La producción del polémico biogás contará con un decreto regional para gestionar  15 millones de toneladas de residuos

Proyecto de futura planta de biogás en Gálvez

El Gobierno de Castilla-La Mancha está realizando una apuesta decidida por la producción de biogás en la región, un gas renovable que permite el aprovechamiento de residuos agroganaderos. Para ello, va a convertirse también en la primera comunidad autónoma que lo regula por decreto, pese a la polémica que ha desatado en algunas zonas “sensibles” del territorio, donde varios ayuntamientos, así como colectivos sociales y ecologistas, están en contra de su desarrollo por ser una “puerta para las macrogranjas”, fuente de emisiones de CO2 y de malos olores.

La situación no es de ahora. La promoción del biometano (que es una modalidad de biogás) como una de las energías del futuro, amparada por la normativa que establece peajes y cánones asociados a terceros para acceder a las instalaciones gasistas, ha hecho que en esta comunidad autónoma hayan comenzado a fraguarse importantes proyectos desde hace tres años.

El Ejecutivo de Emiliano García-Page lo ha visto claro y va a dar un paso firme en su desarrollo: prepara un decreto regulador para un futuro “Plan de Biometano de Castilla-La Mancha”. Actualmente esta iniciativa se encuentra en trámite de consulta pública previa, por lo que todavía no hay un texto que desgrane los detalles de las medidas que Castilla-La Mancha quiere poner en marcha.

Pero el Gobierno autonómico sí explica en esta consulta que el biometano-biogás puede “contribuir a lograr tanto los objetivos de descarbonización establecidos a nivel comunitario y estatal, como los objetivos de reducción de la dependencia energética exterior”.

Argumenta así que con la publicación del Plan REPowerEU, que entre otras cosas busca una menor dependencia del gas ruso, los objetivos de desarrollo del biometano han aumentado con el fin de reducir la dependencia europea en las importaciones de gas.

Planta de biogás en una imagen de archivo / Europa Press

Y en concreto, apunta que para poder cumplir los nuevos objetivos europeos de producción de biometano (35.000 millones de metros cúbicos en 2030) y de porcentaje de sustitución de gas natural, son necesarios mecanismos de apoyo que promuevan su despliegue.

Recuerda la Administración castellanomanchega que la ley de cambio climático y transición energética impone al Gobierno el fomento, mediante la aprobación de planes específicos, de la penetración de los gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano o el hidrógeno. También refiere que la llamada 'Hoja de Ruta del Biogás' aprobada por el Consejo de Ministros, sirve como instrumento para articular esta normativa.

A nivel autonómico, el Gobierno sostiene que este gas también contribuye a alcanzar los objetivos de la Estrategia Española de Economía Circular, y así está incluido también en la planificación autonómica.

Con este decreto, por tanto, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha quiere paliar la existencia de una economía “muy carbonizada y poco sostenible”, así como frenar la “fuerte dependencia energética exterior” y la producción de una gran cantidad de residuos “difíciles de valorizar”. Concretamente, Castilla-La Mancha, según cálculos del Gobierno regional, debe hacerlo con 15 millones de toneladas de residuos agroganaderos.

La norma viene a dar satisfacción al lobby gasístico y energético", Torni Jorge — Ecologistas en Acción de la Manchuela y Pueblos Vivos

Entre los objetivos que se incluirá, por tanto, en el decreto se encuentra articular mecanismos que permitan fomentar la producción de biometano en la región, reducir la citada dependencia y “contribuir” al desarrollo de la economía circular.

El nuevo paso dado por el Gobierno castellanomanchego no ha gustado a las asociaciones que rechazan la proliferación este tipo de proyectos. Toni Jorge, de Ecologistas en Acción de la Manchuela y de la Asociación Pueblos Vivos, señala que los objetivos manifestados en esta consulta “no tienen nada que ver con los reales”.

Opina que la descarbonización “importa muy poco” al Ejecutivo de Emiliano García-Page ya que su política de residuos es “totalmente errática” y además con este gas la dependencia energética “no se va a solucionar”. “La norma viene a dar satisfacción al lobby gasístico y energético, que piden más liberalización, más facilidades de tramitación, más subvenciones y menos trámites”, agrega.

Recuerda a este respecto que en Castilla-La Mancha existe una normativa para declarar algunas iniciativas como “proyectos prioritarios”. Esta normativa, que agiliza los trámites en los casos en que el proyecto en cuestión recibe luz verde, precisamente va a beneficiar a uno de los proyectos 'estrella' del Gobierno regional: la planta de biogás que la empresa Nortiben Green Energy I, S.L tiene previsto levantar en Gálvez (Toledo).

Muestra de planta de producción de biometano / Nedgia

En contraste, hay otros proyectos fallidos en esta comunidad autónoma. Es el caso de la planta que se había proyectado en el término municipal de Corduente, en pleno corazón del Parque Natural del Alto Tajo (Guadalajara). Las presiones de la Plataforma Stop Biogás-Alto Tajo, mediante movilizaciones y con la presentación de recursos de alzada sobre el expediente, surtieron efecto y el alcalde de la localidad, el socialista Juan Carlos Muñoz, anunció en febrero que la planta no se iba a llevar a cabo. “No es el sitio”, dijo.

Tampoco saldrá adelante la iniciativa proyectada en el Polígono Romica de la ciudad de Albacete, donde PP y PSOE se unieron contra la iniciativa aprobando una normativa específica municipal para impedir su construcción.

“El sector (de renovables) necesita una regulación normativa, pero completa, tanto de distancias como de transparencia en la tramitación, tamaño de plantas, tratamiento de los digestatos y un largo etcétera, entre lo que se cuenta la capacidad de decisión de los ayuntamientos sobre la implantación de estas instalaciones en sus términos”, afirma a este respecto Toni Jorge.

Efectivamente, son los ayuntamientos los que tendrán la última palabra de este desarrollo que busca el Gobierno regional. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, anunció en una entrevista con elDiarioclm.es, que el Ejecutivo quiere cambiar la normativa autonómica para que ningún proyecto empresarial se someta a evaluación ambiental sin el visto bueno previo del ayuntamiento afectado.

Los ayuntamientos tendrán la última palabra

“Con ese documento previo, si el Ayuntamiento no esta conforme con ello no vamos a hacer la evaluación ambiental”, precisó en su momento la consejera.

En realidad, de facto, la decisión siempre recae sobre los ayuntamientos pero es habitual que cuando se presenta un proyecto empresarial de gran envergadura, la Corporación local no se pronuncie, sino que suele solicitar al Ejecutivo regional que lo valore.

“El problema es que si a nosotros se nos presenta un proyecto de lo que sea, de porcino, de biometano, y cumple todos los requisitos legalmente, esta administración nunca le va a poder decir que no. El único que le puede decir 'no' es el ayuntamiento, el que tiene potestad de denegar la licencia”, argumenta el Gobierno castellanomanchego.

Esa modificación de la Ley de Evaluación Ambiental deja en manos de los ayuntamientos lo que pueda suceder también con este objetivo de “biometanización” que ahora quiere conseguir el Ejecutivo mediante el nuevo decreto.

Entra en funcionamiento la primera planta de biogás agroindustrial de Andalucía / Planta de biogás en Andalucía

ajo este contexto, Ecologistas en Acción ha publicado recientemente su posición común sobre el biogás y el biometano. Afirma que desde una perspectiva ecologista y de defensa de la naturaleza, la relación entre el biogás y la ganadería industrial es “compleja”. Por un lado, reconoce que la ganadería industrial produce grandes cantidades de estiércol y otros residuos orgánicos, que pueden ser utilizados como materia prima para la producción de biogás, reduciendo así la contaminación y los olores asociados a estos desechos.

Sin embargo, este colectivo alerta de que la ganadería industrial también está asociada con una serie de problemas ambientales, como la deforestación, la contaminación del agua, de los suelos y del aire y la pérdida de biodiversidad.

Por lo tanto, concluye que “si bien el uso de biogás puede ayudar a mitigar algunos de los impactos negativos de la ganadería industrial, no es una solución completa y se deben abordar los problemas estructurales de este sistema de producción animal”.