Ejemplar de águila imperial ibérica / Foto: MITECO
El águila imperial ibérica se aleja del riesgo de extinción que acechaba a la especie a mediados de los años 70 del siglo pasado, cuando el primer censo de la especie apenas contabilizó 39 parejas en 1974.
Sin embargo, las medidas de conservación mantenidas en este casi medio siglo han permitido mantener una senda al alza en el número de ejemplares, que solo en el último lustro, ha experimentado un crecimiento del 53 por ciento hasta alcanzar al menos 841 parejas reproductoras en 2022, según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Estos esperanzadores datos sobre el águila imperial ibérica, una especie emblemática de la fauna española y única rapaz endémica de la Península Ibérica, de las 841 parejas y además del número ha crecido también su área de distribución, que llega a 21 provincias de cinco comunidades autónomas.
Según el último censo realizado entre 2021 y 2022 por el Grupo de Trabajo del Águila Imperial Ibérica, del que forman parte representantes de las administraciones ambientales tanto de España como de Portugal, expertos y entidades especializadas, se contabilizaron un mínimo de 841 parejas reproductoras de águila imperial, 20 de ellas en Portugal.
En España, la especie se distribuye por cinco comunidades autónomas aunque su presencia ha aumentado hasta en 21 provincias. Son tres más que en la anterior evaluación, de 2017, pues desde entonces, Granada, Cuenca y Palencia albergan parejas reproductoras.
De todas ellas, según los censos coordinados, casi la mitad vive en Castilla-La Mancha, que acoge al 47 por ciento de las parejas reproductoras de toda España, ya que en 2022 se censaron 396 territorios de águila imperial ibérica.
La región cuenta con hábitats muy favorables para la especie, asociados principalmente al valle del Tajo, entorno de Sierra Morena y comarca de Campo de Montiel, lo que ha permitido un incremento relevante de parejas y, al mismo tiempo, del número de ejemplares dispersantes asentados en territorio castellano-manchego.
La provincia clave es Toledo, con 212 territorios contabilizados con ejemplares de la especie.
Andalucía, por su parte, también ha contabilizado un incremento muy importante, ya que casi ha duplicado su población en una década. Así, el censo ha pasado de contar con 70 parejas en 2011 a 136 y su ampliación del área de asentamiento es notable, según el grupo de expertos, que concluye que en los últimos años ha llegado a las sierras Subbéticas y la provincia de Granada.
Asimismo muestra una clara tendencia expansiva la especie en Castilla y León que alberga 131 parejas, sobre todo en el norte de la región y la Comunidad de Madrid dispone también de una elevada densidad de águilas imperiales, alcanzando las 83 parejas en 2022 cuando en 2008 apenas se contaban 30 parejas.
Extremadura ha aumentado también su población aunque a un ritmo menor y en 2022 acoge a un total de 75 parejas. Portugal ha informado de un mínimo de 17 parejas en el país pero se estima que podrían ser 20, sobre todo en el Alentejo y en las áreas limítrofes con Extremadura.
El Ministerio para la Transición Ecológica celebra la tendencia al alza de las poblaciones reproductoras de la especie desde que comenzaron los trabajos de seguimiento y conservación, tras la protección de la especie y su inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.
Así, el primer censo nacional se realizó en 1974 a cargo de Jesús Garzón quien contabilizó 39 parejas. En 1988 la especie aumentó hasta las 104 parejas y desde entonces la población ha seguido creciendo a un ritmo del 6 por ciento anual de media.
Éxito colectivo
El Ministerio atribuye la recuperación del águila imperial ibérica a la labor desarrollada no solo por las administraciones públicas, sino también por los propietarios de fincas privadas, entidades conservacionistas e investigadores.
También ha ayudado la contribución financiera del programa LIFE de la Unión Europea que en la década de los años 90 permitió impulsar el conocimiento de esta especie, las amenazas que afronta y desarrollar un programa coordinado de actuaciones en España.
En concreto, destaca que la adecuación de las características técnicas de los apoyos de líneas eléctricas peligrosas ha sido fundamental para mejorar la supervivencia de la especie, puesto que la electrocución en estas estructurase ha sido y es el principal factor de mortalidad no natural del águila imperial ibérica.
Suelta de águila imperial / Fotografía: JCCM
En ese sentido, desde la aprobación del Real Decreto 1432/2008 por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, las administraciones públicas han invertido al menos 30 millones de euros en el período 2008-2020, que se complementarán con otros 60 millones para el período 2021-2026 procedentes de los fondos Next-Generation de la Unión Europea.
Además de las electrocuciones, otro de los factores importantes que juega en contra de la emblemática especie ibérica son los cebos envenenados con tóxicos que se colocan de manera ilegal en el medio natural. Solo entre 1992 y 2017 se detectaron 195 ejemplares muertos por esta causa.
La aprobación de planes de actuación a nivel autonómico y la inversión en métodos de prevención y persecución del uso ilegal de cebos envenenados han posibilitado que esta amenaza se haya reducido proporcionalmente en los últimos años.
Al mismo tiempo, otros peligros para la especie siguen siendo su persecución directa con métodos ilícitos, como por ejemplo disparos; la intoxicación por ingesta de presas con altos niveles de metales pesados (plomo principalmente) y, el desarrollo de infraestructuras que puedan afectar negativamente a esta recuperación.
Por ello, el Ministerio hace hincapié en la importancia de mantener los esfuerzos de seguimiento, investigación, de inversión en arreglo de tendidos, de protección de áreas críticas ante transformaciones del hábitat por implantación de desarrollos energéticos y de conciliación de las prácticas desarrolladas en el medio rural.
Finalmente, incide en que al tratarse de una especie endémica, España y Portugal tienen la máxima responsabilidad a nivel global para asegurar la conservación de esta especie considerada prioritaria en el conjunto de normas y convenios internacionales sobre conservación de la biodiversidad.
