo de garantizar la renta mediante las políticas activas de empleo, por un lado, y para los que no tienen empleo, por otro lado, una renta garantizada o la complementariedad de sus ingresos “para mantener una vida digna”. El segundo bloque se refiere a las iniciativas complementarias, que son prestaciones vinculadas a la educación (material escolar, libros de texto), vivienda (rescate habitacional) y acompañamiento en el ámbito socio-laboral.

Así, el acceso a la titularidad del derecho de garantías ciudadanas vendrá determinado por la capacidad económica de las personas solicitantes y demás miembros de su unidad de convivencia. Para ello se establecen dos tramos. En el primero, la renta garantizada se hará efectiva cuando la capacidad económica de quien lo solicita, y en su caso, de los demás integrantes de la unidad de convivencia de la que formen parte, sea inferior al 70% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para unidades de convivencia unipersonales, incrementándose en un porcentaje por miembro adicional, con una prestación media de 600 euros mensuales. En estos casos, tal y como aparecía también en el primer texto, tendrán prioridad las familias con menores por la necesidad de erradicar la pobreza infantil. Y en este tramo, las familias pueden acogerse tanto a la garantía de ingresos como a las complementarias.

En cuanto al segundo tramo, referente solo a las garantías complementarias, se establece cuando la capacidad económica de quien lo solicita, y en su caso, de los demás integrantes de la unidad de convivencia de la que formen parte, sea igual o superior al 70% del SMI, no superando el 130% de este indicador para unidades de convivencia unipersonales e incrementándose un porcentaje por miembro adicional.

Una precisión importante es que a la entrada en vigor de esta ley las personas perceptoras que tengan reconocido el Ingreso Mínimo de Solidaridad -el instrumento castellano-manchego ya existente para situaciones de extrema necesidad- pasarán a tener reconocida de forma automática la Prestación de Renta Garantizada. La previsión es que estas medidas tengan en 2019 un total de 24.000 titulares pero que lleguen a unos 94.000 beneficiarios en Castilla-La Mancha.

José Luis García Gascon, director general de Participación Ciudadana de Castilla-La Mancha

En cuanto a la Ley de Participación Ciudadana, que abandera el director general Jose Luis García Gascón, Podemos también espera su tramitación antes de las elecciones, es decir, en el mismo periodo de sesiones. Este texto se ha elaborado con numerosas aportaciones de la ciudadanía y una de sus novedades más importantes es que a través del mismo se crea un sistema que “obliga al compromiso de la Administración con las propuestas de la sociedad”. Será a través de los llamados ‘convenios’ con la ciudadanía para tener una garantía legal.

Estas dos leyes “no hubieran sido una realidad si Podemos no hubiera estado en el Gobierno”, resalta el vicepresidente José García Molina. Dice tener la garantía de que ambos anteproyectos pasarán por el Consejo con tiempo suficiente para que se tramiten antes del final de la legislatura, y de hecho, no contempla ningún escenario en el que esto no sea así. Preguntado por las dudas que desde la Junta se han sembrado en torno a que parte de estos textos aún estaban sin consensuar, explica que ha habido una “lectura parcial” que llevaba quizás a “exagerar la discrepancia en cuanto a los contenidos de las leyes”. Pero “esa etapa se ha pasado ya” y “todos tenemos claro que ambas normas supondrán un avance extraordinario”.

Se trata así de un escenario que el líder de Podemos considera “positivo”. De hecho, afirma quedarse con “el principio y el final” de la legislatura. Con el principio, porque “veníamos de una  legislatura que había generado mucho padecimiento social y en los empleados públicos” y “todo se inició con una nueva esperanza y expectativa de cambio en la región” encuadrada en el pacto de investidura por el que Podemos permitió gobernar a Emiliano García-Page. Después, habla de una “parte intermedia” que tuvo que ver con la ruptura de ese acuerdo debido a los “incumplimientos” de los socialistas. Pero desde agosto de 2017, eso se convirtió en un “entendimiento entre diferentes” que todavía dura.

“No gustaría que la recuperación de políticas sociales fuera con mayor intensidad, por ejemplo, pero en líneas generales, hemos demostrado que nos podemos ir entendiendo”. El líder de Podemos considera además que hay otras leyes muy importantes pendientes de aprobación aparte de las que ha liderado su partido, como la de Bienestar Anima, la de Vivienda y la de Economía Circular.

Supervivencia del pacto de gobierno PSOE-Podemos

Pero, ¿llegará el pacto hasta la disolución del Parlamento castellano-manchego o está supeditado a estas dos leyes? “Mientras se cumpla palabra dada, habrá acuerdo. Es la misma posición que mantuvimos con el acuerdo de investidura. Por nuestra parte, estamos en la lógica de cumplir la palabra cuando entramos en el Gobierno y espero que la otra parte también”, afirma. Niega cualquier indicación desde la dirección nacional de Podemos para romper antes ese acuerdo: “Nosotros hacemos política autonómica y autónoma”.

Preguntado sobre si el pacto PSOE-Podemos sigue siendo un modelo a exportar a nivel nacional, García Molina destaca la necesidad de que exista un “proyecto de región y de país” de carácter progresista, y no solo por el auge de la ultraderecha: “Sería bueno que las fuerzas progresistas contravinieran su propia historia y supieran trabajar más juntas, porque parece que la división ha sido más propia de la izquierda. En este momento en el que ellos (la derecha) se fragmentan en partidos distintos, sí deberíamos construir un proyecto mucho más colectivo”.

Finalmente, pone como ejemplo lo sucedido en las elecciones andaluzas. Considera que debería “tomar nota todo el mundo” acerca de “cómo perder un gobierno gracias a gobernar con Ciudadanos y que eso se haya llevado buena parte del voto socialista”. “Es lo que pasa cuando te confundes en tu discurso y en tus prácticas con otros”, agrega, aunque también destaca la gran abstención, que “nos tiene que hacer pensar en cómo puede haber un proyecto que movilice a la gente para que no se quede en casa”.