El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha ha presentado ya su primera proposición de Ley. Se trata de la polémica Ley de Mecenazgo, una normativa que ya se debatió en la Cámara regional y que no salió adelante después de que el grupo parlamentario de Podemos, compuesto por María Díaz y David Llorente, decidieran ausentarse de la comisión y de que el PP votara en contra de la Ley. Los hechos se remontan a julio de 2018 y fue uno de los momentos de ruptura entre el PSOE y Podemos que formaba parte del Ejecutivo de Emiliano García-Page.
La portavoz del Grupo Socialista, Ana Isabel Abengózar, explica a eldiarioclm.es que la Ley ha sido propuesta por ser un "compromiso" de Emiliano García-Page, presidente de la Junta, quien lo manifestó así en el debate de investidura. "Dijo que iba a ser una de las primeras leyes que volvería a las Cortes y es nuestra primera proposición de Ley", señala. Además, la diputada regional defiende que su importancia es "mucha" y que ya se explicó cuando se presentó por primera vez en la cámara regional. "Es una forma de conseguir financiación, de promover, proteger e impulsar la cultura. Eso es la función definitiva", recalca la diputada.
Además, Abengózar asegura que se trata de una manera de crearla de una forma "transparente" y que se quiere utilizar la normativa para ayudar a la cultura de una "forma transparente". "Sin lugar a duda, se trata de crear una sinergia entre la sociedad y la cultura", señala. Pero no sólo eso, sino también ayudar a la investigación en el ámbito cultural y los proyectos que se quieran ir creando en este sentido en Castilla-La Mancha. La aprobación en segunda vuelta de esta Ley depende de la agilidad con la que se quiera tramitar la misma y también de las enmiendas que los grupos parlamentarios quieran presentar.
Una ley con expectativas
La Ley de Mecenazgo se presentó como muchas otras que no salieron adelante en la pasada legislatura, como un texto normativo pionero en España para apoyar un sector regional. En el anteproyecto se presentaba una serie de medidas fiscales para los mecenas como una manera de ayudar a los convenios públicos y privados en materia cultural . Entre otras cosas, se se proponía un crédito fiscal por el 25% de los convenios de colaboración o de los importes dinerarios que se donasen a proyectos culturales. También, se proponía la creación de una Oficina regional de Mecenazgo para el seguimiento de proyectos con financiación privada.
Según señalaba el texto del anteproyecto, y recoge Alicia Avilés de eldiarioclm.es, la normativa se había creado para hacer frente al cambio de modelo económico que surgió de la crisis por la que pasó España y que golpeó al sector cultural. De este modo, la Ley quería facilitar la creación de nuevas maneras con las que apoyar la financiación del sector cultural y también impulsar la reestructuración en las industrias culturales y en las nuevas formas de consumo cultural. También se presentaba como una forma de combatir el aumento del IVA en el sector, ya que suponía "un elevado incremento en el coste de los productos y servicios culturales, generando una mayor retracción del consumo".
La normativa se presentaba como aplicable a los servicios y productos culturales derivados de la cinematografía, las artes audiovisuales, las artes multimedia, las artes escénicas, la música, la danza, el teatro, el circo, las artes plásticas, la fotografía, el diseño, las ediciones literarias en cualquier soporte, y las relacionadas con la investigación, la documentación, la conservación y la restauración del patrimonio cultural. Los beneficiarios podían ser la Junta de Comunidades, sus entidades y organismos autónomos; las fundaciones y asociaciones de utilidad pública, sin ánimo de lucro y con domicilio fiscal en Castilla-La Mancha; las universidades que desarrollen su actividad docente e investigadora en la región; y también particulares que de forma habitual desarrollen alguna de las actividades culturales anteriores.
El no del PP y la ausencia de Podemos
Sin embargo, la Ley no salió adelante. Podemos decidió austentarse de la comisión pertinente culpando al PP de "filibusterismo" tras haber tumbado las distintas enmiendas de la formación morada. "Una cosa es el Gobierno y otra el Parlamento", aducía la entonces parlamentaria regional, María Díaz. La Mesa de las Cortes decidió no calificar la veintena de enmiendas que presentó el Grupo de Podemos, al considerar que se presentaron fuera de plazo y la diputada pidó que se invalidasen las propuestas y luego que el proyecto de ley no se no se tramitase. Fue esta la razón por la que el grupo finalmente no se presentó a la votación del dictamen.
Mientras tanto, el PP votó en contra del dictamen, a pesar de que se incluyeron las enmiendas presentadas por su Grupo Parlamentario. no estar presente la formación morada, los votos en la comisión estaban empatados entre PP y PSOE, por lo que se ha tenido que aplicar el Reglamento de las Cortes regionales sobre el voto ponderado, que benefició a los diputados del PP en su rechazo al dictamen. La ley que ahora se presenta se divide en cuatro títulos, veinticuatro artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición derogatoria única y tres disposiciones finales.
